Consejo de la Judicatura y Administración de Justicia
Por Manuel Vallejo Chávez
El Consejo Nacional de la Judicatura se creó en la Constitución Política del Ecuador del año 1992, y su presencia data desde el 21 de diciembre de 1998. Inicialmente funcionaba como un organismo dependiente de la entonces Corte Suprema de Justicia; posteriormente, con la Constitución de 2008 se innovó, dándole su actual autonomía como el órgano de gobierno, administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial en Ecuador.
El objetivo primordial del Consejo de la Judicatura es asegurar un servicio de justicia transparente y eficaz, sin interferir en las decisiones jurisdiccionales de los jueces; sin embargo, este cuerpo colegiado en 34 años de creación y 28 años de vigencia, lejos de cumplir con el propósito de ser un órgano técnico, administrativo y auxiliar de la hoy Corte Nacional de Justicia, se ha convertido en un ente con súper poderes, encargado de sancionar, destituir y nombrar jueces, generando constantes disputas de poder y facilitando la injerencia de gobiernos de turno y de redes narco criminales, provocando además, recurrentes crisis escandalosas por las actuaciones de sus representantes, como es el caso de Wilman Terán y Mario Godoy, que en su momento estuvieron involucrados en actos de corrupción, mereciéndoles la cárcel y destitución, como consecuencia de juicios legales y políticos planteados en su contra.
La administración de Justicia en Ecuador siempre ha tenido problemas, y grupos de poder disputando su control, con la diferencia de que antes los principales interesados eran los partidos políticos, en la actualidad se ha sumado el crimen organizado. El deterioro de la administración de justicia es evidente, aquí cabe la pregunta: ¿Cuánta responsabilidad tiene el Consejo de la Judicatura en este deterioro?, la respuesta a esta interrogante la podemos reflexionar, considerando el amplio rechazo ciudadano, académico e institucional, que en la actualidad tiene el Consejo de la Judicatura, registrando niveles de desaprobación a su gestión cercanos al 80%, consecuentemente, esta institución es percibida como un foco de corrupción, inestabilidad y politización, cuando por ejemplo la designación de sus vocales a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entidad también cuestionada y desprestigiada, responde a intereses políticos y mafiosos, que ponen en riesgo la independencia y estabilidad institucional de la Función Judicial del Ecuador.
Eslóganes oficiales del Consejo de la Judicatura, como: “Hacemos de la Justicia una práctica diaria” y “Construyendo justicia para la paz social”, se los podría calificar como publicidad engañosa, por cuanto en la práctica existe una gran brecha entre lo que promete y el servicio real que presta esta entidad a la comunidad, engaño que podría ser sancionado por los organismos de control competentes, como la Defensoría de Pueblo o el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por corrupción y falta de ética, si se presentara una queja formal por publicidad engañosa y falta de transparencia.
La reputación del Consejo de la Judicatura ha llegado al colmo, cuando el 13 de mayo de 2026, en una columna de opinión, el abogado Felipe Rodríguez Moreno publicó un artículo, a través del cual denuncia la existencia de un “tarifario” para influir en informes disciplinarios contra jueces y fiscales, según puntualizó, presuntamente se cobrarían USD 30.000 en caso de dolo, USD 20.000 por error inexcusable y USD 10.000 por negligencia manifiesta, calificándola además como “un nido de ratas”
Las opiniones sobre el Consejo de la Judicatura en Ecuador son alarmantes y condenables, circunstancia que debe llevarnos a reflexionar en la necesidad de una reestructuración profunda o incluso la eliminación del modelo actual donde el poder político interviene en la designación de vocales, convirtiendo a la Judicatura en un “botín político” que, en lugar de garantizar independencia judicial, se ha utilizado para crear redes de influencia y presionar a jueces,
En torno a este tema “hay mucha tela que cortar”; en lo personal, desde mi experiencia como ex funcionario judicial, considero que este ente burocrático debería desaparecer, por su nefasta gestión administrativa y financiera desde su creación; y más bien, retornar al modelo anterior mediante el cual la Corte Suprema y las Cortes Superiores de Justicia tenían mayor autonomía para regularse a sí mismas e interpretar la ley sin injerencias administrativas, y ejercían el control disciplinario y administrativo de sus propias jurisdicciones, con mejores resultados que los registrados en la actualidad por el Consejo de la Judicatura.
Concluyo, sumándome a múltiples voces que insinúan, que ante la evidente crisis de la Función Judicial en Ecuador, es urgente y necesario una reestructuración profunda que garantice independencia, transparencia y meritocracia.
Tomado de la Revista Girón 360 grados (Fascículo 23)
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