Organizaciones
indígenas, activistas, gremios judiciales, académicos, entre otros
representantes de la sociedad civil, exponen hoy en la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas
en Ecuador y la independencia judicial.
Los temas
se abordarán, por separado, en dos de las audiencias que el organismo, con sede
en Washington, incluyó en su periodo de sesiones 153, que empezó el pasado
jueves y concluirá el 7 de noviembre.
Las
diligencias de Ecuador (previstas desde las 16:00) se desarrollarán en medio de
críticas del Gobierno y la posibilidad de que por tercera ocasión no asista
nadie del Estado.
Del lado
de la sociedad civil, tres participantes (se inscribieron 15, entre entidades y
personas) anticiparon el enfoque de sus intervenciones y los pedidos que
formularán.
El Centro
de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador expondrá
(PUCE), según su coordinador, Mario Melo, cómo se perjudicarán los pueblos
indígenas con la explotación petrolera en el parque Yasuní, planeada por el
régimen.
La
Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) explicará cómo la
falta de una política lingüística vulnera, según su abogada Verónica Yuquilema,
el acceso a la justicia indígena.
Y el
Observatorio de Derechos y Justicia referirá casos que evidencian, a decir de
su director Enrique Herrería, que no hay independencia judicial.
Los tres
coincidieron en que solicitarán a la CIDH que envíe una delegación al país para
que constate ciertos derechos.
El pedido
ya ha sido planteado otros años, en el marco de estas audiencias, y tal visita
no se ha concretado.
El caso
más reciente fue en marzo pasado, cuando la Comisión desarrolló un periodo de
sesiones similar al de ahora. Los organiza dos veces al año.
Entonces,
las temáticas fueron libertad de expresión, libertad de asociación, y el
ejercicio de los derechos por parte de los defensores de la naturaleza.
La
presidenta del organismo, Tracy Robinson, argumentó que el Estado ecuatoriano
debía formalizar su voluntad.
El
mandatario Rafael Correa condicionó esto a que EE.UU. ratifique la Convención
Americana sobre Derechos Humanos. Él cuestiona que la sede de la CIDH esté en
un país que no ha suscrito tal instrumento, que norma el sistema
interamericano, y que también es criticado por Correa en otros aspectos.
A esto se
suma la inasistencia del régimen a las audiencias, desde octubre del 2013. Es
decir, ha faltado a dos.
El
canciller Ricardo Patiño ha dicho que el régimen no tiene por qué explicar
sobre “procedimientos internos”.
La semana
pasada la ministra de Justicia, Ledy Zúñiga, anticipó que ninguna autoridad
judicial acudirá hoy por la presencia de ciertos “políticos”.
Melo y
Herrería coincidieron en que esto es negativo para el país porque las
audiencias son espacios para que las partes discutan sobre ciertas
problemáticas y hallen una solución.
Yuquilema
agregó que se ejerce “un lobby” en aras de que el organismo exija cambios al
Estado, de ser necesario. Y citó un caso empujado por Inredh desde el 2008, en
defensa de las mujeres embarazadas en las cárceles. Dijo que gracias a la
intercesión de la CIDH, el Estado asumió compromisos.
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