La
Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció ayer un negativo impacto sobre
la prensa de la Ley de Comunicación, que hace un año y cuatro meses estableció
en Ecuador que “la expresión y la comunicación se han transformado en un
servicio público”.
“Una
significativa reducción del periodismo de investigación en los medios
independientes”, un alto nivel de autocensura, el cierre de diarios y
suplementos y decenas de sanciones y multas a los medios, así como “un
sustancial incremento de reclamos contra los medios por parte de la
ciudadanía”, son algunos de los efectos de esta norma, advierte la SIP.
“Para
controlar y regular este servicio público están en pleno funcionamiento dos
entes (...), que emplean a unos 300 funcionarios que controlan y monitorean periódicos,
canales de televisión y radios, en busca de incumplimientos a la ley”, señala
el informe sobre Ecuador elaborado por la Comisión de Libertad de Prensa e
Información de la SIP.
El
documento, que será discutido en la 70ª asamblea general, que se celebra en
Santiago, indica que estos organismos reguladores “también emiten recordatorios
y advertencias cuando consideran que algún tema está recibiendo un trato
periodístico inapropiado”.
La
Corte Constitucional sostiene que esta ley no atenta contra la libertad de
expresión y está en concordancia con la Constitución y los tratados
internacionales.
En
tanto, el Gobierno del presidente Rafael Correa “tiene la intención de
internacionalizar este nuevo concepto y ya presentó en el Parlamento
Latinoamericano un proyecto de ley para que los países que lo integran declaren
la comunicación como un servicio público y creen órganos de regulación de
contenidos”, dice la SIP.
Esta
organización, que agrupa a más de 1.300 periódicos y revistas del continente
americano, se hace del “cierre del diario Hoy por imposibilidad de financiar
sus operaciones mediante créditos o incrementos de capital, tras ser víctima,
según sus directivos, de un boicot económico y un permanente acoso político”.
“También han cerrado sus ediciones La Hora de Portoviejo y Meridiano de
Guayaquil”, agrega.
En
su informe sobre Ecuador, la SIP menciona también que en agosto pasado entró en
vigor el Código Orgánico Integral Penal, que elimina el delito de injuria y
mantiene el de calumnia para quien realice una falsa imputación, con penas de
prisión de entre 6 y 24 meses.
Esta
norma “crea responsabilidades penales para personas jurídicas como, por
ejemplo, las empresas de medios de comunicación”, dice la SIP.
Observaciones
Sobre normaEl informe critica las sanciones de entre seis meses y tres años de prisión para quienes ofendan al presidente o a las autoridades a través de amenazas, amagos o injurias.
La SIP denuncia que “continúa la negativa de algunos funcionarios públicos a entregar información que solicitan ciudadanos y periodistas”
Sanciones
Negativa
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