miércoles, 19 de febrero de 2014

Ponernos bajo el control de la Secom es un acto político



Ruth Hidalgo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana  advierte que la decisión del MIES de pasar a la ONG bajo el mando de la Secom afecta la transparencia.
¿Cuáles son los argumentos por los que Participación Ciudadana (PC) objeta el  traspaso de su control del MIES a la Secretaría Nacional de Comunicación (Secom)?
Si bien el Decreto 16 establece que los estamentos y las secretarías de Estado harán las transferencias de las ONG bajo el control de los organismos y entidades del Estado a los cuales les corresponda. Siendo que la Secom tiene como finalidad organizar, administrar y controlar todo lo que tiene que ver con medios de comunicación, Participación Ciudadana considera  que los principios de la Secom no tienen nada que ver con la razón social, misión y visión de la organización.

¿Por qué?
Nosotros hacemos control social, observación electoral, educación cívica, fomentamos transparencia, trabajamos por la rendición de cuentas, hacemos veedurías, propuestas ciudadanas de legislación que hemos presentado a la Asamblea Nacional y al Legislativo  durante 12 años. Eso no tiene nada que ver con ejercer actividades de medios de comunicación. Participación Ciudadana no es un medio de comunicación.
¿Por eso pide que el MIESS deje sin efecto el traspaso?
 Sí, pedimos es que se revea la decisión administrativa y nos quedemos bajo el control del MIES. O  que se nos transfiera a cualquier otra cartera del Estado que trate los temas que son de nuestra competencia. Por ejemplo, la Secretaría de los Pueblos o la Secretaría de Transparencia.
¿Hay temor de pasar a ser  controlados por la Secom?
Nos preocupa porque hemos tenido conocimiento de las declaraciones que Fernando  Alvarado (titular de la Secom) ha hecho desde la semana pasada. En una entrevista con El Universo y en una radio nos tacha de mentirosos y descalifica nuestra labor. Por lo tanto, nosotros quisiéramos que esta decisión administrativa sea  legal, no política. Si el Decreto 16 puede ser  utilizado para presionar políticamente sí  nos preocupa. No tenemos temor, pero si nos preocupa. De todas maneras, nosotros siempre hemos cumplido la ley. Si esto  no nos permite seguir controlando y seguir trabajando en el tema de transparencia lamentaríamos. Pero, lo importante, lo de fondo que queremos recordar a la ciudadanía es nuestro trabajo para exigir rendición de cuentas y monitoreando el uso de  recursos públicos nos ha costado mucho y ha sido vital  en la vida democrática del país.  Es importantísimo, desde la sociedad civil, tener una visión independiente sobre ese tipo de cosas. Pasando a la Secom sería muy difícil realizar nuestra actividad, porque significaría que los controlados vamos a hacer observación a los que nos controlan.
A sus nuevos jefes.
Claro, no podríamos seguir adelante en un ejercicio independiente de control social como hasta ahora. Habría un conflicto de intereses y no podríamos seguir trabajando de forma independiente. La transparencia es una pieza clave, clave dentro de la democracia.
¿La decisión les tomó por sorpresa o se veía venir?
La Secom ha objetado el trabajo de Participación Ciudadana en el monitoreo de medios. Siempre ha objetado nuestros informes. Hace años argumentaba que  tenían un  importante descuento  de los medios. Ellos nos hicieron llegar los contratos después de dos años. Luego ajustamos nuestros informes. Ahora hacemos el monitoreo por minutos, ya no con mención en el gasto.  Nosotros  asumimos profesionalmente esa  disconformidad. No quisiéramos pensar que existan juicios de valor subjetivos, aunque  los hechos hablan por sí solos. No nos parece que una organización que regula medios de comunicación deba regular a Participación Ciudadana.
Esto significaría la organización debería estar en comisiones sectoriales con los medios definiendo con ellos sus actividades políticas y decisiones financieras y presupuestarias. ¿Qué haríamos ahí? si no  somos medios de comunicación.
Si la respuesta del MIES es negativa, ¿a qué otras instancias podría acudir  Participación Ciudadana?
No tendríamos ninguna otra instancia. Según lo que establece el Decreto 16, se habrían cumplido los pasos pertinentes para la transferencia del control de la organización. No haríamos nada más porque sería una decisión política. Esperamos que haya sido una equivocación del MIES y se revea la decisión  ya que estamos en un estado de indefensión.
¿Lo que les queda es disolverse?
No. Esperaremos la decisión del MIES y habría que ver qué va a requerir la Secom. Seguramente pedirán documentación.  Hemos mandado al MIES, tanto nuestros informes de auditorías como nuestros planes de trabajo. Nunca hemos estado en mora, hemos cumplido la Ley.
¿Es una medida inconstitucional?
No. La transferencia de competencias la establece el Decreto 16. Legalmente hablando, no habría causal para demandar la inconstitucionalidad. Es  una decisión administrativa del MIES con la que no estamos de acuerdo.
¿Por qué el pesimismo?
Por las descalificaciones de  Fernando Alvarado, aunque    vienen  de hace  años. Estamos legítimamente preocupados. Si la Secom obstaculiza nuestro trabajo,  no podríamos seguir el  monitoreo del uso  responsablemente los recursos públicos. Si Participación Ciudadana deja de hacer eso, el país se quedaría sin un aporte importante.
¿Hasta cuándo debe responder el MIES su solicitud?
Según lo que establece la Ley, tiene 15 días para hacerlo. En caso de no haber respuesta se aplicará la figura del silencio administrativo positivo. Lo que nos daría la razón.
¿Hay preocupación en los organismos que  financian a Participación Ciudadana?
No hemos tomado contacto con ellos. Este es un tema que solo incumbe a la organización. Nuestras actividades son independientes. Si bien tenemos aportes de donantes, que son absolutamente lícitos, nosotros no dependemos de la voluntad de los donantes, trabajamos con autonomía. Tenemos cuatro o cinco  donantes importantes. Uno de ellos  sale del país, razón por la cual no podremos seguir haciendo las veedurías en la Asamblea. Pero tenemos otras actividades y estamos buscando otros donantes. Eso es legítimo y constitucional, no hay nada malo en eso y no se debe satanizar porque así han vivido todas las ONG no solo en Ecuador sino en todo el mundo. (MEVO)
Nos preocupan las descalificaciones de  Fernando Alvarado, aunque no son nuevas. A él siempre le ha incomodado nuestro trabajo’.

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