Alegando supuestas violaciones a tratados de protección de
inversiones, empresas de Estados Unidos y Canadá han demandado a la República
ecuatoriana ante centros de arbitraje internacional. La mayoría de los fallos
han sido adversos y si se ejecutan, podrían quebrar al país.
Por: FERNANDO VILLAVICENCIO
Gastos en juicios caso Chevron II y Chevron III.
Cerca de USD 90 millones destinó el Gobierno de Rafael
Correa, entre los años 2007 y 2012, al pago de abogados internacionales y
viáticos, como parte de la defensa en 19 demandas que enfrenta el Ecuador en
tribunales extranjeros, cuyas resoluciones en general no han sido favorables al
país. La información consta en un informe de la Procuraduría General del Estado
(PGE), al que tuvo acceso Plan V.
La cifra es parcial, pues no incluye los gastos incurridos
durante el año 2013, y tampoco incorpora la cuantía de otros procesos
formulados por corporaciones internacionales, como: RSM Production Corporation;
TIDE, la filial de la empresa china Hutchison; la demanda de Ecuador en contra
de Colombia por las fumigaciones con glifosato; el juicio contra los hermanos
Isaías Dasum; el proceso formulado por la empresa china Sinohydro Coca Codo Sinclair; TELLUS Perú; ESPOCH y el
caso WAORANI (Extracción de sangre de los miembros de la comunidad y posterior
comercialización sin consentimiento). Todos estos casos se encuentran en
proceso o discusión, por lo que el informe de la PGE, no ha determinado aún los
gastos finales.
Entre las principales firmas contratadas para la defensa,
figuran Foley Hoag, Lalive, Dechert LLP, Winston & Straw y Aquire &
Sanders, las que todavía están litigando por cuenta del Ecuador en casos como
Chevron II y III, Oxy II, Perenco, Burlington, Globalnet, El Universo, Merck
Sharp, Cooper Mesa y Zamora Gold Corporation.
Todos estos casos se encuentran en proceso o discusión, por
lo que el informe de la PGE, no ha determinado aún los gastos finales.
Los procesos más representantivos son referentes a
contratación petrolera, en especial se pueden citar los casos Chevron,
Occidental y Perenco-Burlington, los cuales están atravesados por un mismo hilo
conductor: la presunta violación del Tratato Bilateral de Protección de Inversiones
(TBI), suscrito por el Ecuador con EEUU y otros países. Son miles de millones
de dólares en juego, que de confirmarse las sentencias, podrían conducir a la
quiebra del Estado, como señaló el canciller Ricardo Patiño.
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