Hay quejas de grupos políticos y de voces ciudadanas sobre el papel del
Consejo Nacional Electoral (CNE) en el control
legal y constitucional de la garantía de igualdad para las diversas candidaturas en la promoción electoral.
La falta de equidad se perfiló en las semanas previas a la
campaña con la promoción de obras de muchas de las autoridades locales que se
postularon en candidaturas para la reelección.
Y se ha manifestado con la publicidad gubernamental a lo largo de la
campaña y, sobre todo, en los últimos días.
La Constitución prohibe el uso de recursos y la
infraestructura estatales, así como la publicidad gubernamental, en todos los
niveles del Gobierno, para la campaña
electoral. No obstante, bajo el pretexto de las excepciones puntuales que
establece la Ley Orgánica Electoral, se ha intensificado esa publicidad, que
favorece a los candidatos del oficialismo.
En diciembre, el
presidente del CNE, Domingo Paredes, señaló que es incorrecto que se aprovechen
espacios como las sabatinas presidenciales para promover candidaturas. Sin
embargo, nada se ha hecho para sancionar esa incorrección. Y aquel uso ha seguido.
La intervención del presidente, de ministros y funcionarios públicos en la
campaña no ha sido objeto de observación alguna por la autoridad electoral. Los
actores políticos cuestionan la inacción del CNE que se halla obligado a garantizar y
vigilar la propaganda y la transparencia
de los procesos electorales. Además, reclaman
por la doble actuación de la
autoridad electoral para suspender, en unos casos, y para autorizar, en otros, cuñas publicitarias durante la
campaña, como ha denunciado el candidato Jaime Nebot. Esos cuestionamientos,
que no son solo por el actual proceso electoral, ponen en entredicho la
independencia e imparcialidad del CNE.
La participación equitativa en la promoción electoral y
la confiabilidad del árbitro del
proceso son condiciones esenciales para
unos comicios democráticos.
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