jueves, 27 de marzo de 2014

El riesgo de defender la naturaleza



Los defensores de los derechos ambientales están en peligro. En Ecuador, hay casos de hostigamiento, prisión y hasta muerte de personas vinculadas a esa causa. El próximo 28 de marzo, la CIDH acogerá una serie de denuncias.
REDACCIÓN PLAN V
Este viernes 28 de marzo, Fundación Pachamama y Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) tocarán la puerta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ambos organismos integrarán una audiencia temática, en Washington, sobre la libertad de asociación y los defensores de la naturaleza en Ecuador.

Uno de los objetivos es analizar las consecuencia de la aprobación del Decreto ejecutivo 16, entendido como el reglamento para el funcionamiento del sistema unificado de información de las organizaciones sociales y ciudadanas. En otras palabras, la norma que regula el nacimiento y muerte de una organización social.
Otra de las metas es poner en evidencia casos de defensores de derechos de la naturaleza donde están siendo usadas negativamente las instituciones jurídicas.
Paralelamente, el pasado 11 de marzo, en Ginebra, Margaret Sekaggya, Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los defensores de los derechos humanos, advirtió en su informe al Consejo de la ONU de la vulnerabilidad de los grupos de personas dedicadas a la defensa de los DD. HH. En esa línea, los defensores que trabajan en cuestiones ambientales y relacionadas con la tierra en el contexto de las industrias extractivas y los proyectos de construcción y desarrollo están muy expuestos a sufrir violaciones.
La preocupación de Sekaggya se enfoca en el surgimiento de formas sofisticadas de silenciar las voces de los defensores y de obstaculizar su trabajo, incluyendo la aplicación de disposiciones legales y administrativas o el uso indebido del sistema judicial para criminalizar, así como la estigmatización de sus actividades en la escena pública.
Y el informe no se aleja de la realidad.
Harold Burbano, de Inredh, señala que, en Ecuador, desde el Estado sí se evidencian esos métodos para acallar a defensores de los derechos humanos y ambientales. Se caracterizan por suministrar la institucionalidad y las formas represivas e incisivas del derecho penal al defensor, con el fin de desviar su atención e involucrarlo en un proceso caótico y engorroso.
El caso de Rodrigo Aucay es un ejemplo. El colono de El Pangui, en Zamora Chinchipe, al sur de Ecuador, se oponía a la actividad de minería a gran escala correspondiente al proyecto Mirador y afrontó 12 procesos penales. Las acusaciones, bajo el tipo penal de sabotaje y terrorismo, correspondían a obstrucción de vías, ingreso a propiedad privada… explica el abogado de Inredh.

No hay comentarios:

Publicar un comentario