Por: José Hernández
Director adjunto
El caso de Cléver Jiménez termina convirtiéndose en una papa
caliente para el Presidente. Ahora está en sus agendas interna y externa.
Internamente, no es fácil tener un asambleísta de Pachakútik sentenciado, junto
a Fernando Villavicencio, cuyos libros están plagados -y no de ahora- de
denuncias documentadas.
El caso de Jiménez es poco presentable. Nada se hizo con el
pedido que él formuló a la Fiscalía General para esclarecer lo que sucedió
realmente el 30-S. Ese día hubo heridos y muertos. El Presidente fue maltratado
pero también fue protagonista de lo que aconteció. Nada se sabe por fuera de la
versión oficial pero, en cambio, Jiménez resultó demandado y condenado por lo
que dijo. O supuso. Las razones que hace valer el Presidente son respetables y
bien conocidas. No obstante, es impresentable, políticamente, que un
asambleísta haya sido juzgado sin respetar su inmunidad parlamentaria. Al fin y
al cabo fiscalizar es su trabajo y el 30-S no es patrimonio, en ningún sentido,
de nadie.
Políticamente, este caso calza mal en este momento para el
Presidente. El 23-F mostró que Pachakútik no está en retroceso ni sus
dirigentes en mal predicamento con sus comunidades. Pachakútik tiene prefectos
elegidos precisamente en zonas de alta conflictividad con el Gobierno. El caso
Jiménez aviva, además, el desencuentro del oficialismo con esas bases; las más
pobres del país. Aquellas que pusieron algunos peldaños para que Rafael Correa
llegue a Carondelet.
Jiménez no es un asambleísta más: se ha ganado una
legitimidad política, en su movimiento y el país, precisamente por convertirse,
con buena dosis de valentía, en el principal contradictor del Régimen. El
Gobierno responde con las razones muy personales del Presidente. Es poco frente
a la acusación, hecha por Pachakútik, de que “quiere callar” a Jiménez. Resulta
difícil políticamente no juntar esa percepción y la sentencia. O no sumar su
caso al de otros líderes sociales que están sentenciados por la Justicia
renovada y ejemplar de Gustavo Jalkh.
Esto crea serias interferencias entre el Gobierno y la
opinión en un momento en el que empieza la socialización de la segunda fase de
la consulta prelegislativa para la Ley de Aguas. La Ley de Tierras también
involucra e interesa a esas comunidades. La explotación minera completa un
círculo explosivo para un Gobierno acusado de usar los jueces contra sus
opositores.
El caso Jiménez implica, entonces, desgastes interno y
externo con la CIDH. Ante él, el Gobierno luce sin estrategia política. La
amnistía se antoja la más factible.
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