Opinión de HOY
En la audiencia pública a la que convocó la Corte Constitucional
por las acciones de inconstitucionalidad contra
la Ley de Comunicación, la única intervención absolutamente fuera de tono, pero que muestra la condición de
quien la protagonizó, fue la del superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa.
La audiencia tenía por objeto presentar los argumentos
jurídicos de las partes que demandan la inconstitucionalidad y de quienes
defienden el cuerpo normativo. La intervención de Ochoa no expuso argumentos
constitucionales, sino que declaró que se ubicaba en el plano de la ética. Sin
embargo, como reseñó la prensa de ayer,
se dedicó a atacar a los medios de comunicación que no controla el Gobierno y a
descalificar a quienes representaban a los demandantes. Esa intervención
llenó su falta de argumentos jurídicos
con infundios, como los endilgados contra Jaime Mantilla, director de este
Diario, y descalificaciones contra Enrique Herrería, Diego Cornejo, Luis
Fernando Torres, Fundamedios...
Y esa intervención, que destiló inquina y animadversión hacia
los medios de comunicación independientes, salió del titular de la
Superintendencia de la Información y Comunicación, “el organismo técnico de
vigilancia, auditoria, intervención y control, con capacidad sancionatoria...”,
según establece la ley impugnada. Esas
funciones exigen mesura, imparcialidad, equilibrio. La potestad de
sancionar implica revestirse de
condiciones de juez, para la recta aplicación de la Ley. Nada más ajeno a ese
papel que los ataques, prejuicios e infundios que profirió Ochoa. En su agresivo
arrebato, el superintendente ni siquiera hizo caso a los llamados que le dirigió la jueza que presidía
la audiencia, María del Carmen Maldonado, para que expusiera criterios de
carácter legal.
Ayer se demostró, otra vez, que no es jurídico ni ético que
se halle a la cabeza del ente de control un funcionario tan agresivo y
parcializado contra quienes son sujetos de
su auditoría y potestad sancionadora.
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