Ayer, en la audiencia para conocer las demandas de inconstitucionalidad de la ley orgánica de
comunicación
El superintendente de Comunicación, Carlos Ochoa, revivió
ayer su época de comentarista televisivo, cuando manejaba el informativo de un
canal incautado y despotricaba contra los medios privados. Lo hizo en el
escenario más extraño para estos fines: en una audiencia pública de la Corte
Constitucional convocada para conocer las tres demandas de inconstitucionalidad
planteadas contra la Ley Orgánica de Comunicación. Lejos de referirse a los
aspectos relacionados con la acción pública materia de la convocatoria, tal
como se lo demandó la jueza María del Carmen Maldonado en al menos tres
ocasiones, Ochoa arremetió contra los denunciantes y negó, a los gritos, su
autoridad moral para presentar los recursos de inconstitucionalidad.
Hasta el momento de su intervención, en calidad de “tercero
con interés” o ciudadano que no es parte procesal de la acción pública, la
audiencia se había desarrollado con total normalidad. Intevinieron, primero,
los representantes legales de los ciudadanos que presentaron las tres denuncias
de inconstitucionalidad: Luis Fernando Torres, por su propia iniciativa;
Enrique Herrería, en representación de un colectivo de 60 ciudadanos, y Farith
Simon, a nombre de la Clínica Jurídica de la Universidad San Francisco de
Quito.
En defensa de la Ley de Comunicación intervinieron Francisco
Abad, abogado de la Asamblea Nacional;
Alexis Mera, por la Presidencia de la República, y Jimmy Carvajal, por
la Procuraduría General del Estado. Las intervenciones de estos dos últimos
fueron muy difíciles de escuchar para los periodistas que cubrían la audiencia:
unos 20 ciudadanos gritando consignas a favor de la Ley de Comunicación,
encabezados por Rodrigo Collahuazo, dirigente del Seguro Social Campesino,
ahogaron las voces de los ponentes. Esto ocurría en la Sala de Transmisión de
la planta baja, en la que fueron confinados los
medios de comunicación, a los que se prohibió la entrada a la Sala de
Audiencias. Es lo que la Corte Constitucional llama, en su información
difundida a través de redes sociales, “nuevo manejo de la cobertura
periodística”.
La jueza Maldonado deberá elaborar una propuesta de sentencia
para su aprobación por el Pleno de la Corte Constitucional. En ella, la
magistrada deberá dirimir entre los distintos argumentos expuestos por las
partes sobre los puntos de debate de la ley: ¿fue constitucional el proceso de
aprobación de la ley por la Asamblea, con sus cambios introducidos a última
hora y que nunca fueron objeto de debate parlamentario? ¿Es la información un
servicio público? ¿Puede una ley orgánica restringir derechos constitucionales?
¿Cumple la Ley de Comunicación con la jurisprudencia del sistema
interamericano? Sobre estos puntos se debatió durante dos horas en términos
estrictamente jurídicos antes de que la jueza Maldonado diera paso a los
terceros con interés.
Un puñado de personas, entre ellas Carlos Ochoa y
representantes de la Secretaría de Comunicación, del Consejo de Regulación de
Medios y de distintos colectivos ciudadanos, pusieron color a la audiencia pública.
Si bien ninguno de ellos contribuyó al proceso con argumentos jurídicos
pertinentes, sí aportaron con una dosis de
dramatismo. Hubo incluso un video con el claro estilo propagandístico de
la Secom, empezando por las voces de sus narradores, dedicado a denostar a los
medios.
El clímax se produjo con la intervención de Carlos Ochoa. Él
empezó diciendo que no hablaría de los aspectos jurídicos del tema, una curiosa
declaración de intenciones para alguien que ha pedido ser escuchado ante una
corte. Con los ojos desorbitados y la voz altisonante, procedió a repartir
acusaciones de inmoralidad con ventilador a todos los involucrados en las
denuncias de inconstitucionalidad de la ley. Según él, por ejemplo, el hecho de
que Enrique Herrería participara en el pedido de amnistía para los policías
involucrados en el 30-S lo inhabilita moralmente para recurrir a la Corte
Constitucional o a cualquier otra. César Ricaurte y Mauricio Alarcón, de
Fundamedios, abandonaron la sala indignados. No menos molesto, Luis Fernando
Torres se puso de pie y protestó. La jueza Maldonado no supo manejar el
exabrupto. Pidió a Ochoa que se remitiera a los temas del proceso. Él no le
hizo el menor caso. Irreductible, siguió con su discurso, entre leído e
improvisado a gritos.
Las partes tienen 72 horas para legitimar sus intervenciones
antes de que el proceso pase al pleno de la Corte. (RA)
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