Al cabo de varios meses, ayer, en el Ecuador se volvió hablar
de la Ley de Comunicación y sus efectos en la sociedad. El motivo fue la
audiencia pública en la que se conoció la demanda de inconstitucionalidad
presentada, seis meses atrás, por 60 ciudadanos ante la Corte Constitucional.
Periodistas, intelectuales, académicos, políticos y artistas
presentaron la demanda, impugnando la constitucionalidad de dicha ley, de fondo
y forma. Un grupo en su representación presentó sus argumentos, ante la Corte
Constitucional.
Entre los demandantes de la causa que se la presentó en contra de la Asamblea, la Presidencia y la
Procuraduría y que intervinieron en la mañana de ayer están el director de la
Asociación de Editores de Periódicos (Aedep), Diego Cornejo; el catedrático
Farith Simon. También participó el
legislador Luis Fernando Torres (PSC-Cambio), que inetrpuso también una acción
de inconstitucionalidad.
El asambleísta Torres reclama que el articulado es
“desproporcionado” y que no se puede considerar la actividad mediática “como un
servicio público”. En tanto que el académico Farith Simon pide la
inconstitucionalidad de siete artículos de la ley pues cree que estos “vulneran
el derecho a la expresión, a la igualdad formal, material y no discriminación”.
En la audiencia de ayer también hablaron directivos de la
Superintendencia de Información y Comunicación, y del Cordicom.
Más allá de la audiencia,
la práctica de la Ley ha sido una experiencia dura para el ejercicio
libre del periodismo ecuatoriano.
Caso emblemático de lo que significa la vigencia de esta ley
es la acusación en contra del caricaturista Xavier Bonilla “Bonil” quien tuvo
que comparecer ante la Superintendencia de Comunicación, para “explicar” su
caricatura. Finalmente, fue sancionado y obligado a rectificar. Y El Universo, a pagar una absurda multa.
Desde las sociedad -hay que decirlo con honestidad-, mucha gente percibe que
los medios de comunicación están actuando con un exceso de prudencia que
rayaría en la autocensura. De otro lado, para nadie es deconocido que figuras
como el linchamiento mediático, un invento de última hora que nunca fue
debatido, funciona como espada de Damocles contra periodistas y medios de
comunicación. Y que “instituciones” como la Superintendencia de Información y
Comunicación fueron fruto de decisiones inesperadas para, justamente, controlar
y sancionar.
Sería bueno que, tras el resultado de las elecciones del 23
de febrero, se analice, com detenimiento, nuevamente, el verdadero significado de la Ley de
Comunicación y lo que piensa la sociedad.
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