Opinión de HOY
No se cumplen los plazos para que la Corte Constitucional
resuelva demandas de inconstitucionalidad, como las presentadas contra la Ley
Orgánica de Comunicación. Sin embargo, las eventuales lesiones a los derechos
básicos de las personas y la sociedad, que pueden derivarse de la aplicación de
un cuerpo jurídico seriamente impugnado por organismos nacionales e
internacionales de derechos humanos deberían obligar a sujetarse a esos plazos
y a la agilidad en el trámite por parte de los jueces constitucionales. A la Corte se critica el doble ritmo de sus
actuaciones: morosidad hasta de años y desatención en unos casos y rápido
trámite en otros, en los que están de por medio intereses del Gobierno.
Desde cuando 60 ciudadanos presentaron la demanda de
inconstitucionalidad en septiembre de 2013 hasta la aceptación a trámite
transcurrieron más tres meses. Solo en dos meses más, el martes pasado, se
desarrolló la audiencia pública en la Corte para las exposiciones de los
accionantes que han demandado la inconstitucionalidad y las de los representes
gubernamentales que defienden ese cuerpo legal. Hasta el viernes debían
legitimar las posiciones expuestas en la audiencia pública en contra o a favor
de la Ley.
Después, la jueza ponente, María del Carmen Maldonado, deberá
presentar un proyecto de resolución para que el debate y la aprobación en el
pleno de la Corte.
Numerosos artículos de la Ley no fueron conocidos ni materia
del primer debate en al Asamblea, sino se incorporaron a última hora para su
aprobación, como los relativos a la Superintendencia de Comunicación . La Ley
es incompatible con la Constitución, los tratados internacionales y la
jurisprudencia de la Corte Inteamericana de Derechos Humanos. Son impugnaciones
demasiado graves en la protección de derechos básicos como para que el proceso
siga al mismo dilatado ritmo con el que
se ha desarrollado hasta el momento.
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