jueves, 27 de marzo de 2014

La inservible OEA



Ana Karina López
¿Santa o prostituta? Todo depende del cristal que la enfoque, de la ola en que se sube, del caso que le hagan. Esa valoración relativizada se ha potenciado este mes: la OEA y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), uno de  sus principales brazos institucionales, parecen acelerarse en un despeñadero fatal. Un gran signo de interrogación pende sobre ella.

Los países de la ALBA la acusan de ser la mano negra de los Estados Unidos. Cada vez que sus gobiernos son  cuestionados, se recuerda la injerencia imperialista, y quieren deshacerla, romperla, disminuirla. El Gobierno del Ecuador en la Asamblea General  de junio pasado en Guatemala trató de reformar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para amainar lo que se considera su influencia nefasta. El Gobierno fracasó en su intento y la relación OEA-Ecuador ha estado en entredicho. Cada vez que este organismo ha emitido observaciones sobre las limitaciones a la libertad de expresión, vuelve la cantaleta paranoica. Cuando apoya el camino de la revolución ciudadana, mágicamente se vuelve menos mala.
Sin embargo, este monstruo representante del imperialismo ha sido muy benévolo e incluso favorable al Gobierno bolivariano de Venezuela, que es la antonomasia del antiimperialismo.
El 22 de marzo, el bloqueo de los países de la ALBA y de sus aliados impidió que la opositora María Corina Machado expusiera ante ese foro las violaciones contra los Derechos Humanos en las protestas callejeras del último mes. Además su secretario general, el chileno José Miguel Insulza, se ha mostrado indiferente y reacio a intervenir en la crisis de ese país. A principios de marzo, la OEA le dio su apoyo explícito al Gobierno bolivariano. Desde entonces, todo lo que ha sucedido en este foro ha sido convalidado por el Gobierno venezolano, que calificó los sucesos del 22 de “la nueva victoria internacional frente a la extrema derecha y el golpismo”.
Pero socavar a la OEA no es el monopolio de la izquierda. El 19 de marzo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos anunció que Colombia no acataría las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos(CIDH). Estas piden proteger al alcalde (de izquierda) de Bogotá, Gustavo Petro, con el fin de impedir su destitución e inhabilidad. Una destitución llevada a cabo por el procurador de ese país, un intríngulis colombiano que mezcla la legalidad con la política y el abuso de poder. Según el presidente Santos “las decisiones de la CIDH son recomendaciones, pero no de obligatorio cumplimiento”. Colombia no asistirá a la audiencia en la CIDH sobre el caso del exalcalde. Esta sería la primera vez que este país no tiene representación ante la Comisión en Washington.
Esa decisión fue una estocada. Si Colombia no acepta la decisión de la CIDH, bajo la argumentación que ahí sí existe un sistema judicial que funciona y que las instancias nacionales intervinieron con apego a la Ley, ¿qué pasará con todas las otras causas que están en la CIDH? ¿Por qué los otros países cuestionados acatarían las resoluciones de la CIDH?
La OEA no ha actuado en la crisis venezolana, por omisión ha solapado las violaciones a los Derechos Humanos. Y cuando actúa, a través de la CIDH, en el caso colombiano nadie le hace caso. ¿Sirve para algo la OEA?

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