Ana Karina López
¿Santa o prostituta? Todo depende del cristal que la enfoque,
de la ola en que se sube, del caso que le hagan. Esa valoración relativizada se
ha potenciado este mes: la OEA y la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos), uno de sus principales brazos
institucionales, parecen acelerarse en un despeñadero fatal. Un gran signo de
interrogación pende sobre ella.
Los países de la ALBA la acusan de ser la mano negra de los
Estados Unidos. Cada vez que sus gobiernos son
cuestionados, se recuerda la injerencia imperialista, y quieren
deshacerla, romperla, disminuirla. El Gobierno del Ecuador en la Asamblea
General de junio pasado en Guatemala
trató de reformar al Sistema Interamericano de Derechos Humanos para amainar lo
que se considera su influencia nefasta. El Gobierno fracasó en su intento y la
relación OEA-Ecuador ha estado en entredicho. Cada vez que este organismo ha
emitido observaciones sobre las limitaciones a la libertad de expresión, vuelve
la cantaleta paranoica. Cuando apoya el camino de la revolución ciudadana,
mágicamente se vuelve menos mala.
Sin embargo, este monstruo representante del imperialismo ha
sido muy benévolo e incluso favorable al Gobierno bolivariano de Venezuela, que
es la antonomasia del antiimperialismo.
El 22 de marzo, el bloqueo de los países de la ALBA y de sus
aliados impidió que la opositora María Corina Machado expusiera ante ese foro
las violaciones contra los Derechos Humanos en las protestas callejeras del
último mes. Además su secretario general, el chileno José Miguel Insulza, se ha
mostrado indiferente y reacio a intervenir en la crisis de ese país. A
principios de marzo, la OEA le dio su apoyo explícito al Gobierno bolivariano.
Desde entonces, todo lo que ha sucedido en este foro ha sido convalidado por el
Gobierno venezolano, que calificó los sucesos del 22 de “la nueva victoria
internacional frente a la extrema derecha y el golpismo”.
Pero socavar a la OEA no es el monopolio de la izquierda. El
19 de marzo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos anunció que Colombia
no acataría las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos(CIDH). Estas piden proteger al alcalde (de izquierda) de
Bogotá, Gustavo Petro, con el fin de impedir su destitución e inhabilidad. Una
destitución llevada a cabo por el procurador de ese país, un intríngulis
colombiano que mezcla la legalidad con la política y el abuso de poder. Según
el presidente Santos “las decisiones de la CIDH son recomendaciones, pero no de
obligatorio cumplimiento”. Colombia no asistirá a la audiencia en la CIDH sobre
el caso del exalcalde. Esta sería la primera vez que este país no tiene
representación ante la Comisión en Washington.
Esa decisión fue una estocada. Si Colombia no acepta la
decisión de la CIDH, bajo la argumentación que ahí sí existe un sistema
judicial que funciona y que las instancias nacionales intervinieron con apego a
la Ley, ¿qué pasará con todas las otras causas que están en la CIDH? ¿Por qué
los otros países cuestionados acatarían las resoluciones de la CIDH?
La OEA no ha actuado en la crisis venezolana, por omisión ha
solapado las violaciones a los Derechos Humanos. Y cuando actúa, a través de la
CIDH, en el caso colombiano nadie le hace caso. ¿Sirve para algo la OEA?
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