El observador

Derechos Humanos: Ecuador versus Resto del Mundo

Por primera vez en esta década, 12 organizaciones, colectivos y plataformas presentaron sendos informes alternativos ante el Sexto Examen Periódico del Ecuador en las Naciones Unidas. El gobierno, en un informe de 38 páginas establece las respuestas a los cuestionamientos, bajo el principio de que con sus políticas sociales ha hecho mucho por los derechos humanos de los ecuatorianos.

24 de junio del 2016

REDACCIÓN PLAN V

Son 12 los Informes Sombra que sobre derechos humanos han presentado varias organizaciones sociales y políticas en contra del Estado ecuatoriano, para el Sexto Examen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el Ecuador. Es la primera vez que sucede: en los anteriores exámenes de este tipo, en Ginebra, Suiza, sede de la ONU, el Estado ecuatoriano, léase el gobierno de Rafael Correa, se paseó prácticamente solo, sin contendores, sin voces alternativas ni contradictorias y, por supuesto, se lució.

Eso explicaba uno de los seis ponentes de sendos informes la tarde y noche del miércoles 22 de junio pasado, en el auditorio Julio Tobar Donoso, en el quinto piso de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, PUCE. Ese día, seis organizaciones que fueron a Ginebra para participar entre el 27 y 28 de junio, expusieron sus respectivos informes.  

Casi no lo logran. El decano de Derecho de la PUCE, Íñigo Salvador, reveló que jóvenes de un grupo antiderechos sexuales, también autodenominados provida, se había opuesto a que se realizara el acto con carta al rector de la Católica, el jesuita Fernando Pónce León. El decano Salvador leyó la respuesta del rector a estas personas: la PUCE no está a favor ni en contra de la postura del Estado ecuatoriano ni en favor ni en contra de los Informes Sombra, "sí favorece y promueve que la ONU escuche y acoja lo que la sociedad civil tiene que decir sobre el modo y grado en que se cumplen los derechos humanos en el Ecuador. Fiel a su condición de universidad ecuatoriana, de universidad católica y de universidad pontificia, la PUCE es un lugar donde se cultiva el diálogo y la escucha. Esto vale tanto para el interior de la comunidad universitaria, como para los eventos que ella organiza. En razón de nuestra naturaleza y objetivos, buscamos tender puentes entre los diversos componentes de la sociedad ecuatoriana: Iglesia, Estado, organismos internacionales, organismos no gubernamentales, público en general". 

El decano de Derecho de la PUCE, Íñigo Salvador, reveló que jóvenes de un grupo antiderechos sexuales, también autodenominados provida, se había opuesto a que se realizara el acto.

La razón de este pedido de censura se debía, en buena parte a que varios informes coincidían en destacar violaciones de derechos humanos de ciudadanos GLBTI y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. 

Una vez leída la carta del rector Ponce, Íñigo Salvador agregó que frente a los atropellos, las limitaciones que la las organizaciones de la sociedad civil han venido sufriendo frente a sus denuncias, frente a su activismo, frente a sus funciones constitutivas, es importante, justamente, que ellas puedan contar con un espacio donde socialicen y difundan su labor.

Y eso hicieron. Participaron: la Plataforma por la Defensa de la Democracia y los Derechos Humanos en el Ecuador, bloque que agrupa 23 organizaciones, desde la Asociación Ecuatoriana de Derechos Humanos hasta los Yasunidos. Además, con informes independientes están: Fundamedios, Ruptura de los 25, la Fundación Yerbabuena, el Centro de Derechos Humanos de la PUCE (que agrupa y representa a la Conaie, la Confeniae, Pueblo Kichwa de Sarayaku, Nación Sapara del Ecuador y la fundación TerraMater), y la Fundación Ecuatoriana Equidad. Pero, además de estas organizaciones, se presentaron otros informes: el conjunto entre Conaie, Ecuarunari, Confeniae, Frente Popular, Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres y la Asamblea Plurinacional por los derechos de las mujeres en resistencia; el del Taller de Comunicación Mujer y la fundación Akahatá; el de la Conaie sobre criminalización de la protesta social; el de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos; el de la Organización Ecuatoriana de Mujeres Lesbianas y el colectivo Ecuador Igualitario.