Algunos pedidos hechos por la dubaití no prosperaron, pero otros mejoraron Diario EXPRESO tuvo acceso al nuevo documento, que se firmó el 6 de junio
17 JUN 2016 / 00:00
Lo primero: no hay indicios o presunción de monopolio; segundo, no es concesión, sino gestión delegada; tercero: las retribuciones para el Estado serán menores a las que había propuesto quien construirá y operará el puerto de aguas profundas de Posorja.
Las peticiones de DP World Investment (era para esa época el nombre de la empresa) del 29 de enero de 2016 versus el último documento firmado el 6 de junio en Carondelet (ahora a nombre de DPWorld Posorja), al que también accedió Diario EXPRESO, difieren.
Por ejemplo, no está contemplada la prohibición de dragar el canal interno de acceso a los demás puertos ni el cierre del canal de entrada, pero los plazos para que el Estado reciba los menores porcentajes de prestaciones son mayores.
En el nuevo contrato se introdujo una cláusula en la cual se aclara que el gestor privado (en este caso DPWorld) tiene la facultad para cobrar peaje por el uso del canal (hidrovía), pero se limita a quienes usen las instalaciones portuarias nuevas de Posorja.
Por eso, no se trata de un simple contrato que involucra a los muelles del nuevo puerto, se llama Contrato de Gestión Delegada: Asociación Público Privada para el Desarrollo, Construcción, Mantenimiento de Instalaciones, la Operación del Servicio Público del Puerto de Aguas Profundas de Posorja, el Dragado, Construcción y Mantenimiento de un Canal de Navegación de Acceso hasta Posorja, así como de la carretera que une a Playas y Posorja vía El Morro, en la provincia del Guayas.
Además, en el mismo contrato se autoriza el establecimiento de una zona especial de desarrollo al área donde se desarrolle el proyecto, que entrará en vigor una vez que la “entidad delegante haya obtenido para el gestor privado la licencia ambiental, los permisos de empalme y conexiones de servicios públicos y cualquier otro permiso, autorización o licencia necesarios para iniciar la construcción y demás fases.
El petitorio inicial (de enero) suponía para varios actores, entre ellos el alcalde de la ciudad, Jaime Nebot, y la concesionaria del puerto estatal Libertador Simón Bolívar (Contecon), una posibilidad de monopolio, por la cual, incluso, Contecon interpuso una demanda ante la Superintendencia de Control de Poder de Mercado, que sigue su trámite.
El gestor privado “podrá recaudar libremente” las tarifas portuarias correspondientes de los servicios portuarios, las tarifas de peaje derivadas del uso de esta por parte de los usuarios, así como de la hidrovía. Y, los precios cobrados por “servicios facultativos” que hayan sido autorizados por la Autoridad Portuaria de Guayaquil (entidad delegante), según el contrato.
Para el concesionario del puerto estatal del sur de Guayaquil (Contecon), existen tarifas con techos controlados.
En el contrato no se adjuntó el proyecto definitivo de la obra, pero este deberá ser entregado por DPWolrd Posorja a la Autoridad Portuaria en un plazo de seis meses, una vez firmado el contrato de asociación público privado.
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