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Como una respuesta desde la sociedad civil ante la vulneración de derechos y fracturas estructurales y son consecuencia de tensiones sociopolíticas, que no han sido asumidas como áreas de intervención por parte de las organizaciones políticas de perfil clásico, las organizaciones sociales representan una alternativa de acción política frente a las carencias existentes en las organizaciones de corte convencional.
La Marcha por la Vida, el Agua y la Dignidad de los Pueblos que arrancó desde el cantón El Pangui (Zamora Chinchipe) en marzo del 2015 y terminó en una multitudinaria movilización el 22 del mismo mes en Quito, los movimientos sociales se encuentran en una fase de recomposición tras varios años de crisis. El 22 de marzo marca un punto de inflexión en la política ecuatoriana. El llamado gobierno de la revolución ciudadana ha dejado de tener el dominio total de la iniciativa en el escenario político nacional, reposicionándose la movilización social como un factor insoslayable, a pesar de su relativa ausencia desde la llegada de Rafael Correa al Palacio de Carondelet. Dicha movilización vuelve a emerger reeditando fórmulas de conducción colectiva en las que están fuertemente implicados los movimientos sociales progresistas y combativos existentes. Esta nueva realidad actúa en contraposición a las lógicas desarrolladas por el frente político del gobierno, el cual se han caracterizado desde el inicio de su gestión por intentar captar ideológica y clientelarmente a todo tipo de tejido social existente en el país. La movilización y resistencia popular, es el resultado de un proceso que tiene su inicio en la campaña por el No en el Referéndum/Consulta del 7 de mayo de 2011, donde el gobierno nacional ya recibió una advertencia que ignoró o no supo entender. El 13 de agosto de 2015 tuvo lugar en Ecuador el primer Paro Nacional y Levantamiento Indígena que afronta Alianza País en sus ocho años de gobierno. Las acciones desplegadas por las organizaciones populares se expresaron en forma de cierre de carreteras, marchas a nivel nacional y toma de plazas. Dichas acciones manifestaron el disenso entre el proyecto político-económico modernizador capitalista, de corte conservador, llevado a cabo por la “Revolución Ciudadana”, y la lucha por los derechos laborales, por políticas redistributivas de tierra y agua, por la defensa de los territorios ante la avanzada de proyectos extractivos, contra medidas que condicionan el ejercicio de justicia social; que fue encabezada por las organizaciones sociales. De la Plataforma a la construcción de la Unidad Este último momento está marcado por tres elementos centrales: a) la perdida de Alianza País en las elecciones de autoridades locales en 2014; b) la caída del precio del petróleo y el déficit presupuestario que evidencia la intocada dependencia de la economía ecuatoriana a la extracción de materias primas y la economía mundial capitalista; y c) una dinámica presente ya en el tercer momento: la movilización social como mecanismo de denuncia y exigencia de derechos. Lo distinto de esta etapa es la capacidad mostrada por el campo popular para avanzar en la construcción de la unidad y la creciente movilización en el país y la diferenciación que construyen las organizaciones sociales y populares del proyecto de la Revolución Ciudadana y la derecha neoliberal, aun sin proyecto alternativo programático. A pesar de las luchas de estudiantes, profesores, obreros, campesinos e indígenas, la modernización conservadora avanza. La eliminación del libre ingreso a las universidades por la política meritocrática, devela que aproximadamente 500.000 jóvenes no pueden ingresar a la universidad pública; escuelas interculturales bilingües cerradas son suplantadas por las Escuelas del Milenio en lugares de difícil acceso. De cara al campo, el gobierno expresa abiertamente su proyecto agroindustrial y de agronegocio; se agudiza y profundizan las dinámicas de concentración de recursos productivos y monopolización de mercados. Se decide la explotación del Yasuní y se anuncian proyectos mineros. La reforma laboral, propuesta por la “Revolución Ciudadana”, atenta contra los derechos de los trabajadores; como el derecho a la huelga y poner límites a las utilidades. En materia social, el Estado deja de garantizar las jubilaciones de pensionistas. Se hacen efectivas las políticas patriarcales, que penalizan el aborto en casos de violaciones y se implementan estrategias para prevenir el embarazo adolescente, basándose en valores morales y en abstinencia. Este periodo cierra con cierta progresividad en las movilizaciones sociales y la capitalización del descontento social en un contexto de baja en la popularidad de Rafael Correa, un estancamiento o crisis de la economía ecuatoriana y una creciente incapacidad del régimen de resolver por la vía del consenso y la disputa política, las demandas de las organizaciones sociales. El paquetazo de Rafael Correa Este paquetazo impositivo parece letanía: la plata en efectivo que puede llevar un ecuatoriano o extranjero que abandone el país, será de hasta tres salarios básicos unificados: $1.098. El resto pagará impuesto. Si saca una suma mayor y no paga previamente los impuestos, tendrá una multa equivalente al 50 el valor no declarado. Igual monto para las transferencias al exterior. Nuevos impuestos a los licores, cigarrillos, colas. 15 e aumento al servicio de telefonía fija y móvil prestada a sociedades, excepto si se utiliza para operaciones de dinero electrónico. Ya no se exoneran del impuesto ambiental a los vehículos de personas discapacitadas. Las pensiones jubilares están gravadas con impuesto a la renta… Jubilados, obreros, clase media, empresarios, gobiernos locales… Esta vez nadie escapa al garrotazo económico contenido en el nuevo proyecto de ley del gobierno que llegó el miércoles en la noche a la Asamblea Nacional. Ese texto, que deberá tramitarse con carácter de urgente, hace dos reconocimientos implícitos: sí hay crisis. Dos: para encararla ya no bastan las medidas creativas que el gobierno ha promocionado como suficientes para cubrir lo que, hasta ahora, ha llamado bache económico. Esta vez el gobierno reconoce que “hay una reducción considerable de recursos en la caja fiscal” y crea impuestos para mitigarla. El título del mismo proyecto –hecho excepcional– ya no es eufemístico: se llama “Ley Orgánica para el equilibrio de las Finanzas públicas”. No obstante la franqueza, el gobierno no asume responsabilidad alguna en el manejo económico y en su cultura del despilfarro: vuelve a asegurar que todo se debe a “la baja del precio del petróleo y (a) la apreciación del dólar”. Todo el proyecto está atravesado por el uso del dinero electrónico que el gobierno utiliza para efectuar las devoluciones del IVA. No solo se aúpa su utilización sino que se incentiva mediante medidas tributarias: 2 el IVA y rebaja del anticipo a las empresas que utilicen esa forma de pago, eliminación del ISD en transacciones de hasta $5000 con tarjetas de crédito… El gobierno defiende el uso de esos medios de pago como mecanismos para defender la dolarización, formalizar la economía, reducir los costos de transacciones, impulsar el consumo… Desincentivar el uso de efectivo no es un problema para Mauricio Pozo, ex ministro de economía. Lo peligroso a sus ojos es el mensaje (falta plata) que esto puede enviar al Mercado. Si se genera esa lectura –dice puede engatillar procesos de nerviosismo fatales para la economía. ¿Cuánto dinero electrónico ingresará de esta forma en el sistema financiero? No hay una cifra. Mauricio Pozo responde examinando la reserva bancaria del 4 de marzo: $3.910 millones de dólares, mientras que la liquidez del Banco Central es de $3.261 millones. Dicho de otra manera, el Banco Central no cubre la liquidez de los bancos y su pasivo ($649 millones) no puede sino agravarse. Nadie puede, en las actuales circunstancias, asegurar que el Banco Central respaldará los recursos electrónicos que estén en circulación y que el gobierno –es obvio en este proyecto de ley– quiere aumentar. Lo único cierto es que el dinero electrónico ya es un pasivo en el Banco Central. El proyecto del gobierno se va contra el sector productivo. Lo desestimula, le quita liquidez y oxígeno. Y todo esto para que el Estado mantenga sus gastos restando recursos al sector que los necesita para producir y cuidar el empleo. “Es un contrasentido evidente. Vuelve más onerosas las actividades, agrava los problemas de competitividad y quita viabilidad a las empresas. Es un proyecto inconsistente, incoherente, inconveniente”. La bronca que plantea este proyecto no solo incluye a ciudadanos y empresarios. El gobierno se abre un frente con los gobiernos seccionales, pues el proyecto de ley prevé que el ministerio de Finanzas podrá modificar el presupuesto, por pedido del Presidente: “aumentar o rebajar los ingresos y gastos que modifiquen los niveles fijados en el Presupuesto General del Estado hasta por un total del 15 n relación a las cifras aprobadas por la Asamblea Nacional”. Y hacer lo mismo con los Gobiernos Autónomos Descentralizados, “en caso de aumento o disminución de los ingresos permanentes o no permanentes que les corresponde por ley y hasta ese límite”. La tragedia nacional y la agenda política Algo excepcional, casi único en América Latina y nadie puede ignorar los alcances éticos de la mano extendida por el pueblo ecuatoriano a favor de las víctimas del desastre natural ocurrido el 16 de abril, que no esperó ni un minuto para actuar en favor de los damnificados. Con esta noble actitud, que marca un hito en la historia reciente del Ecuador, la masa anónima inicialmente dejó atrás a las grandes corporaciones políticas, como siempre lentas y opacas para reaccionar. Ignoró de un tajo a la burocracia oficial, a los poderosos grupos económicos, financieros y empresariales que, por cierto, demostraron una vez más que lo suyo es el lucro despiadado y voraz, maquillado cínicamente con pintas milimétricas de “responsabilidad social”. Pero si podemos admitir con razonable certeza que la tragedia nacional que enluta al país por el terremoto del 16 de abril, ya se instaló en la agenda de la clase política ecuatoriana en su conjunto. Por eso, lo que para muchos damnificados pudiera significar un bálsamo de vida, para otros es una interesada carta subliminal de apoyo con piola. Lo que para los más necesitados es comida y agua para sobrevivir el día a día, para otros resultan bulliciosas caravanas propagandísticas que corren raudas por las vías, mostrando los colores que insinúan la tienda política a la que se deben. Nadie sabe aún cuánto costará las reconstrucciones de ciudades e infraestructura en general afectadas por el terremoto del 16 de abril. Mucha plata perdida. Mucha plata por conseguir. Mucha plata por financiar. Mucha plata, en definitiva, para un país dolarizado hace 16 años, que vende su petróleo a un precio que anda por las canillas. Recordemos una vez más la lección: la política es como un dios, es decir, está en todas partes aunque muchos no la pueden ver. Pero ahí se mantiene; existe, funciona, procesa, actúa de la mano de sus operadores, los políticos de oficio o politiqueros. Se suele decir que las elecciones son una fiesta cívica, pero lograrlo implica cultivar un comportamiento en el que la competencia no sea una batalla de ataques bajos, amenazas y mentiras que se van reproduciendo entre los seguidores hasta elevar los temperamentos de manera peligrosa, en vez de confrontar con civismo ideas y propuestas y soportarlas con argumentos creíbles. El escenario político se verá influenciada por la situación económica del píis, las respuestas y salidas que pueda dar el gobierno y la demostración de su capacidad o no de recuperación como proyecto político nacional; pero también de las maniobras y avances de la derecha tradicional para volver a ser gobierno; y de la estrategia del campo popular para no sólo capitalizar el descontento en la movilización social mediante la conformación de la propuesta alternativa en el escenario 2017, sin esta última sus posibilidades de negociación y sus condiciones de lucha en un nuevo ciclo será limitado. El actual momento político que se vive en el planeta ha abierto un debate acerca de la necesidad de transformar las estructuras políticas en organizaciones programáticas, realmente democráticas y no meramente en instituciones cuyo objetivo fundamental es la perpetuación en el poder como un fin en sí mismo. En ese sentido retoma actualidad, si es que alguna vez la perdió, las estructuras sociales como elementos superadores de los partidos políticos estrictamente electorales.

Bajo este criterio, se puede afirmar que sin movilización social no habrá profundización y radicalización en los procesos de cambio, esto se demuestra claramente en la falta de transformaciones estructurales en el modelo de acumulación: en la actualidad, los grupos económicos poderosos nunca estuvieron mejor, y en todo caso los sectores más excluidos nunca estuvieron menos mal. El rol de los movimientos sociales en la actualidad es constituir contrapesos ideológicos a un modelo socioeconómico que a pesar de sus logros sociales, reproduce y expande un modelo ideológico lesivo respecto al principio del Buen Vivir, los derechos de la Naturaleza y la democracia radical. |
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