El año pasado los guatemaltecos vieron con asombro cómo el presidente Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti eran acusados por corrupción y sobornos, y cómo tuvieron que abandonar el poder. Este mes la fiscal general Thelma Aldana hizo una nueva revelación: los investigadores han decidido que el caso que terminó con la carrera política de Pérez Molina era solo un pedazo de una red criminal mucho más extensa manejada por el mismo gobierno.
Aldana dijo que al menos 70 personas de la élite política y económica del país están implicadas en el sistema de lavado de dinero y sobornos que benefició al partido del expresidente Pérez Molina y sus colegas.
Los investigadores estudian con detalle más de dos millones de documentos incautados y dibujan un mapa que muestra lo que Aldana describió como un Estado cooptado por delincuentes.
“La corrupción fue tolerada durante tantos años que llevó a la impunidad”, dijo Aldana durante una entrevista. “Y eso reforzó las estructuras criminales”.
Guatemala está sentando un precedente admirable al enfrentarse a la corrupción generalizada en una región donde el fenómeno está ampliamente extendido.
Esta evolución tan significativa del sistema de justicia criminal de Guatemala comenzó hace una década, cuando Naciones Unidas creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala: un equipo de expertos extranjeros que ofrecen experiencia técnica y apoyo político a la fiscalía y la policía local mientras investigan casos complejos y de alto perfil.
Un experimento similar comenzó a funcionar este año en la vecina Honduras. La Organización de los Estados Americanos, una organización internacional con sede en Washington, creó la Misión de Apoyo contra la Impunidad y la Corrupción en Honduras. Estados Unidos acaba de comprometer poco más de cinco millones de dólares para financiarla.
Y aunque el apoyo de expertos extranjeros ha demostrado ser una herramienta de transformación al desmantelar una cultura de impunidad, el cambio verdadero necesita de una sociedad civil que apoye su misión e impulse políticamente sus avances.
El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, un comediante elegido el año pasado tras una campaña en la que prometió que no era “ni corrupto ni ladrón”, ha señalado públicamente que su gobierno ha tomado la decisión de poner fin al robo y la corrupción en el país. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, no ha mostrado tanto entusiasmo por aprobar reformas profundas y solo ha apoyado la misión de la OEA bajo una intensa presión de la comunidad internacional.
Millones de centroamericanos han emigrado durante las últimas décadas tras perder la esperanza en las élites que gobiernan y se enriquecen mientras millones de personas no tienen servicios sanitarios ni educativos, y además viven bajo la amenaza constante de la violencia.
Muchas personas siguen saliendo de América Central hacia Estados Unidos cada semana.
Llegar a las raíces de una corrupción que se ha convertido en una práctica habitual en la región es vital para atraer la inversión extranjera, generar un desarrollo más igualitario y lograr que los ciudadanos recuperen la confianza en sus gobiernos.
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