Publicado en junio 15, 2016 en La Info por Roberto Aguilar
Cualquier propuesta de ley proveniente de la Senplades, más aún, del escritorio del propio René Ramírez, no podía sino ser un ejemplo de progresismo, altivez y soberanía para el mundo. Es el caso del Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento y la Innovación, que se discute en la Comisión de Educación de la Asamblea. Tan anticapitalista es esta ley, conocida simplemente como Código de Ingenios, que amenaza con quebrar a la industria ecuatoriana del software; tan soberanista, que impedirá la entrada en el Ecuador de empresas como Google o Facebook, que ya se encuentran en los países vecinos y son fuentes de transferencia tecnológica. Hoy los empresarios de programación informática, reunidos en la Asociación Ecuatoriana de Software, lanzaron una voz de alerta. A través de un tuitcam y bajo la etiqueta #15000EmpleosMenos (que es el número aproximado de puestos de trabajo que genera la industria) debatieron el tema y lanzaron sus propuestas.
El Código de Ingenios asume, desde una perspectiva ideológica y soberanista, el viejo debate del software libre vs el software de pago. Una discusión de la década pasada que hoy, al encontrarse ambos tipos de software entrelazados en el mercado, carece de sentido, según el programador Mathew Carpenter. La ley establece el uso de softwares libres y estándares abiertos en todas las instituciones del Estado y en el sistema educativo, incluyendo las universidades. Significa que los estudiantes de diseño en las universidades públicas se mantendrán alejados del Photoshop; los de arquitectura no aprenderán a manejar el AutoCAD; los de administración tendrán que buscar sucedáneos para el Excel. Más aún: significa que los hospitales públicos no podrán acceder a una serie de soluciones tecnológicas que dependen, en todo o en parte, de software pagado. Los ejemplos se pueden multiplicar al infinito e incluyen semaforización inteligente, sistemas de monitoreo de derrames petroleros y un largo etcétera.
Uno de los artículos del Código de Ingenios que más preocupa a los empresarios ecuatorianos del software es el 111. Prescribe que el 10 por ciento de los beneficios derivados de la explotación de una obra (en este caso, un programa informático) pertenece a su autor a perpetuidad y de forma irrenunciable. Pero ¿quién es el autor? El Código, que pretende sustituir a la Ley de Propiedad Intelectual, no lo dice. Se sobreentiende que el autor de un programa es el equipo (integrado por desarrolladores, diseñadores, programadores, etc.) que intervino en su creación, proceso que puede durar años y emplear (en forma temporal muchas veces) a decenas o cientos de personas. Parece muy justo, muy progresista. Pero cuando una empresa X que encargó el diseño de un software para sus necesidades específicas descubra que, aparte de lo que pagó por él, tendrá que entregar una regalía eterna a un montón de gente, lo más probable es que prefiera contratar en otro lado. Colombia, por ejemplo.
“Si el Ecuador fuera una burbuja sería perfecto”, ironiza el presidente de la Asociación Ecuatoriana de Software, Andrés Burbano de Lara. Según él, el artículo 111 del Código de Ingenios hará simplemente imposible la exportación de productos ecuatorianos en un mercado tan competitivo como el del software. Él considera que el 10 por ciento de beneficios previsto por el Código son un impuesto real a una industria cuyo margen de ganancia es de entre el 8 y el 12 por ciento. Con esta disposición, además, es imposible que grandes empresas internacionales de software se instalen en el Ecuador, con lo cual se limitan, dice, las posibilidades de transferencia tecnológica que es la única manera de desarrollar esta industria, como se puede ver en los ejemplos de Brasil, Israel, India, Irlanda del Norte…
En cuanto a la obligación del Estado de proveerse exclusivamente de software libre, prevista en el artículo 136 del Código, es también una amenaza a la industria nacional. Según Burbano, el 35 por ciento de las ventas de esta industria está destinado al Estado que, como en otros ámbitos y gracias al modelo económico imperante, ha sido el único gran comprador de los últimos años. Sólo el 4 por ciento de esa producción es software libre. “El efecto –dice– sería devastador”. ¿Por qué, entonces, la industria ecuatoriana no migra al software libre? Paola Pullas, empresaria del sector, explica que no es tan fácil. Hacerlo requeriría mudar de estrategia empresarial y capacitar al personal durante al menos un año durante el cual se dejaría de producir. ¿Qué empresa puede costearse ese paso?
En lugar de obligar al uso de software libre, los programadores proponen establecer una lista de prioridades: primero, software ecuatoriano; después, software libre. En lugar de distribuir el 10 por ciento de las regalías entre los empleados, proponen entregar a las empresas la titularidad de los derechos de propiedad y convertir a los empleados en accionistas. Repiten una y otra vez las palabras mágicas del vicepresidente Jorge Glas: “cambio de la matriz productiva”. ¿Cómo pretende hacerlo si atentan contra la industria de conocimiento? “La Asamblea nos ha recibido, hemos presentado nuestras propuestas y ninguna ha sido acogida”, cuenta Burbano. Dice que hay muchos activistas del software libre, muchos de ellos asesores del gobierno (de hecho el IAEN teorizó mucho a este respecto) que tienen todo el tiempo del mundo para pasársela en la Asamblea haciendo lobby. Una vez más, se han salido con la suya.
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