Publicado en junio 18, 2016 en La Info por Martín Pallares
Si los Isaías, en virtud de un reciente fallo de un comité de la ONU, llegasen a recuperar los bienes que el gobierno de Rafael Correa les incautó será culpa de quienes, el 9 de julio del 2008 en la Asamblea Constituyente, aprobaron un mandato constituyente en el que les quitaron a esos hermanos su derecho a la defensa frente a la incautación.
En efecto, el que la Asamblea Constituyente de Montecristi haya eliminado el derecho a la defensa de los Isaías frente a la incautación es lo que ha dado pie a un comité de las Naciones Unidas a establecer que el Estado “tiene la obligación de proporcionar a los autores un recurso efectivo (…), debe dar plena reparación a las personas cuyos derechos reconocidos en el Pacto hayan sido violados…”.
En otras palabras, ese día los asambleístas cimentaron, quizá sin saberlo, el argumento central para que los Isaías puedan reclamar, según su abogado defensor, al Estado ecuatoriano la devolución de las empresas y bienes que se les incautó.
El Mandato establecía que la incautación “no es susceptible de acción de amparo constitucional u otra de carácter especial, y si de hecho se hubiere interpuesto, será inmediatamente archivada, sin que se pueda suspender o impedir el cumplimiento de la referida resolución”. Agrega que los “jueces o magistrados que avocaren conocimiento de cualquier clase de acción constitucional relativa a esta resolución y aquellas que se tomen para ejecutarla, implementarla o cumplirla a cabalidad, deberán inadmitirlas, bajo pena de destitución y sin perjuicio de la responsabilidad penal a la que hubiera lugar”.
Independientemente de si el dictamen del comité de la ONU tiene o no efecto obligatorio en el Ecuador, si los Isaías saquearon o no al Estado, lo que llama la atención cuando se observan las actas de aquel día es que nadie en Montecristi reparó o siquiera advirtió que al eliminar el derecho a la defensa de alguien se estaba violando un principio fundamental de cualquier sistema democrático. Negar el derecho a la defensa de cualquier persona, por más espantosa que ésta sea, es negar un fundamento de la civilización moderna. Pero eso es algo que ninguno de los 111 asambleísta presentes fue capaz de observar aquel día en Montecristi.
El debate y aprobación del Mandato de marras se produjo un día después de la incautación, hecho que había provocado un clima de euforia y apoyo al Gobierno, a pesar de que algunos sectores criticaron el procedimiento.
De los 11 asambleístas que participaron en el debate aquel día ninguno observó desde el punto de vista doctrinario que el Mandato estaba eliminado el derecho a la defensa a determinadas personas. Apenas dos, León Roldós y Vicente Taiano, expresaron reservas sobre la oportunidad y las implicaciones que podría tener el mandato, pero tampoco cuestionaron que el texto haya eliminado el derecho a la defensa. Todos los otros asambleístas que intervinieron dijeron estar a favor y, sobre todo, felicitaron al gobierno por la incautación. Incluso una de las asambleístas que habló, Betty Amores que ahora apoya al candidato Guillermo Lasso, pidió que se pusiera énfasis en la necesidad de que los jueces no puedan, bajo ningún concepto, aceptar un recurso por parte de la defensa.
Ese día, el tema del Mandato fue introducido en el orden del día por pedido de varios asambleístas, entre ellos Galo Borja, quien luego fue ministro de Sectores Estratégicos, Viceministro de Comercio Exterior y actualmente es asambleísta por Alianza País. Durante su discurso, Galo Borja justificó la introducción del tema al asegurar que era necesario “proteger a los funcionarios que están tomando medidas para encontrar una solución y recuperar”.
La moción para cambiar el orden del día fue inmediatamente aprobada por 81 votos de los 111 asambleístas que estaban presentes. Luego de cantarse el himno nacional, el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, ordenó que se reparta el texto del Mandato y dijo que durante los 10 minutos que debía demorar el proceso de copiado y distribución del proyecto él iría a recibir a una delegación que había llegado hasta el recinto.
El primero en hablar fue Alberto Acosta quien para ese entonces había dado el célebre “paso al costado” y ya no era Presidente de la Constituyente. Acosta hizo un recuento de lo que había sido el “feriado bancario” y justificó la incautación por tratarse de una acción legítima para que el Estado recupere lo que había perdido. “Ha llegado la hora de la patria y tenemos un Presidente que tiene el valor y la decisión de hacerlo”, dijo y para cerrar su intervención dijo: “ha llegado la hora del cambio, ha llegado la hora de establecer las bases para que en este Ecuador la economía esté en función de los seres humanos y nunca más al revés”. Acosta, sin embargo, nunca se refirió al tema de la eliminación del derecho a la defensa de los Isaías como tampoco lo haría ninguno de los asambleístas que intervinieron luego de él. Fue como si ese texto del Mandato hubiese sido invisible para todos.
Luego de Acosta habló Manuel Mendoza de Sociedad Patriótica quien también apoyó el proyecto de mandato, seguido de Luis Guamangate de Pachakutik quien aseguró que en nombre de su movimiento saludaba “a estos procesos de revolución, porque creo que estas acciones son las que legitiman verdaderamente un accionar de una tendencia que quiere el cambio verdadero para el pueblo ecuatoriano”.
Luego de estas exaltaciones a la incautación intervino Vicente Taiano del Prian. Taiano fue el primero en marcar ciertas distancias con el proyecto de Mandato, pero lo hizo casi como si estuviera disculpándose. “Yo quiero dejar aclarado, absolutamente, que esta intervención mía, en esta mañana, no tiene absolutamente ningún criterio en relación a defender a nadie”, exclamó al inicio de su intervención para inmediatamente aclarar que “a los señores Isaías no los conozco”. Sin embargo, dijo que como abogado “si quiero defender el debido proceso”. Taiano observó la falta de legalidad en la resolución de la incautación, porque según él la decisión fue del Presidente de la República y no de la Agencia de Garantías de Depósitos, AGD, como decía en el proyecto del Mandato. Si bien Taiano no cuestionó el hecho de que se elimine el derecho a la defensa sí hizo observaciones al procedimiento y al hecho de que no se acepte la presunción de inocencia de los Isaías. “Seguramente, porque como todo lo hacen a través de las encuestas, ya midieron las encuestas y vieron cuál es el golpe positivo de este enfrentamiento entre ricos y pobres que es el gran negocio de la publicidad de este Gobierno”, dijo al cerrar su intervención.
Después de Taiano intervino César Rodríguez que hasta entonces era miembro de la bancada de Alianza País y que ahora hace parte del movimiento Podemos que está en la llamada Unidad con Jaine Nebot, Mauricio Rodas y Paúl Carrasco. Luego de defender la incautación y exaltar el proyecto de mandato terminó su intervención así: “Felicito a esta Asamblea Constituyente por tener la valentía, la fuerza y la frontalidad, para decirle, estamos contigo país, estamos contigo Ecuador y estamos defendiendo tus intereses”.
El siguiente en intervenir fue León Roldós del movimiento RED. Roldós tampoco se mostró muy entusiasta con el mandato y, al igual que Taiano, cuestionó la legalidad en el proceso de la incautación pero no dijo nada sobre la parte en la que se eliminaba el derecho a la defensa. Roldós aseguró, eso sí, que le parecía que la aprobación era apresurada pues los asambleístas no habían tenido tiempo para revisar el proyecto y advirtió sobre los peligros que para libertad de expresión representaba que el gobierno se quedara indefinidamente con los medios de comunicación incautados. “Que haya respeto a la libertad de información, al derecho de comunicación de los ecuatorianos y que no pase a ser la vía de la vocería del Gobierno”, dijo al concluir su intervención.
Luego habló Abel Ávila que a nombre de su partido, el MPD, felicitó al gobierno por la incautación y apoyó el proyecto de mandato constitucional.
Diego Borja de Poder Ciudadano y posteriormente funcionario del Gobierno fue el siguiente en intervenir. Felicitó la incautación, recomendó que los medios incautados sean vendidos lo antes posible pero tampoco dijo nada sobre el hecho de que se estaba negando el derecho a la defensa.
Holger Chávez, asambleísta por Alianza País, también apoyó el mandato y sugirió que se aumente una línea en la que se diga que los trabajadores de las empresas incautadas puedan tener acciones de las mismas. Más tarde habló Fausto Lupera quien asimismo respaldó el proyecto. Cuando pidió que se establezca la estabilidad de los empleados, la asambleísta Irina Cabezas pidió un punto de información para decirle que lea bien el texto o porque “estamos protegiendo como manera primordial a estos trabajadores”.
A las 14:03 minutos el presidente de la Asamblea, Fernando Cordero declaró un receso.
Al regreso intervino la asambleísta Betty Amores que entonces era parte de Alianza País. Amores quizá fue la única en referirse al tema de los jueces pero más bien insistió en que éstos no deberían tener la capacidad de admitir un recurso de la familia Isaías. “Debería colocarse un artículo en el cual los jueces no puedan hacer el juego de siempre que han hecho al país, favoreciendo los intereses de la bancocracia, es necesario dejar muy claro, que si pese a que tienen prohibición constitucional expresa de admitir a trámite una acción de amparo contra decisión judicial, si es que ellos admiten un recurso de amparo constitucional, estarán incumpliendo la obligación constitucional de inadmitirla”.
Luego intervinieron Jaime Ruiz y Mauro Andino, ambos de Alianza País. Al igual que la mayoría felicitaron lo hecho por la AGD y apoyaron el mandato. Andino, eso sí, calificó como “totalmente erróneo, maliciosa y temeraria” las declaraciones de quienes habían dicho que la incautación de los medios de los Isaías “constituyen un atentado a la libertad de expresión o a la libertad de prensa”.
Luego de la intervención de Andino Fernando Cordero dijo que el debate se había agotado y que si había más interesados en dar su punto de vista debían hacerlo ante una Comisión que redactaría el texto final del mandato constitucional. Cordero sugirió que dicha comisión esté integrada por César Rodríguez, Betty Amores, Diego Borja, Abel Ávila, Hólguer Chávez, Rosana Alvarado y todos los que “intervinieron en el debate y pueden hacerlo”. Esto ocurrió a las 16:33.
Luego de un receso, los asambleístas votaron por el mandato constitucional a las 19:52.
Ese día, la Asamblea Constituyente hizo algo que doctrinariamente es anti democrático y anti republicano: impuso la prohibición al ejercicio al derecho que todo ciudadano debe tener, por más perverso que sea, a defenderse. Una decisión que ocho años más tarde quizá le vaya a resultar muy cara al Estado o los entusiastas asambleístas del 9 de julio del 2008.
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