El ‘Chato’ tiene otras perradas en su cuenta

Publicado en junio 13, 2016 en La Info por Martín Pallares

Si el alcalde de Loja, José Bolívar Castillo, engrosara la lista de los personajes históricos más detestados del país por sus declaraciones sobre los perros callejeros y su idea medio nazi de convertirlos en abono sería una injusticia.

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Sería injusto que la movilización de opinión pública que han impulsado los animalistas y los defensores de los perros haga el olvidar que Castillo, a quien le dicen “Chato”, es uno de los más tristes y nefastos personajes de esta época. Él es un emblema de la intolerancia que gobierna el Ecuador y, sobre todo, uno de los arquitectos del aparato controlador que se ha encargado de castrar la libertad de expresión en el Ecuador.

Sería faltar a la historia del país que por el tema de los perros se olvide o que se deje de mencionar, por ejemplo, que Castillo fue el creador de la Superintendencia de Comunicación, Supercom, cuya creación, además, fue mañosa y abusiva. Que no se diga que por su voluntad periodistas han terminado con sus huesos en la cárcel y medios de comunicación han sido multados por no publicar lo que a él le gusta. Sería un favor hecho a su opaco legado.

Los antecedentes de intolerancia de este personaje vienen de muy atrás. La Comisión de la Verdad, presidida por Elsie Monge, ya tenía puestos los ojos en él cuando ejerció la Alcaldía de Loja en los noventa. Esa Comisión lo declaró culpable de dos delitos durante esa administración municipal: haber ordenado a policías municipales que torturen a Stalin Armijos por haberlo llamado “Chato Castillo” y haber ordenado el desalojo y maltrato de mendigos, comerciantes informales y moradores de un barrio popular.

En otras palabras, hay muchas otras perradas que endosar al Chato Castillo. Veamos algunas de ellas que muestran que dejar al nombre de Castillo manchado únicamente por unas sórdidas declaraciones sobre perros callejeros sería profundamente injusto.

La tramposa creación de la Supercom

Castillo, antes de asumir la Alcaldía de Loja, fue asambleísta por un movimiento llamado ARE, cuyas siglas correspondían a Acción Regional por la Equidad. Desde esa posición propuso incluir en la Ley de Comunicación una Superintendencia para que sea el tribunal de última instancia en los casos de demandas en contra de medios y periodistas. Un tribunal dependiente de un Ejecutivo, que detesta a los medios y a los periodistas que no le hacen la venia, y que llegó a la ley durante el segundo debate en la Asamblea, cuando legalmente ya no cabía la posibilidad de hacerlo.

Idea tan perversa no podía sino ser del gusto del aparato de poder que quería tener una corte de medios sumisos y vacíos de contenido y, por eso, fue aprobada. Es la piedra angular de todo el sistema de estrangulamiento de la libertad de expresión en el Ecuador.

El aniquilamiento de un periodista

Castillo también debe ser recordado por haber llevado adelante un perverso proceso judicial por injurias en contra de un periodista de su provincia. Castillo es de esos mandatarios que no entienden que una autoridad auténticamente democrática debe, aunque la ley no lo obligue, tolerar lo que dicen sobre él.

Fue el caso de Freddy Aponte, al que Castillo demandó por injurias porque lo había tildado de ladrón. El periodista fue absuelto en primera instancia pero el alcalde apeló y la Corte Nacional lo declaró culpable. El locutor se entregó y pasó tres meses tras las rejas. Castillo no estuvo conforme e interpuso una nueva demanda, exigiendo una compensación económica por “daño moral”. El acusado fue condenado a pagar 54 633 dólares, que no canceló porque dijo que carecía de recursos. Castillo le inició entonces un tercer juicio, esta vez por “insolvencia fraudulenta”, con lo cual la cuenta bancaria de Aponte quedó bloqueada indefinidamente.

Lo que La Hora no cubrió

El 23 de marzo de 2015 Castillo puso una denuncia ante la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), en contra del Diario La Hora. Resulta que Castillo consideraba que el medio no dio suficiente cobertura a su acto de rendición de cuentas como alcalde de Loja. Según Castillo, el medio habría incumplido el artículo 18 y 10, numeral 3, literal f) de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) referentes a la prohibición de censura previa. En la denuncia, el Alcalde aseguró que en “no se ha comunicado a la ciudadanía en que consistió la rendición de cuentas; cuales fueron los temas, montos y proyectos sobre las cuales el Alcalde de Loja rindió cuentas; en sí la información misma de rendición de cuentas.”

Castillo pidió que se sancione al medio con una multa de 10 salarios básicos unificados. La Supercom actuó, obviamente, de acuerdo a lo que su creador quería y sancionó al diario con una multa de 3 540 dólares. Con este caso se creó un precedente bajo el cual cualquier funcionario puede condicionar los contenidos de los medios al considerar que lo que diga o haga es de interés público.

Una disculpa por los toletes eléctricos

Otro caso por el que Castillo también debe ser recordado porque habla mucho de su personalidad es el de los toletes eléctricos. En marzo del 2015 diario La Hora fue obligado a pedir disculpas públicas a Castillo por haber dicho que los policías municipales de Loja estaban reprimiendo con toletes eléctricos.

Aunque La Hora había publicado una réplica de Castillo en el que decía que los toletes no habían llegado aún a la ciudad, la Supercom decidió, ante el pedido de Castillo, que no era suficiente y que había que publicar una disculpa pública. Poco después en declaraciones a El Universo, Castillo defendió el uso de estos toletes que, dijo, son de pilas y se usan de forma disuasiva.

Cárcel para la concejala Cruz

Castillo no ha sido únicamente intolerante con los periodistas o con los diarios que no han querido cubrir sus rendiciones de cuentas. Llegó a demandar a la concejala Jeannine Cruz por haber dicho, en su cuenta de Twitter, que Castillo debe dejar de mentir adjuntando un video donde lo cuestionaba por decretar la emergencia al plan maestro de agua potable. En la mente de Castillo no era posible que una concejala cuyo trabajo es, entre otros, fiscalizar al alcalde, se haya expresado en una red social. Cruz terminó en prisión por un mes y fue obligada a pagar el 25% de su salario.

No es poca cosa el daño que el ‘Chato’ ha hecho a la convivencia democrática y civilizada en el Ecuador. Lo de los perros es abominable, pero hay perradas más importantes por las cuales seguramente será recordado.