Libertad de expresión en peligro

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Revista El Observador. año 2004

El derecho a la libre expresión es uno de los más fundamentales, ya que es esencial a la lucha para el respeto y promoción de todos los derechos humanos. Sin la habilidad de opinar libremente, de denunciar injusticias y clamar cambios, el hombre está condenado a la opresión.

La libertad de expresión requiere que los gobiernos y gobernantes se abstengan de imponer restricciones legales a los medios de comunicación, ya que son los principales mecanismos, a través de los cuales, los miembros de la sociedad ejercen su derecho de expresar y recibir información e ideas. Así, la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA establece en el Principio 6, "La actividad periodística debe regirse por conductas éticas, las cuales en ningún caso pueden ser impuestas por los Estados".

El enfoque no debe ser diferente en lo que respecta a la libertad de expresión en una sociedad democrática. El antídoto de las expresiones equivocadas, peligrosas u ofensivas debe consistir en que quienes no estén de acuerdo con las manifestaciones originales hablen más, en lugar de restringir las posibilidades originales de que se expresen. La clave, a este respecto, es que debemos estar dispuestos a brindar protección inclusive a las expresiones que nos ofendan, aun gravemente. Así opina la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA.

Cabe recordar el Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que dispone lo siguiente: "todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión". Sin medios de comunicación libres, independientes y pluralistas, ¿cómo podría la población elegir a sus representantes con conocimiento de causa, entender por qué las autoridades adoptan ciertas decisiones, o participar efectivamente en la cosa pública? Por consiguiente, los periodistas cumplen un papel esencial en el proceso democrático, pero se trata de una función que no está exenta de riesgos.

Balance

Periodistas Frente a la Corrupción (PFC), una iniciativa regional basada en América Latina, expresa su preocupación frente a condiciones prevalecientes en la región que laceran el pleno ejercicio de la libertad de expresión. Su monitoreo diario de la región revela una escalada de agresiones en contra de periodistas y medios de comunicación. La mayoría de éstas están vinculadas con la corrupción desenfrenada que sufre América Latina y tienen por propósito frenar a aquellos periodistas y medios que investigan y exponen este flagelo. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) piensa que el hostigamiento y violencia sufrida por los periodistas latinoamericanos durante estos últimos años representan un "retroceso a la libertad de prensa".

Libertad de Expresión y Corrupción.

Las investigaciones y los reportajes periodísticos sobre el problema de la corrupción aumentaron significativamente en estos años en los países de América Latina. La cantidad de reportajes, su calidad y la persistencia que han mostrado los periodistas y medios de comunicación, los posicionan como la más potente fuerza anticorrupción de la región.

La corrupción tiene un efecto devastador en la estabilidad política, en la productividad económica, en los niveles de pobreza y en la vigencia de los derechos humanos. Como lo destacó el informe anual de la organización internacional Human Rights Watch, publicado en enero de 2003: en América Latina la corrupción «más que ningún otro factor» erosiona la confianza de la población en sus gobiernos, y en última instancia, en la democracia.

Sólo en el año 2001, PFC identificó 114 represalias en contra de la prensa motivadas por investigaciones o reportajes sobre la corrupción . En el año 2002 se registraron 197 agresiones en los países latinoamericanos donde se habla español y en el 2003 se registraron 143 casos.

Un informe reciente del Instituto Internacional de Prensa señala que América Latina "sigue siendo la región más peligrosa del mundo para trabajar como periodista". Es muy raro que las autoridades investiguen diligentemente las amenazas o ataques que sufre la prensa, y es menos frecuente que los implicados reciban castigos apropiados.

En el 2002, veinte y cuatro periodistas recibieron golpes, ataques con armas de fuego o cortopunzantes, o fueron víctimas de explosivos, secuestro o destrucción de sus vehículos en Argentina (11), Bolivia (1), Costa Rica (2), México (5), Nicaragua (2), Panamá (1), Paraguay (1) y Perú (1). En el 2003, 15 periodistas más han sufrido agresiones similares en Bolivia (1), Colombia (1), Honduras (1), México (5), Panamá (4), Paraguay (1), Perú (1) y República Dominicana (1). Hubieron 66 ataques verbales, amenazas de muerte y campañas de amedrentamiento durante el 2002, afectando a 50 periodistas y 16 medios de Argentina (21), Bolivia (1), Colombia (8), Costa Rica (2), Guatemala (6), México (6), Nicaragua (4), Panamá (1), Paraguay (5), Perú (6), Uruguay (3) y Venezuela (3). Durante el 2003, hubieron 17 de tales ataques, 13 contra periodistas, en Argentina (2), Chile (1), Ecuador (2), Guatemala (3), México (5), Nicaragua (1), Paraguay (1) y Uruguay (2). Más del 90 e estas intimidaciones fueron cometidas por funcionarios y ex funcionarios y en menor grado, por grupos asociados con ellos, como los menemistas (Argentina), arnolistas (Nicaragua) y los perredistas (México).

Debido a sus denuncias sobre corrupción, 58 periodistas y medios fueron querellados en el 2002. De estos, 55 fueron demandados utilizando arbitrariamente los tipos penales de difamación, calumnias e injurias, en Argentina (7), Ecuador (1), Honduras (1), México (16), Nicaragua (1), Panamá (21), Paraguay (5), Perú (1), República Dominicana (1) y Uruguay (1). Eduardo Yáñez, un comentarista de televisión fue demandado en Chile por desacato; Sandra Maribel Sánchez de Honduras fue demandada por espionaje y la periodista venezolana Patricia Poleo fue acusada de rebelión y traición a la patria. En el 2003, 11 periodistas y medios han enfrentado demandas por delitos contra el honor en Argentina (1), Bolivia (1), El Salvador (1), México (4), Panamá (2), Paraguay (1) y la República Dominicana (1).

Además, en el 2002, tres periodistas de Argentina, Panamá y Paraguay fueron amenazados con procesos judiciales. En el 2003, otros 3 periodistas y medios de Argentina, El Salvador y Panamá, han recibido amenazas de juicios por difamación, y en el caso del último, un juez panameño ordenó arrestar a Carlos Zavala, quien lo había denunciado por supuesta corrupción. El 94 e las demandas y amenazas de un proceso judicial fueron iniciadas por funcionarios. Empresarios y jerarcas de la Iglesia Católica presentaron las demás. Siempre relacionadas a investigaciones sobre la corrupción, en el 2002 hubo 7 detenciones de periodistas de Argentina (2), México (4) y República Dominicana (1), y en el 2003, 6 más han sido detenidos en México (2) y Panamá (4). La mexicana Isabel Arvide fue detenida en el 2002 y nuevamente en el 2003. De los 13 casos, 5 estaban relacionados a demandas por difamación y calumnias; las otras detenciones fueron arbitrarias, muchas veces sin orden judicial y por eso los periodistas afectados fueron liberados.

Censura de los medios

La censura previa, interferencia o presión directa o indirecta sobre cualquier expresión, opinión o información difundida a través de cualquier medio de comunicación oral, escrito, artístico, visual o electrónico, debe estar prohibida por la Ley. Las restricciones en la circulación libre de ideas y opiniones, como así también, la imposición arbitraria de información y la creación de obstáculos al libre flujo informativo, violan el derecho a la Libertad de Expresión. - Declaración de principios sobre libertad de expresión, CIDH.

En América Latina, en donde tantos medios de comunicación están vinculados o son presionados por los partidos gobernantes, es difícil identificar los casos de censura y precisar quiénes son los responsables. Lo que se induce de los pocos casos conocidos, es que la mayoría están relacionados a investigaciones y reportajes sobre la corrupción gubernamental.

Derecho al Acceso de la Información Pública.

El Estado puede también promover una mayor exactitud de la información de los medios, procurando que los periodistas tengan acceso a la mayor información posible. Los periodistas, y todos los miembros de la sociedad, tienen derecho a obtener acceso a la información que esté en manos del Estado. La Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece:"El acceso a la información en poder del Estado es un derecho fundamental de los individuos. Los Estados están obligados a garantizar el ejercicio de este derecho. Este principio sólo admite limitaciones excepcionales que deben estar establecidas previamente por la ley para el caso que exista un peligro real e inminente que amenace la seguridad nacional en sociedades democráticas".

En el Ecuador, los últimos gobiernos han menoscabado la Libertad de Expresión y por ello, la reciente aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública ha sido una excelente medida que permitirá el mejor ejercicio de este derecho humano básico y universal.

Como ocurrió con la anticorrupción, el tema del acceso a la información es actualmente una moda en América Latina y entre otros aspectos comunes, ambos están marcados de muchas contradicciones y agendas oscuras que amenazan con socavar la labor periodística y seguir protegiendo a los corruptos.

Así las cosas, el panorama general de la Libertad de Expresión en la región no es pues alentador y por eso, habrán de hacerse todavía grandes esfuerzos para garantizarla.