Iván Velásquez, el incómodo zar anticorrupción que provoca tormentas políticas en Guatemala
AFP
Es el personaje más incómodo para los últimos gobiernos de Guatemala. Pero al mismo tiempo, pocos han logrado un respaldo tan amplio en ese país.
Es Iván Velásquez Gómez, el colombiano que se desempeña como jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).
En los últimos días ha estado en el centro de la polémica, después que el presidente Jimmy Morales lo declaró persona non grata y ordenó su salida del país.
La decisión provocó una oleada de protestas en las calles y en redes sociales, donde sus defensores usaron la etiqueta #Ivansequeda.
Muchos pidieron la renuncia de Morales, pero otros en cambio apoyaron al presidente y exigieron su expulsión del país.
La Corte de Constitucionalidad canceló la orden presidencial. Pero la crisis no para.
JOHAN ORDÓÑEZ/AFP
Alcaldes, gobernadores departamentales y el expresidente Otto Pérez Molina –encarcelado por una investigación de la Cicig y el Ministerio Público- respaldaron la decisión de Morales.
Y del otro lado, la Iglesia católica, organizaciones de derechos humanos y el secretario General de la ONU, António Guterres, apoyaron al comisionado.
Una tormenta que se vincula al trabajo de la Cicig y la Fiscalía General, le dice a BBC Mundo Jordán Rodas Andrade, procurador de Derechos Humanos.
"El comisionado es un personaje fundamental contra la corrupción y crimen organizado en Guatemala", explica.
"Ha demostrado con resultados concretos que podemos avanzar en la lucha contra la impunidad que había prevalecido históricamente".
Historia de controversias
Ciertamente las investigaciones profundas y peligrosas han sido frecuentes en la carrera de Iván Velásquez.
Nacido en Medellín, Colombia, en 1955, durante los años 90 fue procurador en Antioquía y bajo ese cargo investigó al Cartel de Cali, la organización del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria.
Velásquez y su equipo descubrieron la red de lujos y privilegios que gozaba el capo en la prisión de La Catedral, donde se encontraba.
El caso desencadenó la mayor crisis de seguridad en el gobierno del entonces presidente César Gaviria, quien permitió que Escobar permaneciera en esa cárcel que él mismo ordenó construir.
JOHAN ORDÓÑEZ/GUATEMALA
A partir de 1997, Iván Velásquez encabezó una cruzada contra las organizaciones de paramilitares, responsables de miles de muertes y desapariciones en Colombia.
La investigación de seis años llevó a la cárcel a decenas de políticos vinculados con esos grupos, incluido un primo del entonces presidente, Álvaro Uribe.
Desde entonces, Uribe se convirtió en uno de los mayores críticos de quien en su momento fue conocido como "magistrado estrella".
Y no fue el único. Por su lucha contra la parapolítica, Velásquez se ganó muchos enemigos.
Finalmente en 2012 renunció al cargo de juez auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. Un año después fue nombrado jefe de la Cicig.
La tormenta de Guatemala
Como sucedió en Colombia, en su actual encomienda Iván Velásquez también desata tormentas.
Creada en 2006 por acuerdo de la ONU y el gobierno de Guatemala, el objetivo de la Cicig es apoyar a la Fiscalía, la Policía Nacional Civil y otras instituciones para investigar delitos de cuerpos ilegales de seguridad y desmantelarlos.
Con los años, la Cicig se convirtió en un elemento fundamental para desarticular las redes mafiosas dentro del Estado.
Así, desde su designación en agosto de 2013 consiguió el encarcelamiento de políticos y empresarios acusados de corrupción. Varios más están prófugos o bajo proceso judicial.
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El caso más destacado es el conocido como La línea en 2015, una cadena de corrupción que mantiene en prisión al entonces presidente Pérez Molina, obligado a renunciar por el escándalo.
También fueron encarcelados la vicepresidenta Roxana Baldetti y casi todos los miembros de su gabinete.
Este año, una nueva investigación de la Cicig y la Fiscalía General llevó a detener a un hijo y un hermano del presidente, José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales, respectivamente.
Fueron acusados de participar en una red de fraudes, un caso conocido como Botín Registro de la Propiedad.
Pero no es todo. Hace unos días, en medio de la controversia por la expulsión del comisionado Velásquez, la Cicig y el ministerio público acusaron al presidente por financiamiento ilícito a su campaña electoral.
La Fiscalía General solicitó un antejuicio contra Morales para retirarle su inmunidad. Si el caso prospera el mandatario podría ser enjuiciado.
Complicidad
Edie Cux García, asesor legal de la organización Acción Ciudadana asegura que por esa razón el presidente decretó la expulsión del comisionado Velásquez.
"La oposición del presidente surge porque su hijo y su hermano están siendo procesados, y él tiene un antejuicio también. Su decisión fue personal", le dice a BBC Mundo.
Pero Jimmy Morales insiste en que no es verdad. En la decisión de expulsar al comisionado no hubo razones personales "como se ha hecho creer".
Según activistas en todo caso parece haber temor de autoridades a las investigaciones de la Cicig y la Fiscalía General.
Y por eso el respaldo político hacia el presidente, dice Cux García.
"La mayoría de los alcaldes ha tenido o enfrentan procesos penales por corrupción. Es obvio que defiendan su postura para mantener la impunidad".
Es la raíz del problema, añade el procurador Rodas Andrade.
"Pueden tener muchas diferencias los que se oponen a Iván Velásquez, pero tienen en común el riesgo que representa para la impunidad que han logrado en muchos años".
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