Calladitos están cambiando la Corte

Publicado en Septiembre 1, 2017  en Columnistas/Las Ideas  por María Paula Romo

Mientras estamos pendientes de qué pasa con la Fiscalía, la oportunidad de sus decisiones o el tipo penal que seleccione, hay algo muy importante que está sucediendo: el Consejo de la Judicatura elegirá a 9 de los 21 jueces de la Corte Nacional, que serían precisamente los responsables de juzgar a los funcionarios con fuero que en este momento se encuentran procesados y aquellos que seguramente se seguirán sumando a la lista (la de Odebrecht y la de muchos otros casos).

El 31 de julio el Consejo de la Judicatura anunció, en un tuit, que se iniciaban las postulaciones ese mismo día y que los candidatos y candidatas podrían postularse durante toda la semana. A la renovación de un tercio de la Corte se sumará la de dos jueces que pronto podrían jubilarse, nueve de veintiún jueces, solo a dos de los que se requiere para conformar la mayoría que –de no reformarse la Constitución– designará al próximo presidente del Consejo de la Judicatura, es decir al sucesor de Gustavo Jalkh.

Mucho en juego para un concurso que se lleva adelante con un perfil muy bajo, un concurso muy discreto a punto de entrar en una de sus últimas fases (la próxima semana se desarrollarán ya las audiencias públicas); un concurso basante opaco que recién el viernes 1 de septiembre publica la lista de los 268 postulantes que pasaron a la segunda etapa de una lista original de 600. Un concurso tan poco vigilado que la conformación de veedurías fue solicitada por el Consejo una vez terminado el plazo para presentar candidatos.

A diferencia del proceso de renovación anterior (en el año 2014 las postulaciones se realizaron entre el 3 y el 14 de julio), este año el Consejo de la Judicatura otorgó una semana exacta para la presentación de los documentos requeridos. El reglamento (reformatorio del anterior) se aprobó el día miércoles 26 de julio y se publicó unos días después tan pronto arrancó el corto plazo de una semana para reunir:

• Copias de los títulos de formación académica.
• Declaración juramentada sobre veracidad de los documentos presentados, que no se encuentra incurso en inhabilidades e incompatibilidades, su probidad notoria, etc.
• Ejemplar físico de obras jurídicas (libros y revistas)
• Listado de sentencias, autos, dictámenes fiscales, o cualquier resolución relevantes.
• Copias certificadas de demandas, contestaciones a demandas o alegatos en las causas en que ha participado el postulante.
• Evaluaciones que hubiera merecido el docente universitario.
• Prueba psicológica que certifique que el postulante “presenta o no cuadros psicopatológicos, fobias, traumas, complejos, o cualquier alteración psicológica que le impediría cumplir a cabalidad con las funciones inherentes al cargo al que aspira.
• Documentos que respalden la solicitud de acción afirmativa (discapacidad, pertenecer a quintiles 1, 2; pertenecer a pueblos o nacionalidades indígenas u originarias; ser mujer).

Una semana, la primera del mes de agosto, en medio del periodo de vacaciones en la Sierra, es poco tiempo para que quienes no hayan sido alertados con anterioridad que reúnan sus requisitos y los presenten. Es poco tiempo comparado con procesos similares o con el suyo propio unos años antes.  El Consejo de la Judicatura tiene prisa.

Por cierto, parte de los correos filtrados en los últimos días nos muestran las listas de postulantes y las “observaciones” hechas por funcionarios del Consejo y del Ejecutivo sobre cada uno de los candidatos del 2014. Estos análisis no tienen ninguna razón de ser en un proceso trasparente de “méritos y oposición”, ¿no?. Tampoco es lógica la coincidencia entre las observaciones y los resultados. No tiene explicación ni pretexto que estas listas hayan circulado o hayan sido comentadas por funcionarios del Ejecutivo.