La corrupción se olvida: 5 casos que quedaron en la congeladora
Los contratos con MCSquared, el negocio de la úrea para una sola empresa transportadora, las supuestas coimas a funcionarios para que operen casinos en el país, los contratos del circo social y el negocio de los fideicomisos del BIESS son historias que quedaron en el limbo. Si bien en algunos casos la Contraloría encontró irregularidades, el informe de responsabilidades no llegó a ver la luz pública o las investigaciones se estancaron en Fiscalía. Este recuento es parte del especial “El museo de la corrupción”, en el que Plan V narra 60 historias de irregularidades en el manejo de fondos públicos. Esta investigación aparecerá en un micrositio interactivo la próxima semana.
03 de julio del 2017
REDACCIÓN PLAN V
  1. Cely y MCSquared  
MCSquared, empresa de relaciones públicas con sede en Nueva York, fue citada por un juez de esa ciudad para que revele todos los detalles del contrato de USD 6,4 millones con el gobierno de Rafael Correa. A raíz de este hecho, que sucedió en diciembre de 2014, se conoció los negocios donde estaban relacionados altos funcionarios ecuatorianos.
MCSquared, cuya principal accionista es la ecuatoriana María del Carmen Garay, obtuvo un contrato por USD 6,4 millones de dólares para actividades de relaciones públicas para el gobierno del presidente Rafael Correa. El Mandatario justificó el contrato, pues serviría para enfrentar la supuesta arremetida de Chevron contra Ecuador. La firma estuvo envuelta en un escándalo por contratar artistas de cine estadounidenses para la elaboración de la campaña mediática contra Chevron.

En el caso MCSquared hasta el momento se desconoce, por ejemplo, qué ocurrió con el sitio web de USD 1,2 millones.
El contrato lo firmó la embajadora del Ecuador en Washington DC, Nathalie Cely, pero fue pedido por el secretario de Comunicación (SECOM), Fernando Alvarado.  La empresa había justificado USD 1,8 millones ante el Departamento de Justicia de EE.UU., pero aún faltaba el resto: USD 4,9 millones. Esta investigación la publicó Plan V, portal que desglosó los productos por los que se pagaron. Uno de ellos fue el desarrollo de una página web por USD 1,2 millones. Por este tema, los periodistas de Plan V fueron insultados por Correa en una sabatina. La Contraloría finalmente dijo que no encontró irregularidades en el contrato. En su informe dice que los productos fueron recibidos a satisfacción por la SECOM y en el plazo establecido. Pero hasta el momento se desconoce, por ejemplo, qué ocurrió con el sitio web de USD 1,2 millones.
Cely dijo que no tuvo nada que ver con ese contrato. Pero investigaciones periodísticas destaparon que hubo una serie de negocios entre empresas vinculadas a la exembajadora y exministra -como Stratega BDS- con el Estado.
Año de la denuncia: 2014
Denuncia penal: No
Estado actual: No hubo proceso
N. de sancionados: 0
Instituciones relacionadas: Secom y Embajada de Ecuador en EEUU
Autoridades relacionadas: Fernando Alvarado, exsecretario de Comunicación; Nathalie Cely, exembajadora de Ecuador en EEUU
Documento importante/Publicación destacada. Publicación en Plan V
  2. Vialmesa  
En mayo de 2012, diario El Universo publicó que la empresa de transportes Vialmesa monopolizaba el transporte estatal de úrea en el país, que el Gobierno importaba desde Venezuela. La investigación demostró que la firma concentró todos los contratos otorgados por la Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA). Esto a pesar que la empresa apenas había sacado su permiso de operación y solo tenía tres camiones. Tras las contrataciones, la empresa llegó a tener hasta 18 vehículos.
“Según la Superintendencia de Compañías, al 28 de noviembre del 2011, Vialmesa tiene dos accionistas, Villavicencio y Mendoza. Pero en su origen aparece un tercer socio fundador, Camilo Jalca Villegas, el chofer personal de José Alvarado Echeverría, hijo del secretario Nacional de Comunicación, Fernando Alvarado Espinel”, informó el medio. La Corporación Financiera Nacional también contrató a Vialmesa.

En el caso Vialmesa, aunque la Contraloría halló irregulariades, se desconoce hasta la fecha si el ente de control determinó responsabilidades.
“Que revise lo que le dé la gana Contraloría... Ya sabrán los aludidos defenderse, pero yo no voy a legitimar a un diario como EL UNIVERSO...”, dijo el presidente Rafael Correa el 29 de mayo de 2012. Ese mismo día, el gerente de Vialmesa admitió la cercanía de Alvarado, pero negó influencia. El exasambleísta Galo Lara (hoy en la cárcel) presentó una denuncia ante el entonces fiscal Galo Chiriboga por “peculado por contratación indebida”. Pero al ser consultado por la denuncia, el fiscal Chiriboga dijo: “Perdone, no sé cuál es el caso de Vialmesa”. Más tarde Chiriboga descartó que Alvarado estuviera involucrado.
La Contraloría anunció que abriría una investigación por estas denuncias para analizar las contrataciones en el 2010. Pero recién en el 2016 publicó su examen a las contrataciones de la UNA entre junio de 2013 a diciembre de 2015. Fue el primer control que realizó la institución a la empresa estatal. Según sus resultados, Vialmesa siguió siendo beneficiaria de adjudicaciones, bajo la figura del “giro específico de negocio” y sin que cumpla con los requisitos solicitados por la entidad pública. Se desconoce hasta la fecha si la Contraloría determinó responsabilidades.
Año de la primera denuncia: 2012
Denuncia penal: Sí, por peculado
Estado actual: No hubo proceso
N. de sancionados: 0
Instituciones relacionadas: Unidad Nacional de Almacenamiento, Banco Nacional de Fomento, Ministerio de Agricultura
Autoridades mencionadas: Fernando Alvarado Espinel, exsecretario Nacional de Comunicación; Roberto Barriga Ayala, exgerente general del BNF; Ramón Espinel, exministro de Agricultura.
Documento importante/Publicación destacada. Investigación de El Universo. Parte 1, Parte 2
  3. Invermun  
Invermun fue el caso donde se investigó la supuesta entrega de coimas a funcionarios públicos para que autoricen la operación de casinos de esa empresa. El denunciante fue Jaime Solórzano, exempleado de Invermun. El 22 de septiembre 2009,  Solórzano fue a la Notaría 38 de Guayaquil para hacer una denuncia de soborno de Invermun a los hermanos Alvarado Espinel (Vinicio, Fernando y Carlos), a su primo, el jefe político de Guayaquil, Luis Humberto Monge Espinel; al también exasambleísta Juan Carlos Cassinelli, cuyo estudio jurídico ase­soraba a Invermun, entre otros.
En una parte de su declaración difundida por el extinto diario Hoy, Solórzano dijo: “Yo, en persona, y en la oficina de Víctor Lescano, gerente de Invermun, entregué dinero a Vinicio Alvarado en un sobre manila. Le di USD 10 mil en billetes. Eso ocurrió una sola vez a él y otra vez al hermano Fernando”. En octubre de 2009, la Fiscalía allanó Invermun. Dos directivos de la empresa tuvieron órdenes de captura por evadir impuestos.

Jaime Solórzano, exejecutivo de Invermun y denunciante de los supuestos sobornos, fue procesado penalmente. 
En el caso Invermun, la Fiscalía abrió una indagación previa por las denuncias de sobornos, cuyos resultados se desconocen.
Esa misma denuncia la hizo el 12 de octubre Fabricio Correa, hermano del exmandatario, en los medios y en la Comisión de Participación de la Asamblea.  Allí presentó dos declaraciones juramentadas que Solórzano le entregó sobre la presunta entrega de coimas. Pero Correa no midió que  las acusaciones salpicarían a su hermana, Pierina.  Solórzano destapó el apoyo financiero a la campaña de Pierina a la Prefectura del Guayas. Pierina Correa dio su testimonio en este caso y negó el aporte.
Alexander Rosenberg, presidente ejecutivo de Invermun, rechazó también que la empresa haya efectuado el pago de sobornos. Solórzano fue denunciado por los hermanos Alvarado y Cassinelli. Fue sentenciado a tres meses de prisión por injurias en agosto de 2012. La Fiscalía abrió una indagación previa por las denuncias de sobornos, cuyos resultados se desconocen. 
Año de la primera denuncia: 2009
Denuncia penal: Sí, por injuria
Estado actual: Sentencia
N. de sancionados: 1 por injuria
Autoridades mencionadas: Fernando y Vinicio Alvarado, exministros; Luis Humberto Monge Espinel, exjefe Político de Guayaquil y primo de los Alvarado; Julio César Quiñónez, ex Intendente de Policía del Guayas; Juan Carlos Cassinelli, exasambleísta
Documento importante/Publicación destacada. Publicación en Vanguardia
  4. Circo social  
Fue un proyecto de la Vicepresidencia de la República durante la gestión de Lenín Moreno. Su objetivo era crear oportunidades para jóvenes en situaciones de riesgo. Arrancó en 2011 e incluía un programa de televisión para promover la propuesta y las carpas para los circos en Cuenca, Guayaquil, Quito y Tena. El proyecto costó USD 10,9 millones.
Según un informe de la Contraloría, hubo deficiencias en las estructuras hechas por la empresa Fabrec. Fabrec, que antes se llamó Tecnistamp, tiene un historial marcado por irregularidades. En 2012, la Fiscalía de Pichincha abrió en octubre del 2012 una indagación previa por presunto peculado contra la hoy empresa pública.  Fabrec pidió prórrogas para la entrega de este contrato, pero al final no cumplió.
Se compró además sistemas de iluminación y cortinaje escénico que no fueron usados. Fueron donados a la Orquesta Sinfónica Nacional y a teatros. También halló que el programa de televisión sobre El Circo Social no fue difundido.

El proyecto de los circos sociales tenía como objetivo apoyar a los jóvenes en situaciones de riegos. Cuenca (foto) fue uno de las ciudades elegidas, pero la iniciativa no se concretó. 
Otro hallazgo: El 23 de diciembre de 2013, el Ministerio de Cultura efectuó dos transferencias al Municipio de Quito por USD 800.000 y USD 1 millón para la construcción de la carpa circense de la capital y la sostenibilidad del proyecto.
La Contraloría constató la devolución solo de USD 500 mil. "Quedando un saldo por devolver de USD 1,3 millones, valor que no se pudo determinar su uso o destino de acuerdo a lo estipulado en el Convenio interinstitucional principal y modificatorio". Después del examen del ente de control fueron devueltos solo USD 300.000.  Se desconoce aún si el monto restante fue devuelto.
Año de la primera denuncia: 2016
Denuncia penal: No
Estado actual: No hubo proceso
N. de sancionados: 0
Instituciones relacionadas: Municipio de Quito, Ministerio de Cultura, Secretaría Técnica de Discapacidades
Autoridades mencionadas: Lenín Moreno, exvicepresidente de la República
Documento importante/Publicación destacada: El informe de Contraloría.
  5. BIESS y el negocio de los fideicomisos  
En febrero de 2013, la desaparecida revista Vanguardia publicó irregularidades en el manejo de proyectos inmobiliarios del BIESS, el banco del IESS. Todo comenzó a raíz de la constitución del Fideicomiso de Inversión y Administración del IESS para el Desarrollo del Mercado Inmobiliario (Fiaidmi), en diciembre de 2010. Este era administrado por una Junta, pero la aprobación de los proyectos solo los podía dar el Comité de Negocios Fiduciarios y el Directorio del BIESS. La publicación mencionó un total de 49 fideicomisos, en los cuales estaban comprometidos alrededor de 617 millones, que fueron aprobados únicamente por la Junta, sin tener competencia para hacerlo. Semanas después de esa publicación salieron de sus cargos dos directivos, Gustavo A bdo y Javier Orti, los encargados de los fideicomisos.
Vanguardia también denunció que el BIESS no solo aprobó de manera irregular sus inversiones, pues los funcionarios que lo hicieron no tuvieron competencia para ello, sino que prestó dinero a varias de las empresas que se iban a encargar de levantar las edificaciones en las que invertía. Acciones que no estaban en ninguna normativa.
Según la revista, 18 proyectos se aprobaron con financiamiento directo del BIESS. “En total se negociaron más de USD 27 millones en esos créditos, a tasas que oscilaron entre el 6,5% y el 8,2% anual. Paradójicamente, la tasa de los préstamos quirografarios para afiliados al IESS es de 9,75% anual”.  Una auditoría interna halló además que la Junta del Fiaidmi aprobó ocho proyectos que superaban los USD 10 millones, algo que solo lo podía hacer el Directorio del IESS.

Pero los fideicomisos inmobiliarios también fueron analizados por la consultora privada Goldenbond.  El Universo publicó sus conclusiones: “En algunas obras, la consultora evidenció que no existen estudios técnicos ni permisos de construcción; que el control del BIESS sobre el dinero y los bienes aportados es inadecuado; que hay irregularidades en la contratación de constructores, fiscalizadores, arquitectos, comercializadores y gerentes de obra; y que algunos de esos contratistas no han entregado las pólizas que garanticen su trabajo. Asimismo, determinó que el BIESS había desembolsado sus aportes, pese a que algunos terrenos aún no estaban disponibles para la ejecución de los proyectos”, entre otros.
Los préstamos del BIESS fueron otorgados para tres ámbitos: para constructores, para sectores industriales y sectores estratégicos. En esta última área, el fideicomiso que más llamó la atención fue el que se formó para la hidroeléctrica Toachi Pilatón, uno de los proyectos emblemáticos de la Revolución Ciudadana.
Vanguardia señaló que este fideicomiso se constituyó el 23 de mayo de 2011 entre el BIESS y la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC), representada por la Empresa Pública Hidrotoapi. Entre los hallazgos está que no hubo fiscalizador para la obra, la escritura de su constitución tardó meses en ser registrada y se hallaron  desembolsos mayores a los registrados en los balances. Durante la gestión de Ramiro González frente al IESS, Efraín Vieira en el BIESS y Gustavo Abdo como Gerente de Negocios Fiduciarios se constituyeron fideicomisos para Pañacocha, CELEC I, CELEC II, Petgas y Geopetsa, esto solo al 2011. En junio de 2015 se conoció que el BIESS invirtió USD 653 millones en sectores estratégicos y USD 176 millones en proyectos inmobiliarios. Después de las denuncias, el Biess procedió a liquidar 21 fideicomisos inmobiliarios.
La Contraloría confirmó las irregularidades en un examen publicado en 2015. Una de sus conclusiones dice que se otorgaron “créditos directos a los constructores y compañías relacionadas, sin que estas operaciones se encuentren amparadas en las disposiciones legales vigentes”.  Pero de responsabilidades no se conoce nada hasta el momento.  El manejo del BIESS ha sido un misterio y, según una última publicación periodística, la estructura de los fideicomisos siguió intacta al menos hasta la administración de Richard Espinosa frente al IESS.
Año de la primera denuncia: 2013
Denuncia penal: NO
Estado actual: No hubo proceso
N. de sancionados: 0
Instituciones relacionadas: IESS, BIESS
Autoridades mencionadas: Ramiro González, expresidente del directorio del IESS;  Efraín Vieira, exgerente del BIESS; Gustavo Abdo, exgerente de Negocios Fiduciarios del BIESS; Richard Espinosa, expresidente del directorio del IESS