miércoles, 19 de julio de 2017


El Telégrafo: una aberración que no se elimina con Larenas

  en La Info  por 

Si en algo fue inmensamente exitoso el correísmo es en haber logrado que la sociedad asuma como normal las anomalías más aberrantes que puede sufrir un sistema democrático. Diez años parecen ser suficientes, por ejemplo, para que los ecuatorianos se pongan a discutir sobre cuál debería ser la nueva línea editorial de El Telégrafo como si la existencia de ese diario de propiedad del gobierno no fuera, en sí, una anomalía.
En esta discusión participa un sector que sostiene que nombrar como director de El Telégrafo a alguien como Fernando Larenas que no ha sido parte del Gobierno y que, más bien, ha tenido una posición crítica del correísmo es una traición a la revolución ciudadana y al proyecto político de Alianza País. Por el otro lado están quienes sostienen, pletóricos de esperanza y optimismo, que con el nombramiento del nuevo director finalmente se tendrá un diario público que no responda a los intereses de un partido.
Lo unos y los otros discuten, sin embargo, sobre un absurdo. El Telégrafo es una aberración salida de la mente de Vinicio Alvarado y el debate sobre si el nombramiento del nuevo director es una traición o la reivindicación de lo público es asumir como normal y legítima la existencia de esa aberración.
Veamos. En la lógica de quienes están indignados con el nombramiento de Larenas, Lenín Moreno ha traicionado a su proyecto político.  Se trata de una visión que asume como normal y correcto que El Telégrafo pertenezca al partido de gobierno. Lo más insólito de esta argumentación, sin embargo, no es ya la distorsión brutal del concepto de lo público que existe en parte de la sociedad ecuatoriana, sino que se la asuma como algo tan normal que no hay problema en sostenerla públicamente sin ruborizarse siquiera.  En efecto, Marcela Aguiñaga dijo en declaraciones a Ecaudorinmediato que la prueba del error del nombramiento está en que ésta ha sido saludada por Guillermo Lasso.  Aguiñaga está convencida de que El Telégrafo, como órgano de propaganda de un movimiento político, es parte de la institucionalidad del país. “Si algo, en estos diez años, me parece que el gobierno de Rafael Correa quiso crear en este país fue institucionalidad, y las institucionalidades deben respetarse”, dijo Aguiñagaen Ecuadorinmediato. ¿Un diario que se financia con dineros públicos para servir a un movimiento político puede ser parte de la institucionalidad? Conceptualmente esa posibilidad es un contrasentido, pero en la práctica parece eso se lo está asumiendo como parte de la realidad.
Del otro lado están quienes celebran el nombramiento de Larenas asegurando que, con él, finalmente El Telégrafo será un medio público. En esta corriente está el ex candidato presidencial Guillermo Lasso, que ha felicitado a Lenín Moreno por su decisión. Según el ex candidato, El Telégrafo “finalmente será manejado como un medio público”.  Creer y decir que con la llegada de un periodista independiente a El Telégrafo ese diario va a pasar a ser un medio público no solo que es iluso sino que no aporta, en absolutamente nada, a un verdadero debate sobre la construcción de medios auténticamente públicos. El Telégrafo no tiene ningún paraguas jurídico ni institucional que garantice que este gobierno, o cualquier otro, pueda influir en la política editorial. Y mientras no se articule esa institucionalidad jurídica, El Telégrafo no será, ni por asomo, un medio público.
Para comenzar, el simple hecho de que Larenas sea nombrado por el presidente Moreno hace de ese cargo un cargo político. Por más méritos y buenas intenciones que tenga el nuevo director, que sí los tiene y de sobra, siempre llegará el día en que sus decisiones terminen siendo influenciadas por el poder o terminará renunciando en pocas semanas. Y así no hay independencia posible y el medio terminará inexorablemente siendo portavoz del gobierno.
Los medios realmente públicos, que existen en las democracias maduras, tienen estructuras institucionales que aislan, de la mayor manera posible, al gobierno sobre el manejo editorial de los medios. El ejemplo por antonomasia de esto es la BBC de Londres que es manejada por un board o consejo integrado por personas perfectamente independientes del gobierno. Es famosa la historia de cómo ese medio se resistió a los intentos de Margaret Thatcher a que tome una posición pro británica durante la guerra de Las Malvinas, por ejemplo. De hecho, Thatcher murió convencida de que la BBC había estado del lado del “enemigo” durante la guerra y nunca perdonó a ese medio que no se haya referido a los soldados británicos como “nuestros soldados” sino en tercera persona como los “soldados británicos”. 
En el mundo entero son contadísimos los casos de diarios que son propiedad del Estado o del partido en el gobierno. Éstos se limitan a países donde hay dictaduras como Cuba o democracias precarias como Kenya. De hecho, en ninguna democracia europea hay diarios públicos, aunque sí hay radio y televisión pública por el simple hecho de que el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado.
El correísmo lesionó la idea que la sociedad ecuatoriana tiene sobre lo que significa la esfera pública. El Telégrafo no va a ser un diario público aunque se nombre como director a alguien que ha sido independiente del poder. Para que pueda ser público, si es que un diario puede llegar a serlo, tiene que construirse primero una institucionalidad que lo aísle de Moreno o cualquier otra persona que ocupe la Presidencia o cualquier otra función del Estado. No es un tema de buenas intenciones.
Si Alianza País quiere tener un diario propio, como parece que es la aspiración de Marcela Aguiñaga, debería financiarlo con sus fondos partidistas. Pretender que lo paguen los ecuatorianos que no tienen nada que ver con ese movimiento político es pretender que el peculado ya no sea delito.
El gobierno de Lenín Moreno ha dado sin duda un paso interesante con el nombramiento de Larenas y es perfectamente entendible que en las redes sociales se hayan encendido los enhorabuenas. Pero de una y otra forma, quienes han apoyado al gobierno por el nombramiento, están colaborando en la legitimización de la aberrante existencia de El Telégrafo. El problema no está en Larenas, sino en los orígenes mismos del diario.
Lenín Moreno debería pensar en encontrar una fórmula legal e institucional para que El Telégrafo y todos los medios administrados por el gobierno dejen de ser una parcela de poder de Alianza País. Se trata de devolverle a la sociedad algo que le ha sido ilegal e inmoralmente expropiado. Y junto a eso debería también presentar las cuentas de cuánto ha representado al erario nacional su funcionamiento. ¿Cuánto costó el funcionamiento de El Telégrafo desde que fue absorbido por el Gobierno de Rafael Correa? ¿Cuánto cuesta que siga funcionando ese diario?

Devolver a la sociedad lo que le fue arrebatado sin su consentimiento ni información, es la única forma de construir una auténtica esfera pública.  El resto solo sirve para la anécdota.

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