¡FUERA GLAS!

Alrededor de los días de la Constituyente de Montecristi, en un airado discurso Rafael Correa fustigaba así los pagos indebidos que recibían los funcionarios públicos: “Donde mayores niveles de corrupción existe es en la contratación pública, sabemos que ya está establecido el 25% en comisiones. Señores de Odebrecht, con todo respeto…, todas las transnacionales y empresas extranjeras que funcionan en el país: esto se acabó!”

Esa alocución dista de las palabras del ex mandatario quien, en medio de la campaña electoral del 2017, justificó las coimas que entregan las empresas corruptoras, porque “al salir de sus comisiones no afectarían al Estado ni a los ciudadanos” o también porque se tratarían de “acuerdos entre privados”.

Entre esos momentos relatados el Ecuador fue testigo en el año 2008 de la expulsión de la transnacional de origen brasileño y de su retorno para el 2010, luego de que las partes convinieron una transacción en que la compañía se comprometía a: reparar las fallas de la hidroeléctrica San Francisco, pagar una indemnización de USD. 20millones y en contraparte el Estado le permitía continuar operando en el país sin las glosas de responsabilidad determinadas por la Contraloría por un valor de USD. 80millones[1].

Pero el peculiar regreso de Odebrecht no tenía sólo el propósito de reparar la central de generación eléctrica, sino de lograr adjudicarse cuantiosos contratos. Así, antes de la expulsión, las obras bajo la responsabilidad de construcción de la transnacional sumaban los USD. 800millones y a partir de su retorno fue beneficiaria de contratos por otros USD. 3.300millones (de estos la estimación de sobrecostos sería de USD. 857millones).

Detrás de ese favoritismo que asignó la construcción de infraestructuras a la compañía brasileña están millonarias coimas entregadas a funcionarios del Estado[2]. Al momento los montos de los sobornos que se conocen sólo corresponden a los datos entregados por organismos judiciales y de control de otros países, pues aún hace falta que se investiguen los depósitos que otras transnacionales hicieran en distintos paraísos fiscales[3].

Las delaciones hechas por algunos de los ejecutivos de esas compañías comprometen la participación de funcionarios del Estado ecuatoriano bajo siglas o pseudónimos. Así VP (probablemente vicepresidente), JG, Vidrio son algunos de los códigos usados por las empresas coimadoras en los depósitos realizados para recompensar la adjudicación de contratos alrededor de las áreas estratégicas del Estado que durante 10 años fueron dirigidas por Glas, de allí que no se requiere de un criptógrafo para deducir quién se habría beneficiado de los pagos ilegales hechos por las transnacionales.

Las investigaciones desarrolladas por los organismos de control y justicia del Ecuador han devenido en varios allanamientos, apresamientos y comparecencias; y a pesar de su lentitud no pueden omitir la relación en los actos de corrupción de familiares del actual vicepresidente, quien de inmediato, siguiendo el libreto de Correa, declaró el desconocimiento público de las actividades ilícitas cometidas por sus parientes. Al parecer las lecciones del caso del Gran Hermano fueron practicadas por el alumno de Rafael en el caso del Querido Tío.

Lo anecdótico es que pese a estos antecedentes, 5 de 7 miembros del Consejo Administrativo de la Legislatura (CAL), asambleístas de Alianza País y sus aliados, inadmitieron el trámite para llamar a juicio político a Jorge Glas, la excusa que presentaron es que la petición no cumplía con los requisitos de procedimiento. Esta decisión del oficialismo no es más que una burda maniobra por encubrir al menos la responsabilidad política del vicepresidente en los actos de corrupción, incluso pueden estos acólitos constituirse en cómplices por omisión de los actos en los que esté involucrado el señor Glas.

Es evidente que la mayoría del CAL se atribuyó funciones que no le corresponden a su naturaleza administrativa y el cuestionado espíritu de cuerpo de los coidearios ovejunos se reduce a la incapacidad de disentir ante las disposiciones emitidas desde el oráculo belga de alguna ex majestad presidencial.

Por ahora Glas eludió el juicio político porque la correlación de fuerzas dentro de los asambleístas oficialistas es favorable a los designios de Correa, a pesar que cada vez es más incómoda la presencia del vicepresidente en Carondelet.

Las pugnas por ganar la hegemonía en el oficialismo irán creciendo y su definición pronóstica el otoño del patriarca de la década, mientras que el futuro de Glas pende de una cuerda muy floja que amenaza en arrastrar, como si se tratase de un tsunami, a parientes, socios, acólitos y otros compañeritos.

Por ello aquel discurso que apela a la denuncia del desarrollo de un golpe blando es tan distractivo como fantasioso para ilegitimar la creciente opinión social que responsabiliza de los actos de corrupción a los responsables políticos del decenio anterior.

Y aunque la admisión y desarrollo de un juicio político en la Asamblea Nacional es improbable, más aún la censura y destitución por la exigencia constitucional de las 2/3 de los asambleístas (91 de 137), es urgente comprender que la única garantía para una sanción ejemplar a los corruptos es la movilización popular generalizada orientada por la consigna ¡Fuera Glas!.

Sólo es cuestión de tiempo, los peces gordos caerán.

[1] En esa negociación fue decisiva la participación de Ciro Camilo Morán Maridueña, pariente político del vicepresidente Jorge Glas. Hay que recordar que Morán al momento de la expulsión de la transnacional fue gerente de Hidropastaza y para el retorno de la misma estuvo al frente de Ecuador Estratégico e Hidrolitoral.

[2] Las delaciones en el caso Odebrecht denunciaron la entrega de USD. 33,5millones, mientras que en el caso Caminosca los sobornos ascienden a USD. 3,3millones. Es indispensable que la Fiscalía General del convoque a otras empresas constructoras, mineras, petroleras, azucareras, cementeras, gasíferas, etc., para que expliquen cómo lograron la adjudicación de contratos, licitaciones, concesiones, privatizaciones del Estado ecuatoriano.

[3] Sólo a partir de las denuncias internacionales los sobornos de Odebrecht fueron conocidos e investigados por los organismos estatales del país, sin ellas estas coimas tendrían quizás el carácter de sospechas, mentiras infundadas de la oposición o actividades conspirativas de los inestabilizadores de la institucionalidad.

Lcdo. Francisco Escandón Guevara
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