La OIT exige al gobierno restitución de la UNE
Rosa Pavanelli, dirigente mundial de la Internacional de Servicios Públicos, ISP, estuvo en Quito para ratificar su apoyo al pedido de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, al estado ecuatoriano, para restituir sus derechos a la Unión Nacional de Educadores. Plan V conversó con la representante de 20 millones de afiliados en 154 países.
20 de julio del 2017
REDACCIÓN PLAN V
Rosa Pavanelli, secretaria general de la ISP, representa a 20 millones de trabajadores de servicios públicos en todo el mundo, en 154 países. Ella llegó al Ecuador para visitar a los afiliados a la Internacional de Servicios Públicos y para acompañar la decisión del Comité de Normas de la Organización Mundial del Trabajo, OIT, que recomendó al gobierno del Ecuador el cumplimiento del Convenio 87 sobre libertad de organización de los trabajadores públicos, sobre todo respecto al acto de disolución de la Unión Nacional de Educadores, UNE, resuelto en el gobierno de Rafael Correa.
Ella también fue a Pedernales, donde la ISP tiene un proyecto de reconstrucción junto a los trabajadores del Municipio. Su impresión de la zona del desastre es que la situación está muy atrasada. No hay un fomento en la actividad de reconstrucción. Un año y tres meses después del terremoto, el Municipio de Pedernales sigue despachando en un contenedor. No es una señal positiva, dice, pues el cabildo es la institución principal para los ciudadanos. Además, la situación de los trabajadores sigue siendo más que pobre. No tienen herramientas para hacer su trabajo, sus condiciones higiénicas son precarias, no hay protección industrial y menos hay inversión en la capacitación a los trabajadores en prevención de desastres.
Reunión con los trabajadores de Pedernales. La dirigente mundial hizo críticas al desarrollo de la reconstrucción.
La situación de la UNE es paradigmática para esta dirigente mundial. Por eso, a pesar de que la mayoría de los miembros de la UNE no son afiliados a la IPS, ellos han decidido apoyar su lucha.
ISP tiene experiencia en desastres naturales. Pavanelli es de Italia, donde ocurren desastres dramáticos. Sin embargo, ella aclara que este sindicato mundial no es una organización humanitaria ni de caridad. Si tienen que ayudar en el momento de una tragedia se hace, pero en su condición de sindicatos, tienen que cuidar que los trabajadores tengan la formación suficiente para enfrentar desastres y servir a la comunidad.
La situación de la UNE es paradigmática para esta dirigente mundial. Por eso, a pesar de que la mayoría de los miembros de la UNE no son afiliados a la IPS, ellos han decidido apoyar su lucha. La recomendación de la OIT pidió que se eche abajo la disolución de la UNE. Este es el primer paso para abrir una discusión sobre la reforma constitucional con las enmiendas que afectan a los derechos de asociación y libre expresión de los servidores públicos del Ecuador. Si se consigue abrogar la disolución de la UNE, hay un precedente para revisar la constitución. Si eso se logra, ella cree que se puede empezar un diálogo para revisar la constitución.
El ministro de Trabajo ha dicho que está satisfecho con las recomendaciones de la OIT, en las cuales el organismo mundial que regula las relaciones laborales. La OIT advertió al estado ecuatoriano que no puede interferir en la decisión de los trabajadores de cómo quieren organizarse, que debe enmendar las leyes que prohíbe organizarse a los servidores públicos y que debe permitir su derecho a la contratación colectiva, y, finalmente, establecer una mesa de diálogo entre los sindicatos y las asociaciones de empleadores para que se implemente la Convención 87 de la OIT donde el tema sigue siendo la exclusión de los servidores públicos del poder de negociación colectiva.
Para la dirigente sindical mundial, resulta extraño que a las mesas de diálogo instauradas por el gobierno de Moreno, ni en el Consejo de la Producción, que por orden presidencial lo dirige el vicepresidente, Jorge Glas, no se haya invitado a los organismos sindicales y tampoco participen en estos procesos.
La violación del derecho fundamental de la UNE a existir fue muy claro para la OIT, dice esta dirigente mundial: "La evidencia fue tan clara, y tan bien preparada la argumentación que nadie pudo decir que no era verdad". A eso se agrega el tema del Convenio 98, de la OIT. Son dos temas que claramente muestran cómo en Ecuador el gobierno está desfasado. No sigue adecuando sus leyes a las normas internacionales. Ese para ella es el tema.
El comité dijo al gobierno ecuatoriano que "La Comisión expresa su profunda preocupación por la disolución administrativa de la UNE e insta al Gobierno a que tome con urgencia todas las medidas necesarias para que se revoque dicha decisión y que la UNE pueda volver a ejercer de inmediato sus actividades. La Comisión pide al Gobierno que informe sobre todo avance a este respecto."
El 29 de agosto del 2016, la policía nacional allanó los locales del gremio en Quito y Guayaquil. La ISP solicitó a la OIT la intervención urgente en este caso.
El organismo recordó al gobierno que los órganos de control de la OIT ya le habían recomendado que se registrara la nueva directiva de la UNE y ratificó que la inviolabilidad de locales y bienes sindicales es una de las libertades civiles esenciales para el ejercicio pleno de los derechos sindicales; además solicitó al gobierno, garantizar que la UNE pueda llevar a cabo sus actividades sindicales legítimas, reportó la información oficial de la Unión Nacional de Educadores. El gobierno de Correa-Glas hizo caso omiso del pedido y ejecutó la disolución. Casi un año después vino la recomendación de la OIT, luego de oir al estado y a la Unión Nacional de Educadores para que restituya sus derechos a la UNE. El presidente Lenín Moreno no se ha pronunciado si va a cumplir el pedido de este organismo de las Naciones Unidas, del cual Ecuador es signatario.
Recibimos a @rosapavanelli, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos, abordamos sobre el derecho de los #Trabajadores. pic.twitter.com/TQhubhGT0J
Recibimos a @rosapavanelli, Secretaria General de la Internacional de Servicios Públicos, abordamos sobre el derecho de los #Trabajadores.
La dirigente se reunió en Quito con la Comisión de Derechos Laborales de la Asamblea Nacional. Y luego se reunió con el ministro del Trabajo, en la cual plantearon los argumentos en nombre de la ISP, para que los sindicatos del sector público tengan derecho a la negociación colectiva.
Un apoyo contra los paraísos fiscales
El sindicalismo público mundial, a pesar de cuestionar la disolución de la UNE y la prohibición del derecho a la contratación colectiva y la libertad sindical, apoya al gobierno del Ecuador en su lucha contra los paraísos fiscales. en el sentido de lograr un sistema justo de impuestos sobre las multinacionales. La ISP está involucrada en el tema desde hace tres años, y se siento orgullosa de decir que la organización que Pavanelli representa lidera una campaña mundial por la justicia fiscal, en la cual han apoyado la constitución de una comisión independiente para la reforma a los impuestos para las corporaciones multinacionales. Aquí comparten una posición del gobierno ecuatoriano, que es la propuesta de crear con la ONU un organismo que pueda definir un sistema global de impuestos para las multinacionales.
La ONU tiene el Global Compact donde todas las multinacionales se unen para asesorar a las agencias de la ONU en cómo utilizar el capital privado y las donaciones privadas para implementar los objetivos de desarrollo sostenible. Creemos que hoy en día —dice Pavanelli— la injusticia más grande y la causa primera de aumento de la pobreza es la injusticia fiscal. Las multinacionales no pagan sus impuestos en los países donde produce y ganan sus beneficios.
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