Diego C. Delgado Jara
1. Mientras en la República del Perú, al igual que en otros países, por actuación de autoridades judiciales independientes, y por la clara e inequívoca voluntad política de la actual dirección de su Estado, se conoce a la perfección quienes han recibido dinero, y los montos, de la empresa brasileña ODEBRECHT, empezando por los involucramientos de tres ex presidentes: Alejandro Toledo, Alán García Pérez y Ollanta Humala Tasso, enjuiciados y con órdenes de captura, en la República del Ecuador, en proceder histórico lamentable, salta a la vista la conducta rampante de quienes como dueños de la Justicia, asaltada luego de un proceso electoral turbio y hasta fraudulento del 7 de mayo del 2011, se protege a los grandes sospechosos en proceder descarado, desafiante, repulsivo y vergonzoso, sin precedentes en la vida nacional desde la fundación de la República.
2. Como ciudadano uno no puede precisar si es más exacto hablar de una MAFIOCRACIA o de una CLEPTOCRACIA, o de una conjunción indisoluble de las dos, donde es evidente que algunas autoridades parecería que desde hace años se organizaron de manera premeditada para el robo y el atraco impune, para depredar la riqueza nacional, para asaltar las arcas fiscales y reformar leyes que desaparezcan delitos y para blindarse con impunidad inconcebible para las consecuencias jurídicas de sus actos delictivos.
3. El único país que contrató un estudio jurídico en Brasil para “obtener la información inmediata de los principales implicados” del caso Odebrecht fue el Ecuador. Viajó con todo estrépito y algarabía una delegación oficial del más alto nivel a esa nación para contratar el estudio jurídico TOZZINI FREIRE. Pero resulta que Ecuador, en los hechos, para vergüenza de las autoridades de la época, es el único país que no tiene ninguna información. Debería viajar una delegación parlamentaria a Brasil para obtener una copia del contrato con este estudio jurídico y demandar la devolución de sus fondos por el notorio incumplimiento de su obligación informada en el país; salvo que el verdadero objeto del referido contrato hubiese sido exactamente al revés, esto es impedir la difusión de los nombres de los involucrados ecuatorianos y de los montos recibidos; que es exactamente lo sucedido a la luz de los acontecimientos. No olvidemos que en dicha delegación para contratar al estudio jurídico brasileño viajaron encumbradas autoridades pertenecientes a la Secretaría Nacional Jurídica de la Presidencia de la República del Ecuador del período dirigido por el Eco. Rafael Correa.
4. En la República del Perú, el presidente Pedro Pablo Kuscinsky, al conocer este escándalo, emitió hace varios meses un Decreto Ejecutivo con ocho decisiones o puntos de cumplimiento obligatorio. Primero: Ninguna empresa involucrada en actos de corrupción pueden contratar o permanecer en Perú, empezando por la empresa corrupta y corruptora Odebrecht. Segundo: Todo funcionario involucrado en acto de corrupción será sujeto de castigo o muerte civil, de tal modo que perdería su puesto de trabajo y nunca más podría ser parte de la administración pública de dicho país. Tercero: Todo contrato que cualquier empresa suscriba en el Perú tendrá una cláusula anti-corrupción, de tal modo que si se detectase cualquier irregularidad o beneficio indebido, en cualquier momento, incluso luego de concluida la obra, quedará anulado dicho contrato y la empresa pagará el doble del monto convenido para alguna edificación o servicio. Cuarto: Se destina el triple de fondos para la Fiscalía del Perú para indagar, ubicar y atrapar a los corruptos que hubiesen perjudicado al erario público. Quinto: Se ordena establecer un sistema para premiar a ciudadanos honestos a quienes se brindará protección. Sexto: Los USD 262 millones de dólares ya cobrados como garantías a la empresa Odebrecht se destina a la investigación más cabal sobre las incorrecciones de esta empresa, y otras, en dicho país. Séptimo: Se crea una Comisión de Integridad para que, en forma independiente a lo que pueda realizar la fiscalía peruana, recepten, investiguen y procesen denuncias públicas o reservadas. Octavo: Se ordena se agoten todos los trámites y gestiones para detener y enjuiciar, con las garantías del debido proceso, al ex presidente Alejandro Toledo, en cualquier país en que se encuentre, y a cuantas otras autoridades o funcionarios resulten involucrados a futuro, como ahora ya se ha procedido a encarcelar al ex presidente Ollanta Humala y a su esposa Nadine Heredia.
5. Resulta notorio y escandaloso, exactamente al revés de lo que acontece en el Perú, que la empresa Odebrecht sigue campante y oronda en el Ecuador, como si no hubiese pasado nada, absolutamente nada, con la implícita venia oficial, y que, en forma descarada, ¡informa que ha llegado a un “acuerdo” para quedarse con autoridades investigativas de nuestro país! ¡Qué increíble! ¡Es más que probable que negoció el ocultar los nombres de las autoridades involucradas del Ecuador y los montos entregados a cada una de ellas! ¡Esta conducta permisiva y de tolerancia extrema, lindante con el encubrimiento, demuestra que esta empresa corrupta y corruptora dispone en el Ecuador del amparo de poderosos intereses, involucrados y padrinos, al más alto nivel, y cuya presencia impune hace un terrible daño a las actuales autoridades del Ecuador porque pone en duda su idoneidad, independencia y afán honorable de defender la moral pública y hasta los intereses económicos del país! ¿Quién no conoce que todas las autoridades de fiscalización y control político, así como judiciales, del Ecuador, son de allegados a Alianza País, y elegidas con personas del círculo cercano a Rafael Correa?
6. Los ecuatorianos deben conocer que medios de comunicación de once países conformaron el “Proyecto Periodístico Lavajato”, para analizar los casos de soborno de la Odebrecht y descubrieron que “la empresa brasileña cobró casi seis mil millones de dólares adicionales a los montos de adjudicación inicial de cada contrato”. En la investigación Ecuador “ocupa el sexto lugar en el ranking de países donde Odebrecht cobró más sobreprecios. La cifra asciende a 533 millones de dólares, según se desprende de la comparación de los contratos iniciales y los finales.” Por ejemplo, en una “obra emblemática” del presidente Correa, la hidroeléctrica Mandariacu, varió el precio de 125 a 227 millones de dólares, con un incremento de 102 millones de dólares. El poliducto Pascuales Cuenca, según este estudio, varió de 370 a 602 millones, con un incremento de 232 millones de dólares. El trasvase Daule Vinces varió el precio de 191 a 294 millones de dólares, con un incremento de 103 millones de dólares, y así por el estilo. (Expreso, martes 20 de junio del 2017, pág. 4). ¡Cabe destacar que en el gobierno de Rafael Correa se anuló toda fiscalización y control político; en una administración gubernamental que duró 124 meses y donde el oficialismo manejó más de 400.000 millones de dólares!
7. El vicepresidente de la República del Ecuador, Jorge Glas, dice que le sacó a patadas, desde su oficina, al gerente de la Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Como este ejecutivo está preso en Curitiba, Brasil, por 19 años, no puede aclarar en qué glúteo recibió semejante puntazo con calzado número 35, como “imborrable recuerdo de la República del Ecuador”. Pero lo que si se conoce es que, a la par de semejante hipotética patada (¡jamás vista ni en el estadio de Maracaná!), la Constructora “Norberto Odebrecht”, de Brasil, recibió en el Ecuador, desde el 2011 al 2015, en suculentos contratos, el monto de USD 3.267 millones, según lo refiere la revista Vistazo Nro. 1186, del 26 de enero del 2007, pág. 9, cantidad que debería encuadrarse en los montos de esta empresa en cuanto a coimas, que pagaba desde el 10% al 30% del valor de las obras. Por ello cuando hablan que la Odebecht “solo” ha pagado 33,5 millones en Ecuador es notorio y presumible que se refieren solo al proyecto Baba, provincia de Los Ríos. ¡El verdadero monto, si algún día las autoridades dejan de tapar sus travesuras, en base a los porcentajes “invertidos”, se ubicaría con facilidad en 350 millones de dólares!
8. Como antes lo hemos detectado, los ejecutivos de la Odebrecht hablaban siempre, en forma directa o con intermediarios de altísimo nivel, “con los dueños del circo”, y muy difícilmente con los malabaristas, los payasos o los domadores. Ello explica que estén involucrados Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alán García, del Perú; Juan Manuel Santos, de Colombia; Ricardo Martinelli, de Panamá; Luis Inacio Da Silva, Lula, Dilma Rouseff o Michel Temer, de Brasil; y así por el estilo. Al revés del Ecuador, estos mandatarios no controlan toda la Administración de Justicia, las Fiscalías Generales, las Contralorías, ni tienen las mayorías absolutas de sus parlamentos con procesos electorales turbios, donde los electores fantasmas se acercan a los dos millones de personas y en donde los organismos públicos allegados tienen las copias de todas las firmas de todos los ecuatorianos que han vivido en el país desde el año 1901 con las cuales se podría “plasmar, con la copia de sus firmas, la presencia de los votantes fantasmas”! ¡Por eso no publican los registros electorales ni permiten verificar la idoneidad del hardware y del software que utilizan en los procesos eleccionarios! ¡Quedarían desnudados!
9. Una delegación de asambleístas de oposición debería acudir a Brasil y a Estados Unidos para demandar la información sobre las autoridades ecuatorianas involucradas en la corrupción de la “Norberto Odebrecht”, y deberían ir resueltos a impulsar una Huelga de Hambre hasta que las autoridades de estos países dejen de proteger a los corrompidos y ladrones del Ecuador. Incluso podrían hacerlo en la sede de las Naciones Unidas. ¡Sería un escándalo mundial y una lección moral contra la MAFIOCRACIA y CLEPTOCRACIA! Habría un solo riesgo: Que esas autoridades pudiesen indicar que esa información, como es muy probable, ya tiene hace tiempo la Presidencia y las autoridades judiciales e investigativas del Ecuador. ¡Entonces habría que exigir que entreguen una copia certificada porque antes se habrían entregado las pruebas documentales de esos ilícitos a los mismos responsables de dichas acciones delictuales y dueños y señores de la investigación judicial del Ecuador!
10. Finalmente no podemos dejar de anotar que resulta paradójico, incomprensible y poco serio, que el gobierno del Lcdo. Lenin Moreno, que ofreció aplicar una cirugía mayor contra la corrupción, lo pretenda hacer con un bisturí correísta, que eso entraña formar una entidad “anticorrupción” con fervorosos y apasionados servidores del régimen de Rafael Correa que precisamente debería ser investigado por gente honorable e independiente. Este proceder equivale a amarrar a un doberman con longanizas, cuando en el país ya existe una idónea y respaldada por toda la ciudadanía decorosa una “Comisión Nacional Anticorrupción”, formada por prestantes ciudadanos que gozan de prestigio bien ganado en una larga vida de pulcritud y proceder cívico intachable.
¡LA PATRIA NI SE VENDE NI SE RINDE!
¡LA PATRIA CON EL ALMA SE DEFIENDE!
¡VIVA EL ECUADOR LIBRE Y ETERNO!
Quito, julio del 2017.
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