Privatizadores
Los países en donde el Estado lo es todo y las actividades privadas han sido arrinconadas o simplemente eliminadas, no han hecho otra cosa que no sea sembrar el caos, la miseria y la desesperanza para las mayorías, mientras la pequeña elite gobernante y los empresarios corruptos que la circundan se enriquecen de forma impúdica gracias a que han “privatizado”, para su único y exclusivo beneficio, los recursos públicos. Esa es la historia de la Venezuela de Chávez y Maduro, de la Cuba de los Castro, de la Nicaragua de Ortega, de la Argentina de los Kirchner y del Ecuador de Correa.
23 de marzo del 2017
POR: Simón Ordóñez Cordero
Estudió sociología. Fue profesor y coordinador del Centro de Estudios Latinoamericanos de la PUCE. Ha colaborado como columnista en varios medios escritos. En la actualidad se dedica al diseño de muebles y al manejo de una pequeña empresa.
no hay peor forma de privatización que aquella que se da cuando el Partido se confunde con el Estado y lo utiliza para su beneficio y el de sus miembros".
Una banda de rufianes camina por las calles de Caracas.Detienen su paso al llegar a un parque desde el cual sus miradas abarcan las edificaciones circundantes. El jefe señala con el dedo uno de los edificios cercanos y pregunta a sus compinches qué es eso. Allí funciona una joyería y algunos comercios privados, le contesta alguien. ¡Exprópiese!, dice, mientras sus acólitos aplauden y dan vivas. Luego señala otro, y otro, y otro. Las respuestas son parecidas y ante ellas el capo repite: ¡exprópiese!
La imagen es similar a la que podríamos hacernos si imaginamos al jefe de una pandilla que va por las calles de una ciudad cualquiera y a su paso señala a quien se deberá asaltar. No hay razones ni nada que lo justifique; las víctimas son escogidas arbitrariamente, al azar, pues de ese modo el jefe demuestra que todos están sometidos a su capricho, a su voluntad, y que por tanto nadie está a salvo. Quién hacía esto era nada menos que el Presidente de Venezuela, aquel que fuera considerado líder y guía indiscutible de lo que, desde hace ya varios años, se llama socialismo del siglo XXI.
La imagen de Chávez ordenando expropiaciones, reproducida infinidad de veces por televisión, tenía un solo significado: desde que la banda chavista capturó el poder, Venezuela había dejado de ser un Estado de Derecho y sus ciudadanos se encontraban en la indefensión absoluta pues las instituciones y leyes que podían ampararlos habían sido abolidas. Tal y como había ocurrido en los antiguos regímenes totalitarios o en las dictaduras más nefastas, la voluntad del tirano se había convertido en única ley.
Durante los casi trece años de gobierno chavista, en Venezuela se expropiaron, nacionalizaron o socializaron cerca de 1500 negocios. La arremetida fue contra todos; empresas de distinto tamaño y de los más diversos sectores de la producción cayeron en las groseras manos de la pandilla gobernante. En poco tiempo esas empresas se volvieron deficitarias o simplemente quebraron pues fueron sometidas al expolio y saqueo por sus nuevos administradores.
Tras la muerte de Chávez, el impresentable Maduro continuó con las políticas de apropiación forzosa y delincuencial de empresas y propiedades. La enorme desconfianza generada por la arbitrariedad del sistema, sumado al demencial manejo de la economía y al inescrupuloso y descontrolado gasto público, condujeron en muy poco tiempo a la liquidación del aparato productivo y fueron las causas principales de los enormes problemas de escasez, pobreza y desempleo que hoy afectan a Venezuela, tal como lo muestran los estudios serios sobre lo que ocurre en ese país. Socializar o convertir en propiedad pública aquello que era privado y que estaba en posesión de múltiples manos, se convirtió en un eufemismo para designar la apropiación de los recursos sociales con la finalidad de ponerlos al servicio y usufructo de un minúsculo grupo privado, es decir, bajo el control y para beneficio de la pandilla gobernante.
En lo que se refiere a expropiaciones, en el Ecuador de la Revolución Ciudadana las cosas no han llegado a tanto. El gobierno ha incautado algunas empresas importantes, básicamente aquellas que pertenecieron a la banca que quebró allá por 1999, y la hacienda La Clementina, del magnate bananero Alvaro Noboa. Pese a los ofrecimientos iniciales referidos a que esas empresas serían vendidas para devolver el dinero a los acreedores de la banca, el gobierno no lo ha hecho, y, por el contrario, se ha apropiado de ellas y las utiliza como si se tratasen del patrimonio personal, la hacienda robada, del gobierno y de sus miembros. Bajo la administración de los revolucionarios, hoy casi todas esas empresas son deficitarias, sus valores han bajado de forma abismal, han desaparecido gran parte de sus activos y, en el caso de la hacienda La Clementina, incluso ha servido de pista de aterrizaje para avionetas cargadas con cocaína.
Y lo que ha sucedido con los bienes incautados se reproduce en el conjunto del Estado. Los gobernantes han hecho del él y de sus recursos su feudo personal, lo utilizan como si se tratase de un patrimonio que les pertenece, del que pueden disponer a su completo arbitrio. Los enormes recursos que se obtuvieron de la bonanza petrolera y de los impuestos, han servido para financiar aviones y autos públicos para uso privado; para implementar enormes campañas publicitarias, cadenas nacionales, sabatinas y para pagar enormes cantidades de dinero a productoras mercenarias ocupadas de enaltecer la imagen del Presidente y sus acólitos; para costear viajes en primera clase a los delicados funcionarios y fastuosas cenas para sus exquisitos paladares; para construir mastodónticos e inservibles edificios cuya función no es otra que la de satisfacer la fatuidad y la megalomanía del líder. También han utilizado recursos públicos para pagar sueldos a miles de personas que ni siquiera cumplen funciones burocráticas sino que cobran para dedicarse a tiempo completo a la militancia y organización de su partido
Durante la presente campaña electoral ese proceso de “privatización” del Estado se ha exacerbado o se ha hecho mucho más evidente. Todo el aparato estatal, incluyendo recursos materiales y personas, ha sido puesto al servicio de la campaña para la elección de Lenin Moreno, con un nivel de impudicia y desvergüenza jamás visto antes. No han escatimado ni se han detenido ante nada: medios de comunicación públicos e incautados, personal del estado, autos, aviones, call center, propaganda estatal, ministerios, centros de salud y escuelas; todo lo imaginable está siendo utilizado para asegurar la elección del sucesor de Correa y con ello garantizar la impunidad de la pila de delincuentes que hacen parte del régimen.
Pese a todo ello, los intelectuales adeptos al gobierno, aquellos que se han beneficiado de la década ganada mediante el acceso a jugosas consultorías, asesorías, cargos en el servicio exterior o empleos en los medios públicos, hoy pretenden generar pánico social refiriéndose al regreso del neo liberalismo y de las privatizaciones. Su bien remunerada ceguera ideológica no les permite ver que allí donde realmente se han producido formas perversas de privatización, ha sido precisamente en aquellos países en donde a nombre de lo público, de la socialización y del bien común, un grupo particular ha expropiado los recursos de la sociedad y ha logrado el control del aparato estatal para su propio beneficio. Se olvidan que no hay peor forma de privatización que aquella que se da cuando el Partido se confunde con el Estado y lo utiliza para su beneficio y el de sus miembros; porque la apropiación y la captura de los recursos privados y de los bienes públicos para ponerlos al servicio de un minúsculo grupo de hampones sometidos a la voluntad de uno solo, es, desde cualquier punto de vista, la más perversa y vil forma de privatización.
El término privatizar alude, según la RAE, al traspaso de la propiedad de una empresa o actividad pública al sector privado. Como es obvio, no podemos decir que en los casos descritos la propiedad jurídica se haya traspasado al partido o a sus miembros. Lo que estamos afirmando, y en esto seguimos a Marx, es que la captura del poder les permitió obtener la posesión de los recursos estatales, es decir, la capacidad de controlarlos y de usufructuar de ellos. Los bienes públicos se “poseen”, y aunque ello sea temporal, con eso basta para obtener grandes beneficios. En otras palabras, lo que se ha producido en estas tierras es la privatización de la “posesión” de los bienes y recursos públicos.
En su monumental obra Los Enemigos del Comercio, Antonio Escohotado narra el profundo deterioro social y económico que produjeron una serie de medidas confiscatorias tomadas por varios césares durante el siglo tercero de la era cristiana y que estaban destinadas a engrandecer al Estado. “Pero el deterioro del comercio es irreversible, y la multitud de parados depende de una cesta de víveres que merma por sistema. Quienes escapan de las ciudades acosadas por hambrunas, insalubridad y delincuencia topan con individuos que sobran también en las aldeas, cuya fusión crea hordas de harapientos guiadas por jefes mesiánicos […] Este fenómeno estalla en tiempos de Maximino” de quien Herodiano, citado por Escohotado dice: “Todos los días podía verse como quienes ayer vivían con desahogo habían sido transformados en mendigos; tanta era la voracidad del tirano, amparado en el pretexto de necesitar dinero para pagar las soldadas. Pero cuando Maximino redujo las casas aristocráticas a la miseria halló que el botín era insuficiente para sus fines y atacó la propiedad pública. Confiscó para sí todo el dinero perteneciente a las ciudades, y las reservas que tenían para la beneficencia […] Todo cuando podía servir para embellecer y todo metal utilizable para acuñar moneda pasó a las fundiciones. […] aunque Maximino dijera obrar así por ellos y para ellos”
La historia es muy clara y hemos de recurrir a ella para orientar nuestras decisiones. Los países en donde el Estado lo es todo y las actividades privadas han sido arrinconadas o simplemente eliminadas, no han hecho otra cosa que no sea sembrar el caos, la miseria y la desesperanza para las mayorías, mientras la pequeña elite gobernante y los empresarios corruptos que la circundan se enriquecen de forma impúdica gracias a que han “privatizado”, para su único y exclusivo beneficio, los recursos públicos. Esa es la historia de la Venezuela de Chávez y Maduro, de la Cuba de los Castro, de la Nicaragua de Ortega, de la Argentina de los Kirchner y del Ecuador de Correa.
La enorme crisis económica que deja como herencia la Revolución Ciudadana aún no ha tocado fondo pero no tardará en hacerlo si el grupo que gobierna no es sacado del poder en la próximas elecciones. Los ecuatorianos tenemos la última oportunidad para evitar la venezolanización de nuestro país y para recuperar la democracia y las libertades; para extirpar, finalmente, a ese pequeño grupo que ha hecho uso discrecional y corrupto del patrimonio público y que se ha enriquecido a sus expensas.
La imagen es similar a la que podríamos hacernos si imaginamos al jefe de una pandilla que va por las calles de una ciudad cualquiera y a su paso señala a quien se deberá asaltar. No hay razones ni nada que lo justifique; las víctimas son escogidas arbitrariamente, al azar, pues de ese modo el jefe demuestra que todos están sometidos a su capricho, a su voluntad, y que por tanto nadie está a salvo. Quién hacía esto era nada menos que el Presidente de Venezuela, aquel que fuera considerado líder y guía indiscutible de lo que, desde hace ya varios años, se llama socialismo del siglo XXI.
La imagen de Chávez ordenando expropiaciones, reproducida infinidad de veces por televisión, tenía un solo significado: desde que la banda chavista capturó el poder, Venezuela había dejado de ser un Estado de Derecho y sus ciudadanos se encontraban en la indefensión absoluta pues las instituciones y leyes que podían ampararlos habían sido abolidas. Tal y como había ocurrido en los antiguos regímenes totalitarios o en las dictaduras más nefastas, la voluntad del tirano se había convertido en única ley.
Durante los casi trece años de gobierno chavista, en Venezuela se expropiaron, nacionalizaron o socializaron cerca de 1500 negocios. La arremetida fue contra todos; empresas de distinto tamaño y de los más diversos sectores de la producción cayeron en las groseras manos de la pandilla gobernante. En poco tiempo esas empresas se volvieron deficitarias o simplemente quebraron pues fueron sometidas al expolio y saqueo por sus nuevos administradores.
Tras la muerte de Chávez, el impresentable Maduro continuó con las políticas de apropiación forzosa y delincuencial de empresas y propiedades. La enorme desconfianza generada por la arbitrariedad del sistema, sumado al demencial manejo de la economía y al inescrupuloso y descontrolado gasto público, condujeron en muy poco tiempo a la liquidación del aparato productivo y fueron las causas principales de los enormes problemas de escasez, pobreza y desempleo que hoy afectan a Venezuela, tal como lo muestran los estudios serios sobre lo que ocurre en ese país. Socializar o convertir en propiedad pública aquello que era privado y que estaba en posesión de múltiples manos, se convirtió en un eufemismo para designar la apropiación de los recursos sociales con la finalidad de ponerlos al servicio y usufructo de un minúsculo grupo privado, es decir, bajo el control y para beneficio de la pandilla gobernante.
En lo que se refiere a expropiaciones, en el Ecuador de la Revolución Ciudadana las cosas no han llegado a tanto. El gobierno ha incautado algunas empresas importantes, básicamente aquellas que pertenecieron a la banca que quebró allá por 1999, y la hacienda La Clementina, del magnate bananero Alvaro Noboa. Pese a los ofrecimientos iniciales referidos a que esas empresas serían vendidas para devolver el dinero a los acreedores de la banca, el gobierno no lo ha hecho, y, por el contrario, se ha apropiado de ellas y las utiliza como si se tratasen del patrimonio personal, la hacienda robada, del gobierno y de sus miembros. Bajo la administración de los revolucionarios, hoy casi todas esas empresas son deficitarias, sus valores han bajado de forma abismal, han desaparecido gran parte de sus activos y, en el caso de la hacienda La Clementina, incluso ha servido de pista de aterrizaje para avionetas cargadas con cocaína.
Y lo que ha sucedido con los bienes incautados se reproduce en el conjunto del Estado. Los gobernantes han hecho del él y de sus recursos su feudo personal, lo utilizan como si se tratase de un patrimonio que les pertenece, del que pueden disponer a su completo arbitrio. Los enormes recursos que se obtuvieron de la bonanza petrolera y de los impuestos, han servido para financiar aviones y autos públicos para uso privado; para implementar enormes campañas publicitarias, cadenas nacionales, sabatinas y para pagar enormes cantidades de dinero a productoras mercenarias ocupadas de enaltecer la imagen del Presidente y sus acólitos; para costear viajes en primera clase a los delicados funcionarios y fastuosas cenas para sus exquisitos paladares; para construir mastodónticos e inservibles edificios cuya función no es otra que la de satisfacer la fatuidad y la megalomanía del líder. También han utilizado recursos públicos para pagar sueldos a miles de personas que ni siquiera cumplen funciones burocráticas sino que cobran para dedicarse a tiempo completo a la militancia y organización de su partido
Durante la presente campaña electoral ese proceso de “privatización” del Estado se ha exacerbado o se ha hecho mucho más evidente. Todo el aparato estatal, incluyendo recursos materiales y personas, ha sido puesto al servicio de la campaña para la elección de Lenin Moreno, con un nivel de impudicia y desvergüenza jamás visto antes. No han escatimado ni se han detenido ante nada: medios de comunicación públicos e incautados, personal del estado, autos, aviones, call center, propaganda estatal, ministerios, centros de salud y escuelas; todo lo imaginable está siendo utilizado para asegurar la elección del sucesor de Correa y con ello garantizar la impunidad de la pila de delincuentes que hacen parte del régimen.
Pese a todo ello, los intelectuales adeptos al gobierno, aquellos que se han beneficiado de la década ganada mediante el acceso a jugosas consultorías, asesorías, cargos en el servicio exterior o empleos en los medios públicos, hoy pretenden generar pánico social refiriéndose al regreso del neo liberalismo y de las privatizaciones. Su bien remunerada ceguera ideológica no les permite ver que allí donde realmente se han producido formas perversas de privatización, ha sido precisamente en aquellos países en donde a nombre de lo público, de la socialización y del bien común, un grupo particular ha expropiado los recursos de la sociedad y ha logrado el control del aparato estatal para su propio beneficio. Se olvidan que no hay peor forma de privatización que aquella que se da cuando el Partido se confunde con el Estado y lo utiliza para su beneficio y el de sus miembros; porque la apropiación y la captura de los recursos privados y de los bienes públicos para ponerlos al servicio de un minúsculo grupo de hampones sometidos a la voluntad de uno solo, es, desde cualquier punto de vista, la más perversa y vil forma de privatización.
El término privatizar alude, según la RAE, al traspaso de la propiedad de una empresa o actividad pública al sector privado. Como es obvio, no podemos decir que en los casos descritos la propiedad jurídica se haya traspasado al partido o a sus miembros. Lo que estamos afirmando, y en esto seguimos a Marx, es que la captura del poder les permitió obtener la posesión de los recursos estatales, es decir, la capacidad de controlarlos y de usufructuar de ellos. Los bienes públicos se “poseen”, y aunque ello sea temporal, con eso basta para obtener grandes beneficios. En otras palabras, lo que se ha producido en estas tierras es la privatización de la “posesión” de los bienes y recursos públicos.
En su monumental obra Los Enemigos del Comercio, Antonio Escohotado narra el profundo deterioro social y económico que produjeron una serie de medidas confiscatorias tomadas por varios césares durante el siglo tercero de la era cristiana y que estaban destinadas a engrandecer al Estado. “Pero el deterioro del comercio es irreversible, y la multitud de parados depende de una cesta de víveres que merma por sistema. Quienes escapan de las ciudades acosadas por hambrunas, insalubridad y delincuencia topan con individuos que sobran también en las aldeas, cuya fusión crea hordas de harapientos guiadas por jefes mesiánicos […] Este fenómeno estalla en tiempos de Maximino” de quien Herodiano, citado por Escohotado dice: “Todos los días podía verse como quienes ayer vivían con desahogo habían sido transformados en mendigos; tanta era la voracidad del tirano, amparado en el pretexto de necesitar dinero para pagar las soldadas. Pero cuando Maximino redujo las casas aristocráticas a la miseria halló que el botín era insuficiente para sus fines y atacó la propiedad pública. Confiscó para sí todo el dinero perteneciente a las ciudades, y las reservas que tenían para la beneficencia […] Todo cuando podía servir para embellecer y todo metal utilizable para acuñar moneda pasó a las fundiciones. […] aunque Maximino dijera obrar así por ellos y para ellos”
La historia es muy clara y hemos de recurrir a ella para orientar nuestras decisiones. Los países en donde el Estado lo es todo y las actividades privadas han sido arrinconadas o simplemente eliminadas, no han hecho otra cosa que no sea sembrar el caos, la miseria y la desesperanza para las mayorías, mientras la pequeña elite gobernante y los empresarios corruptos que la circundan se enriquecen de forma impúdica gracias a que han “privatizado”, para su único y exclusivo beneficio, los recursos públicos. Esa es la historia de la Venezuela de Chávez y Maduro, de la Cuba de los Castro, de la Nicaragua de Ortega, de la Argentina de los Kirchner y del Ecuador de Correa.
La enorme crisis económica que deja como herencia la Revolución Ciudadana aún no ha tocado fondo pero no tardará en hacerlo si el grupo que gobierna no es sacado del poder en la próximas elecciones. Los ecuatorianos tenemos la última oportunidad para evitar la venezolanización de nuestro país y para recuperar la democracia y las libertades; para extirpar, finalmente, a ese pequeño grupo que ha hecho uso discrecional y corrupto del patrimonio público y que se ha enriquecido a sus expensas.
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