El Gobierno sí armó la violencia en el Atahualpa

Publicado en marzo 29, 2017  en La Info  por Martín Pallares

Confirmado: el gobierno de Rafael Correa montó un operativo político en el estadio olímpico Atahualpa durante el partido de Ecuador con Colombia. La confirmación se produjo poco después del escandaloso episodio; primero, en los graderíos del estadio cuando miles de personas hacían sonar sus vuvuzelas cada vez que la gente lanzaba condenas al presidente Correa y, luego, fuera del estadio cuando se pretendió agredir al candidato opositor Guillermo Lasso y a su familia.

Andrés Venegas, gerente de Ecuticket, la empresa encargada de vender los boletos hizo la revelación en Radio Redonda. Ahí afirmó que una institución del Estado, cuyo nombre no reveló, compró una importante cantidad de boletos en abono. Eso significa que también adquirió entradas para el partido contra Perú.

Venegas habló poco después de que el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Carlos Villacís, dijo, en una rueda de prensa en Guayaquil, que rompería su contrato con Ecutickets por todo lo ocurrido en el Atahualpa este 28 de marzo. Villacís realizó así un olímpico lavada de manos: le tiró la pelotita a Ecutickets pero, en el camino, reconoció que la compra de las entradas había sido totalmente irregular y que un halo de misterio queda por esclarecer.

Villacís dio la rueda de prensa para hablar sobre lo que la opinión pública condenó luego del partido con Colombia: que parte de los graderíos estuvo ocupado por gente más ocupada en temas políticos contra Lasso que en el partido de fútbol. Esa gente, luego del partido, participó en la intentona de agredir al candidato opositor y a su familia.

Las versiones de Vanegas, de Ecuticket, y de Villacís, de la Federación Ecuatoriana de Futbol, confirman muchas otras cosas que se vieron durante el partido. Por ejemplo, que hubo un operativo planificado y financiado desde el Estado con fines políticos en un escenario deportivo. Por ejemplo, que las vuvuzelas no estaban allí para apoyar a la Tri sino para producir un ruido capaz de evitar que se escuchen  consignas anti correístas, como “Fuera Correa Fuera”, o los gritos a favor de Lasso que estaba en los graderíos y que luego fue agredido y tuvo que ser custodiado para salir a salvo. Se confirma también que en el operativo participó la Federación Ecuatoriana de Fútbol: facilitó que el Gobierno comprara una buena parte de la boletería y autorizó que se hicieran cosas en el estadio prohibidas por el reglamento, como poner música durante el partido con el fin de complementar la misión de las vuvuzelas: no permitir que se escuche el Fuera Correa Fuera. La reglamentación internacional prohibe que se ponga música durante un partido oficial y el árbitro debió haberlo suspendido cuando esto ocurrió.

El Gobierno y la FEF, con estos datos a la luz, terminan siendo responsables de lo acontecido durante y luego del partido, pues hubo agresiones a personas que, abiertamente, expresaron su hartazgo con el gobierno. Resulta evidente las personas que llegaron con los boletos regalados por el Gobierno llegaron a hacer proselitismo, causar desmanes y agredir a los miembros de CREO y no a animar  al equipo ecuatoriano.

Las declaraciones de Vanegas y Villacís confirman la existencia de operativo sino que desencadenan una serie de interrogantes que incluyen la forma en que se organizó el operativo, que terminó en hechos violentos, sino el futuro del Atahualpa que podría ser sancionado por la FIFA y quedar inhabilitado para los próximos partidos en que Ecuador juegue como local. La politización del fútbol es uno de los temas que la organización mundial del fútbol tiene prohibida y las sanciones podrían cobijar la Federación Ecuatoriana y el Olímpico Atahualpa.

Lo ocurrido no hace sino confirmar que el gobierno se ha convertido en el gran protagonista de una campaña electoral que se aleja completamente de las normas legales y de cualquier principio ético y democrático. Lo que pasó en el Atahualpa deja en claro que el correísmo no está dispuesto a dejar el poder en las elecciones del domingo 2 de abril y que para ello hará cualquier cosa. Como, por ejemplo, utilizar colectivos entrenados, mentalizados y pagados para producir actos violentos.

El candidato Guillermo Lasso ha anunciado que pedirá una confesión judicial del presidente de la FEF, Carlos Villacís. Se espera que con esa diligencia judicial se despejen algunas dudas. Por ejemplo, cómo y quién gestionó desde el Gobierno el tema de la compra de los boletos, su número y el dinero que se invirtió. Villacís deberá responder por lo que parece ser una abierta participación en un operativo político y proselitista que nada tiene que ver con su trabajo y su responsabilidad en la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

En ese sentido, es lícito preguntarse si el desempeño de la selección durante el partido estuvo afectado por la evidente distorsión que hubo en las tribunas, con una hinchada afectada por el ruido de vuvuzelas y la invasión de música que nada tenían que ver con lo que estaba pasando en la cancha. Esa afectación, y la posible sanción para el estadio de la cual ya hablan los entendidos, correrá por cuenta de este gobierno cuya prioridad es aferrarse al poder, incluso por encima del deseo nacional de clasificar al mundial en Rusia. Una posibilidad que, tras esta derrota, luce prácticamente imposible.