LA SOBERANIA ALIMENTARIA

Galo Muñoz Arce

El compromiso de los pueblos, nacionalidades indígenas y movimientos sociales, es con la Pacha Mama y el Sumak Kawsay o Buen Vivir. Esto implica incidir en la planificación de políticas agrarias desde los territorios, superando los actuales patronos de desigualdad, marginación y explotación de la mano de obra y destrucción de la naturaleza.

La soberanía alimentaria se sustenta en del derecho que tienen los productores a controlar la agricultura y los consumidores a controlar su alimentación. Por lo tanto una política de Estado debería estar dirigida a dar a la alimentación el trato de derecho humano de todo ciudadano o ciudadana.

Por lo tanto se trata de erradicar el hambre mediante una verdadera revolución agraria que incorpore los derechos de los productores y consumidores, generando acciones encaminadas a lograr este cometido, mas no como una propuesta asistencialista, que es lo que se ha establecido en esta última década.

El acceso democrático a la tierra, es una tarea central de la soberanía alimentaria, con políticas y directrices claras a fin de salvaguardar la tierra como bien público, respetando las tierras y los territorios colectivos. La tierra es un préstamo que nos hacen las futuras generaciones, con unas condiciones muy sencillas, cuidarlas para que sobreviva en su genuina función, para que facilite alimentos a la población y sea un medio de vida para los campesinos.

Frente a los modelos de explotación agraria destructivos, se debe emprender el cuidado de la tierra, como las mujeres lo han hecho desde tiempos inmemoriales para enfrentar la permanente explotación y destrucción del agro.

Cultivo ético de la tierra

La resistencia de los pueblos y nacionalidades indígenas ha sido por desprivatizar el agua asegurando la gestión social del riego, que se establezcan adecuados mecanismos de crédito, que se fomenten tecnologías apropiadas con el medio, que se fortalezcan los sistemas de transporte y los mercados justos.

En este sentido también exigen se promueva la reforestación y cuidado de cuencas hidrográficas mediante tecnologías apropiadas e industrias locales, el fortalecimiento de las economías de las personas, las comunas, las
nacionalidades y los pueblos, estimulando la reparación ambiental y recuperación ecológica de los suelos, el control de las vertientes, la producción sustentable y los precios justos.

Los pueblos indígenas y movimientos sociales plantean un modelo de agricultura campesina y familiar en el marco de la descentralización. La producción alimentaria para el consumo interno y el fomento de mercados que acerquen a productores y consumidores como principales sujetos de una política agraria que supere tantas promesas incumplidas por el actual gobierno.

Pero también hay una exigencia porque se valore y proteja el patrimonio genético.

Que se impida el ingreso de semillas y cultivos transgénicos para evitar la pérdida de la diversidad genética en la agricultura, la contaminación de variedades tradicionales y la aparición de super plagas y super malezas.

Que el Estado se comprometa en la creación de un sistema de crédito, asistencia e incentivos para la economía popular y campesina, eliminando los subsidios perversos que benefician a las grandes empresas sobre todo para aquellas actividades basadas en tecnologías agrícolas dañinas para el medio ambiente.

Entre estos programas debe figurar el subsidio para la certificación gratuita de la producción orgánica y ambientalmente responsable a los pequeños productores.

En este aspecto se deben fijar y respetar precios de sustentación para productos de ciclo corto y apoyo a los procesos de producción, comercialización, acopio a más de mecanismos que aseguren las cosechas de los agricultores. “Vamos a combatir el monopolio de la comercialización de alimentos, fortaleciendo las empresas asociativas y comunitarias de acopio, procesamiento y comercialización”, es el compromiso de los pequeños y medianos productores.

Resulta que en la recta final de la segunda vuelta, estos planteamientos no forman parte de la agenda y compromiso político de los candidatos, aspirantes al palacio de Carondelet. Al enunciar este panorama que forma parte de la economía popular y solidaria, la lideresa social y miembro de la Resistencia por la Democracia Dra. Graciela Estrella Abril, sostuvo: “la única alternativa para conquistar los derechos políticos, económicos y sociales, está en las calles y plazas del país, en dónde nacimos y resistimos”.