Ecuador
● El Presidente Rafael Correa ha socavado la libertad de
prensa en Ecuador al exponer a periodistas y personajes de los medios de
comunicación a acusaciones públicas y persecución judicial.
● El Presidente Rafael Correa ha socavado la libertad de
prensa en Ecuador al exponer a periodistas y personajes de los medios de
comunicación a acusaciones públicas y persecución judicial. Durante 2012,
continuó el debilitamiento de la independencia judicial debido a la aplicación
de mecanismos transitorios de reforma judicial que han ampliado la injerencia
que ejercen el gobierno y sus partidarios en la Asamblea Nacional en la designación
y destitución de jueces.
Libertad de expresión
● En febrero de 2012, el Presidente Correa consiguió que la
justicia condenara a los coautores del libro El Gran Hermano, donde se
denunciaba la ejecución de contratos cuestionables entre el hermano del
presidente e instituciones del Estado, a pagar la suma de US$2 millones. Correa
desistió posteriormente de la acción, y perdonó además a Emilio Palacio, ex
director de Opinión del periódico El Universo, y a tres de sus directores, que
en 2011 habían sido condenados a tres años de prisión y al pago de un total de
US$ 40 millones en concepto de daños. En agosto, Palacio consiguió asilo en Estados
Unidos.
● El Presidente Correa continúa increpando a críticos durante
elocuciones que las emisoras privadas están obligadas a trasmitir por cadena
nacional y en su programa semanal en los medios públicos. Por ejemplo, en junio
de 2012, después de que El Universo publicara un artículo donde se criticaba al
presidente de la Corporación Financiera Nacional, Correa mostró una fotografía
del editor del periódico en su discurso semanal y dijo “Véanlo, pueblo
ecuatoriano, y no lo olviden, porque es el más claro ejemplo de la mala prensa
de este país”.
● Según estadísticas oficiales publicadas por la prensa, la
Superintendencia de Telecomunicaciones cerró 20 estaciones de radio y canales
de televisión privados durante el primer semestre de 2012. El Comité para la
Protección de los Periodistas (CPP) determinó que en algunos casos la autoridad
regulatoria gubernamental dispuso el
cierre antes de que se resolvieran los recursos judiciales, y que más de la
mitad de las estaciones y canales que se cerraron eran de línea crítica.
● En enero de 2012, el Presidente Correa introdujo cambios en
la ley electoral que prohíben a los medios de comunicación difundir “mensajes”
o “reportajes” que incidan a favor o en contra de una determinada “tesis
política”, candidato o preferencia electoral. La ley otorga al Consejo Nacional
Electoral amplios poderes para censurar a medios que se considere que violan
esta prohibición. Las medidas entraron en vigor en julio de 2012, luego de que
la Corte Constitucional levantara la suspensión temporal que había regido mientras
examinó un recurso de inconstitucionalidad. En octubre, la corte confirmó la prohibición
de que los medios hagan “promoción” de un partido o candidato en forma “directa
o indirecta”.
Uso indebido de
disposiciones antiterroristas
● Desde que Correa asumió la presidencia en 2007, los
fiscales han aplicado reiteradamente una disposición del Código Penal sobre
“sabotaje y terrorismo” a personas que participan en manifestaciones públicas
vinculadas con temas ambientales y de otra índole. La participación en actos de
violencia o la obstrucción de carreteras durante este tipo de protestas
debería, en todo caso, ser un delito penal común. Sin embargo, el Código Penal
de Ecuador incluye, en la categoría de sabotaje y terrorismo, a los “delitos
contra la seguridad común de las personas o de grupos humanos de cualquiera
clase o de sus bienes”, cometidos por individuos o grupos “armados o no”. La pena
prevista para estos delitos es de cuatro a ocho años de prisión. La mayoría de
las personas acusadas por delitos de terrorismo han sido beneficiadas con
amnistías. En otros casos, los cargos por terrorismo se retiraron por falta de
pruebas, o los implicados finalmente fueron juzgados por delitos de menor
gravedad, como obstrucción o daños a la propiedad. No obstante, las personas
que participan en manifestaciones públicas continúan expuestas al riesgo de ser
procesadas penalmente por terrorismo.
● En julio de 2012, un fiscal acusó a 10 personas por “actos
terroristas” y por haber atentado contra la seguridad del Estado tras ser
arrestadas durante un encuentro pacífico al cual habían asistido para organizar
su presencia en una manifestación pública. Según sus abogados, las únicas
pruebas que había presentado en su contra la fiscalía eran una serie de objetos
personales inocuos como libros, camisetas y música, secuestrados durante una
requisa policial de sus viviendas. Juicios por abusos del pasado
● En junio de 2010, la comisión de la verdad creada por el
gobierno de Correa publicó uninforme donde se documentan 118 casos de
violaciones de derechos humanos cometidas entre 1984 y 2008, que afectan a 456
víctimas (incluidas 68 ejecuciones extrajudiciales y 17 desapariciones
forzadas).
● Hasta noviembre de 2012, más de dos años después de la
creación de la unidad especial encargada de investigar los 118 casos de
violaciones de derechos humanos, los fiscales habían acusado solamente a un
capitán de policía en la causa sobre el estudiante Damián Peña, que murió al
ser alcanzado por disparos durante una manifestación en 2002.
Independencia judicial
● Durante años, el poder judicial ecuatoriano se ha visto
afectado por corrupción, ineficiencia e influencia política. A pesar de que en
2011 el gobierno de Correa puso en marcha un programa de reforma judicial,
persiste la injerencia política en la designación y actuación de las jueces.
● Durante 2012, el Consejo de la Judicatura —un órgano
integrado por juristas independientes encargados de seleccionar, ascender y
destituir a los jueces— fue reemplazado por un consejo de transición integrado
por tres miembros, designados respectivamente por el presidente, el poder
legislativo (donde Correa cuenta con el apoyo de la mayoría) y la Función de
Transparencia y Control Social, el poder ciudadano creado en la Constitución de
2008.
● En noviembre de 2011, se conformó un grupo de seis veedores
especializados de Argentina, Brasil, Chile, Guatemala, México y España,
presididos por el juez español Baltasar Garzón, para monitorear y formular
recomendaciones sobre el proceso de reforma judicial. Los veedores informaron
en mayo de 2012 que se debían nombrar reemplazantes para 2.903 jueces y
funcionarios judiciales, de los cuales más de 1.500 fueron destituidos a raíz
de procedimientos disciplinarios, evaluaciones deficientes o por jubilación
forzada. Muchos de ellos fueron reemplazados por funcionarios interinos sin la formación
necesaria.
● En julio de 2012, asumieron 210 jueces de primera instancia
permanentes, designados por el consejo de transición. Hubo fuertes críticas que
señalaron supuestas irregularidades en los resultados de los exámenes judiciales.
Los candidatos que no obtuvieron una nota mínima en un curso de formación final
organizado por el consejo —que incluía una entrevista como elemento central—
fueron rechazados sin derecho a apelar la decisión, aun si en promedio su
puntaje había sido alto. Dos jueces que emitieron un fallo favorable para
Correa en la causa El Universo fueron nombrados en cargos permanentes, a pesar
de que su puntaje general era inferior al de otros candidatos que fueron
rechazados. Entre las recomendaciones preliminares, el grupo de veedores
sugirió reconsiderar la “excesiva puntuación” que se reconoce a la entrevista final.
● En un memorando emitido en julio, el consejo de transición
advirtió a los jueces que serían objeto de sanciones y posibles destituciones
si continuaban acogiendo indebidamente las acciones de protección contra el
Estado. Tales amenazas constituyen una injerencia injustificada en la
independencia judicial y disuaden a los jueces de impugnar el proceso de
selección organizado por el consejo.
● En julio de 2012, el Fiscal Antonio Gagliardo desestimó los
cargos de prevaricato y falsedad ideológica contra el Juez Juan Paredes —que
había condenado a Palacio y sus colegas de El Universo en julio de 2011— y
contra Gutemberg Vera, abogado de Correa, a pesar de que existían pruebas
creíbles de que este último había entregado anticipadamente a Paredes un
borrador de la sentencia en un dispositivo de memoria externa. Paredes fue
designado para ocupar un cargo judicial permanente, y en octubre Gagliardo fue
confirmado para integrar la Corte Constitucional.
Defensores de derechos
humanos
● El gobierno de Correa ha intentado desacreditar a
defensores de derechos humanos acusándolos de recibir financiamiento extranjero
para desestabilizar al gobierno. En abril de 2012, el Presidente Correa acusó a
Fundamedios —una organización no gubernamental que en octubre de 2011 había
ofrecido su testimonio durante un encuentro convocado por la Relatora Especial
de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para la Libertad de
Expresión— de ser un “informante” del gobierno estadounidense. En julio de
2012, un alto funcionario del gobierno acusó a Fundamedios de intromisión en la
política ecuatoriana y de recibir fondos de USAID para desestabilizar al
gobierno. En reiteradas oportunidades Correa ha dirigido fuertes críticas al
director de Fundamedios, César Ricaurte, y ha mostrado fotografías suyas
durante su discurso semanal.
● Un decreto presidencial de julio de 2011 que regula a las
ONG internacionales con oficinas en Ecuador habilita al gobierno a monitorear
todas sus actividades y rescindir su licencia cuando realicen actividades
distintas de las consignadas en su solicitud, recurran a la “injerencia
política” o “atenten contra la seguridad y paz pública”.
Derechos de
discapacidad
● En junio de 2012, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó
una ley que reconoce los derechos de las personas con discapacidad y contempla
mejoras al sistema de pensiones, la seguridad social y los planes de estudio
escolares. Estableció además un Consejo Nacional de Igualdad de Discapacidades
(CONADIS) encargado de monitorear y proponer reformas sobre disposiciones y
derechos de las personas con discapacidad.
Actores internacionales
clave
● En diciembre de 2011, luego de que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para
la Libertad de Expresión expresaran su preocupación por la situación de la
libertad de prensa en Ecuador, el Presidente Correa propuso que la CIDH fuera
reemplazada por un nuevo órgano regional de derechos humanos. Tambiénimpulsó
una iniciativa para conseguir que se limitaran el financiamiento y la
efectividad de la relatoría especial de la OEA. Durante la Asamblea General de
la OEA celebrada en junio de 2012, una vez más Correa criticó con vehemencia la
labor de la Comisión y de la Relatora Especial, e instó a adoptar medidas que
frustrarían gravemente su autonomía y efectividad.
● En mayo de 2012, la situación de los derechos humanos en Ecuador
fue analizada en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de
Derechos Humanos (CDH) de la ONU, incluyendo las restricciones a la libertad de
expresión, los esfuerzos por regular a las ONG y las demoras en la
implementación de reformas judiciales. Ecuador rechazó una recomendación que
exhortaba al país a poner fin a la penalización de opiniones.
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