Por: Simón Pachano
Consolidación de Rafael Correa, retroceso del estado de
derecho. Ese puede ser el resumen del año que concluye. En su sexto año de
Gobierno, por medio de acciones desarrolladas en tres campos, el líder ha dado
pasos de enorme trascendencia para la consolidación de un régimen
personalista-autoritario. Por un lado, aseguró el control de todas las
funciones del Estado, cerrando los minúsculos resquicios que aún quedaban. Por
otro lado, avanzó decididamente en la construcción de una estructura jurídica
que le permite no solamente revestir de un ropaje de legalidad a toda su tarea,
sino utilizar recursos aparentemente legales para eliminar cualquier asomo de
oposición. Finalmente, casa adentro, en Alianza PAIS dejó claramente
establecido que no puede haber más voz que la suya y que las demás deben
silenciarse.
El control de las funciones del Estado lo logró por dos
medios. Primero, por el triunfo electoral de AP en la elección legislativa,
producto de un inusual fenómeno de endoso de los votos del caudillo. Él mismo
se encargó de hacerles saber en repetidas ocasiones a sus asambleístas que esos
votos le pertenecen y que si ellos se presentaran solos no lograrían ni el
apoyo de sus familiares. Segundo, por el nombramiento de incondicionales en los
cargos que quedaban por llenar, especialmente en las máximas instancias del
Poder Judicial y en los organismos recién creados para perseguir y censurar la
opinión.
El afianzamiento de una estructura jurídica restrictiva y
persecutoria tuvo sus mayores expresiones en la Ley de Comunicación, el Decreto
16 y el Código Orgánico Integral Penal. Los tres instrumentos, aprobados de
manera irregular, sin seguir los procedimientos establecidos, violan
abiertamente varios instrumentos internacionales de protección de los derechos,
de los que Ecuador es suscriptor. Contradicen, además, el espíritu garantista
de la propia Constitución. Adicionalmente, en el mismo plano jurídico no tuvo
empacho en utilizar viejas disposiciones de leyes promulgadas por dictaduras
para criminalizar la protesta y someter a las organizaciones sociales. Con todo
ello, no hace falta el empleo de la fuerza, basta la amenaza del uso de todo
ese entramado engañosamente jurídico.
Finalmente, en su movimiento está más claro que nunca, por si
había aún alguna duda, que la palabra del líder se acata y se cumple. La
discrepancia viene con un cartel de traidor que se cuelga en el pecho de la
persona. La alternativa, en esos casos, se plantea entre el abandono de las
filas de los escogidos por la historia y por la Providencia y la humillación
pública como condición para recibir el perdón (¿ya tendrán permiso las tres
asambleístas para hablar en público?). La revolución se defiende en su
totalidad y quien cuestiona un detalle la está traicionando, decía el jacobino
Saint Just. La totalidad de la revolución, habría que decirlo en nuestros días,
es la palabra del líder.
Control de las funciones, estructura jurídica represiva y
liderazgo inapelable, son tres puntales que nos dejan al final del año con el
presidente más poderoso que ha conocido la historia ecuatoriana. No es poco
para un país de caudillos.
No hay comentarios:
Publicar un comentario