martes, 7 de enero de 2014

Pruebas al canto



Por: Simón Pachano
Algunos lectores se disgustaron con el contenido de la columna de la semana pasada. Les molestó que el proceso que vive el país fuera calificado como personalista y autoritario. Para sustentar su posición, algunos de ellos repitieron los adjetivos que machaca el líder en su espectáculo de los sábados. Con ello confirmaban indirectamente lo dicho en este espacio sobre la hegemonía absoluta que él ejerce incluso en el pensamiento (o más bien en el lenguaje, que tiene algo de automático y no siempre requiere de pensamiento). Pero, por si faltaran pruebas para comprender la personalización de la revolución ciudadana, solamente habría que revisar la declaración del jueves pasado, cuando anunció su decisión de “meterse de lleno” en la campaña.

Incluso anticipó la posibilidad de hacer uso de una licencia, lo que, dicho sea de paso, debe haber producido gran alivio en el Consejo Electoral, que así no tendrá que justificar lo injustificable de su mirada sesgada o directamente de su ceguera.
El involucramiento directo del líder en la campaña, que seguramente significará el traslado temporal de su residencia a Guayaquil, equivaldrá a confesión abierta del fracaso de Alianza PAIS como organización política. Este movimiento –que deberá convertirse en partido después de las elecciones de febrero, porque así lo determina la ley– acude a esta contienda sin bases locales, sin aparato político de dirección en cada área territorial y con una enorme cantidad de candidatos prestados (alquilados, dicen los mal pensados). Es difícil sostener que esa sea la expresión del arraigo social del proceso político que en una semana más cumplirá ya siete años. Aunque desde el inicio era indiscutible el peso del liderazgo del presidente, nunca como ahora se hizo tan evidente que ese no solo era un puntal, sino la base única del proceso. Las próximas elecciones serán una confirmación adicional.
En cuanto al contenido autoritario, los lectores molestos por lo dicho en esta columna tuvieron en estos mismos días la oportunidad de comprobar que no se trata de palabras vacías. El uso de la Fiscalía y del aparato judicial para amedrentar a los opositores no tiene otro nombre ni forma parte de los atributos de un régimen democrático. El allanamiento a la oficina de un asambleísta –autorizado por la señora que cree que uno de los ingredientes de las tortillas son los excrementos– y la incautación de equipos de uno de sus asesores eximen de cualquier argumentación al respecto. Si los lectores no lo quieren ver es cuestión de ellos, pero para quienes vivimos dictaduras y persecuciones no son hechos que puedan pasar inadvertidos.
Aun en el caso de que el asambleísta Jiménez y su asesor Villavicencio hubieran “hackeado” las cuentas del presidente y de otras personas, debían seguirse las formalidades jurídicas, comenzando por el respeto a la inmunidad parlamentaria e incluyendo la presunción de inocencia. Esas formalidades constituyen uno de los elementos fundamentales del Estado de derecho y por ello no es casual que fueran la esencia de las luchas contra las dictaduras que campearon en nuestro continente.

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