¿Caen los operadores de Odebrecht?
Operadores políticos, abogados, empresarios y hasta el propio contralor general del Estado han sido vinculados por la Fiscalía como presuntos involucrados en el caso de los sobornos de Odebrecht. La Fiscalía ha iniciado una investigación por asociación ilícita, mientras que también ha planteado una denuncia por concusión en contra del contralor Carlos Pólit y hasta un juicio político en la Asamblea. Hay silencio en el oficialismo sobre Jorge Glas.
05 de junio del 2017
REDACCIÓN PLAN V
Y la lista de Odebrecht, finalmente, se conoció. O al menos, eso es lo que dice la Fiscalía, que el fin de semana pasado inició una indagación contra siete personas por presunta asociación ilícita, y planteó otra acusación contra el contralor general del Estado, Carlos Pólit, por concusión.
Tras una serie de operativos en Quito, Guayaquil y Latacunga, siete personas comparecieron en la capital ante la jueza Yolanda Mayorga en audiencia de formulación de cargos. Cinco quedaron con prisión preventiva, una con arresto domicialiario y un séptimo fue liberado.
Ricardo Rivera, tío del vicepresidente Jorge Glas, regresó a su departamento en Guayaquil con arresto domiciliario, por tener 68 años de edad, mientras que el ex alcalde de Latacunga, José Terán Vásconez, hermano de Mauro Terán Vásconez, el asesor ad honorem del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, fue liberado por falta de pruebas.
Los detenidos habían sido aprendidos con toda la parafernalia habitual: allanamientos de madrugada con polícías con armas de guerra y pasamontañas.
En el caso del contralor Carlos Pólit, su casa en un exclusivo sector de Guayaquil fue allanada, pero el funcionario se encuentra fuera del país, y, estiman abogados consultados, es poco probable que regrese a su cargo.
Para la Fiscalía las seis personas debían ser procesadas por el delito de asociación ilícita, tipificado en los artículos 369 y 370 del Código Penal anterior, pues el Ministerio Público tendría indicios de que formaban parte de una organización criminal.
Para la Fiscalía las seis personas debían ser procesadas por el delito de asociación ilícita, tipificado en los artículos 369 y 370 del Código Penal anterior, pues el Ministerio Público tendría indicios de que formaban parte de una organización criminal.
La fiscal Diana Salazar sostuvo que tiene abundante evidencia documental que “confirma los nexos criminales que han mantenido los ciudadanos detenidos con Odebrecht”.
La ministra de Justicia, Rosana Alvarado, estuvo presente en la formulación de cargos.
Mauricio Garrido, el mismo abogado que defiende a Mauro Terán, fue quien patrocinó a su hermano mayor.
Para la Fiscalía, el político socialcristiano, quien en el 2008 habría sido funcionario de Petroecuador, habría realizado gestiones a favor de la constructora en la estatal petrolera, al igual que el sindicado José Massuh. La Fiscalía busca nexos entre Terán y ex gerente de Petroecuador, Marco Calvopiña.
Una telaraña de empresas
Pero, ¿cómo se habrían hecho los pagos por parte de la constructora brasileña? Según la Fiscalía, se hacían por medio de empresas y operadores políticos que tendrían influencia en el Estado.
Una de esas empresas sería Equitran S.A., de la cual es accionista el sindicado Kepler V. y Antonio C. aparece como representante legal.
La Fiscalía, con base en datos del SRI dijo que Equitran S.A. registra ventas a Odebrecht por USD 31 millones, mientras que la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) reporta USD 27 millones. Las sospechas recaen sobre la diferencia de USD cuatro millones, que para la Fiscalía podrían haber sido sobornos.
Otros de los sindicados sí habrían tenido participación directa como funcionarios públicos, como sería el caso de Carlos V. quien supuestamente favoreció a Odebrecht con el cambio de bases en concursos, mientras fue presidente de la Comisión de Licitaciones de Senagua. La Fiscalía cree que el ex funcionario habría recibido por lo menos USD 218.000 por actividades ilegales en la función pública. También está vinculado con Diacelec S.A., la cual según el SRI registra ventas a Odebrecht por USD 58 millones. La UAFE estima ingresos de esa empresa por más de USD 52 millones.
Trece millones para Ricardo Rivera
Pero quien podría haber recibido el grueso de los sobornos, según presume la Fiscalía, sería el tío del vicepresidente Jorge Glas, Ricardo Rivera.
La constructora brasileña le habría pagado por lo menos USD 13 millones: cinco entre el 2012 y 2013, mediante transferencias electrónicas, y ocho millones en efectivo.
La constructora brasileña le habría pagado a Ricardo Rivera por lo menos USD 13 millones: cinco entre el 2012 y 2013, mediante transferencias electrónicas, y ocho millones en efectivo.
La empresa Diacelec S.A. recibía el dinero de otra empresa en el exterior, mientras que los pagos en efectivo se habrían hecho en un hotel del norte de Quito. La Fiscalía cree lo que algunos políticos como Dalo Bucaram y periodistas como Fernando Villavicencio habían dicho públicamente: que Rivera sería un operador que usando su parentesco con Glas habría ayudado a la constructora brasileña con sus negocios en el país.
De su lado, el indiciado Gustavo Massuh es un empresario y accionista en la Sociedad Agrícola San Carlos, además de otras 10 empresas nacionales y de la firma Clane Managment Inc., domiciliada en las Islas Vïrgenes Británicas, un paraíso fiscal.
La Fiscalía cree que Massuh “servía de camino” para que determinados funcionarios públicos reciban dinero de sobornos de la empresa brasileña. Sus ingresos eran millonarios: entre USD 1’019.000 y USD 1’400.000, según el SRI. La Fiscalía sostiene que Massuh poseía cuatro empresas en Panamá.
Juicio político contra Polít, silencio sobre Glas
La Fiscalía no ha aclarado todavía el papel del contralor general del Estado, Carlos Pólit, en la trama de los sobornos de Odebrecht.
Hernán Ulloa Parada, abogado del contralor, convocó a la prensa de Guayaquil para leer una declaración en la que no respondió preguntas. Para Ulloa, el allanamiento contra Pólit "es una represalia del Fiscal General porque la Contraloría, hace muy pocos días, presentó un informe de responsabilidad penal justamente en contra de su titular, Carlos Baca Mancheno".
Baca dijo en Twitter que "Fiscalía cumplirá su deber legal y ético de llevar a juicio los actos de corrupción y a sus responsables". y aseguró que no actúa por represalias ni en contra de nadie.
Ulloa dijo que "se ha violado el debido proceso" porque no hubo sorteo de la causa en la que aparece y dijo que su defensa demostrará "la ilegalidad de las acciones" tomadas por la Fiscalía General del Estado, sin precisar si el contralor, quien se encuentra en Estados Unidos desde el 26 de mayo, volverá a su cargo o al país. Polit había dicho que viajaba a Estados Unidos a un tratamiento médico.
El abogado Jorge Acosta reveló en Twitter que él es el apoderado de Pólit, quien le habría dejado dicho poder especial antes de viajar a los Estados Unidos, y desmintió que tenga cuentas en redes sociales.
Mientras tanto, en la Asamblea Nacional, el bloque de Alianza PAÍS, capitaneado por el presidente del Legislativo, José Serrano, anunció el inicio de un juicio político para el contralor, por incumplimento de sus funciones. Para el juicio político se necesitan 35 asambleístas, y PAÍS tiene 74 legisladores.
El presidente del Legislativo, José Serrano, anunció el inicio de un juicio político para el contralor, por incumplimento de sus funciones. Para el juicio político se necesitan 35 asambleístas, y PAÍS tiene 74 legisladores.
Así mismo, dijo que van a convocar al fiscal general Carlos Baca ante la Comisión de Fiscalización para que informe sobre la investigación. Una comisión de asambleístas viajará a Estados Unidos y Brasil, en busca de la lista de implicados en los hechos de sobornos, al tiempo que acordarón demandar a la Fiscalía celeridad en investigación, apertura de procesos contra directivos y representantes implicados en el caso, y pedir la expulsión del país de Odebrecht, directivos y representantes. El bloque legislativo anunció que promoverá la "muerte civil" para los implicados en corrupción.
El bloque oficialista no mencionó en ningún momento al vicepresidente Jorge Glas ni a ninguna posible vinculación con los presuntos delitos cometidos por su tío.
La fiscal general subrogante, Thania Moreno, presentó una acción penal, con 74 hojas, en contra del contralor Pólit por concusión, según el artículo 281 del Código Integral Penal. El delito se configura cuando un funcionario público “abusando de su cargo” exige la entrega de “contribuciones, sueldos, cuotas o derechos” ilegales. Se sabe que en el allanamiento a la casa de Pólit se incautaron computadoras y documentos, pero el contralor sigue en Miami.
Si el juicio político procede, sería el primero que se realiza en la última década, y podría concluir con la censura y destitución del contralor, para lo que se requieren 69 votos, que PAÍS podría reunir fácilmente.
Pólit había sido reelegido como contralor hasta el 2022, tras superar con 98/100 las pruebas del concurso de méritos del Consejo de Participación y Control Social.
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