El Contralor de Correa

ENRIQUE AYALA MORA

DIARIO EL COMERCIO
eayala@elcomercio.org

El país de 2006 ya no es el mismo. La “Revolución ciudadana” hizo cambios que nadie puede negar. Eso dice Correa y lo repiten sus corifeos. Es verdad. Porque en el decenio correísta la corrupción ha llegado a niveles en que el país es irreconocible. En el pasado, por ejemplo, hubo personas que ocuparon la Contraloría del Estado a quienes se acusó de encubrir alguna irregularidad o de haber dejado de controlar actos de mal manejo de fondos públicos. Pero que un ex asesor de Correa, a quien gracias a su voluntad se le entregó la fiscalía general, salga y acuse de corrupción al recién reelecto Contralor y lo implique en el más grave negociado, no del país, sino de América Latina, eso si es parte del “milagro” del correísmo. Semejante situación no se había visto antes. Correa “heredó” el contralor, que se volvió funcional a sus intereses durante la “década ganada” . Por ello se “ganó” su reelección por el “Consejo de Participación Ciudadana”, un grupo de anónimos que ejecuta la voluntad del déspota. Luego de que “ganó” el concurso y se lo nombró, fue pomposamente posesionado en marzo por la sumisa presidenta de la Asamblea. Pero, ¿No dicen que “lo estaban vigilando” desde hacía meses? ¿Quiere decir que ya sospechaban, pero de todas maneras le nombraron contralor? ¿Cómo llegó al máximo puntaje si ya tenían indicios de que había recibido coimas para autorizar contratos? ¿Y, entonces, por qué lo dejaron salir al exterior, igual que a Capaya, al primo y a otros prófugos más? El hecho es que el más alto funcionario de control de la República, el que acusó a tantos inocentes por orden de Correa y se hizo de vista gorda de los verdaderos culpables, está ahora sujeto a trámite judicial por haber recibido dinero de Odebretch. Y ahora intenta desde Miami disponer que se quede en la contraloría una incondicional suya, no solo para cubrirse las espaldas, sino para manipular o hacer desaparecer documentos, a tal punto que tiene que ir la policía para impedirlo. Solo después del decenio correísta podía darse el hecho de que un virtual prófugo de la justicia quiera seguir siendo el jefe del control en la república desde un paraíso de los responsables de corrupción, blandiendo un pasaporte estadounidense, es decir, de ciudadano extranjero. Por eso el tal “juicio político” es una payasada seguida por un dudoso ex ministro de Correa para hacernos pensar que se lucha contra la corrupción y que los responsables son solo los primos, los tíos, los panas de ayer que han “traicionado a la revolución”. Pero las implicaciones van cada vez más cerca de Glas y Correa. Porque a veces, seguir tapando es imposible. Al fin y al cabo, diez años de impunidad no pasan en vano.