Testigos de piedra

Mauricio Gándara Gallegos
Luego de titular este artículo en la forma que arriba consta, tuve la tentación de cambiar el título por el de un relato de Francisco de Quevedo, de El Buscón, que él llama “Una batalla nabal” –con “b” grande–, en el que refiere una pelea de mercado en que las vendedoras se lanzan nabos, coles, acompañados de procaces insultos; este relato me vino a la memoria al mirar en los noticiarios la escena de mercado que tuvo lugar en la Contraloría del Estado en la pelea por la sustitución del “enfermo imaginario”, el contralor titular. Una escena más de esta historia de El Buscón que tiene lugar casi a diario desde el escándalo de la refinería de Esmeraldas y que parece continuará con nuevos latrocinios.

El Gobierno crea una nueva Comisión anticorrupción con participación de ministros, incluyendo algunos que lo fueron también del Gobierno saliente. Esta es una contradicción, porque el Gobierno no se puede juzgar a sí mismo; el Estado tiene funcionarios de fuera del Gobierno para tal tarea, como el contralor, el fiscal, por ruines que hayan sido sus actuaciones en los últimos años. Una Comisión así tiene que provenir de la sociedad civil, no del Gobierno; ya existe una, que ha recibido el respaldo de la ciudadanía porque la integran personas provenientes no del mundo mundano sino del mundo intelectual, consagradas por largas vidas sin tacha. Esas respetabilísimas personas fueron condenadas a petición del contralor Pólit, quien, luego, a petición del presidente, olímpicamente, las perdonó. ¡Qué ironía! La Comisión acusó al contralor por haber permitido un sobreprecio en la compra de terrenos para la refinería de Manabí, donde, además, obtuvo contratos millonarios la mimada Odebrecht. Titulo a este artículo de la forma en que lo hago, porque si no cabe integrar una comisión anticorrupción con ministros, mucho peor con los del Gobierno saliente, porque ellos fueron, al menos, testigos de piedra por una década durante la cual ni vieron ni oyeron de los escándalos de corrupción denunciados por ciudadanos valientes, muchos de los cuales siguen perseguidos.

Para luchar contra la corrupción, hay que desarmar la maquinaria que se montó para llevarla a cabo. Vivieron en permanente estado de emergencia para evitar licitaciones y otorgar los contratos a sus amiguitos, bajo la modalidad de “el giro especial del negocio”. Modificaron las leyes para que ni aun el fiscal pudiera iniciar un juicio por peculado sin el informe previo del contralor; esto protegía a quienes detentaban el poder.

El presidente debería aceptar la recomendación de la ya existente Comisión Anticorrupción sobre el vicepresidente de la República para que le suspenda todas las facultades a él delegadas mientras se defiende de la catarata de acusaciones que se le formulan. Apenas debe tener mente para responderlas.

Para impedir la corrupción, la prensa no debe estar regida por las actuales leyes que la oprimen ni bajo el control del funcionario que la persiguió anteriormente. Si esto no cambia, revive el dicho de cuando de la Colonia pasamos a la República: “Último día de despotismo y primero de lo mismo”. (O)