El asaltante del IESS se lava las manos
Richard Espinosa sigue los pasos de Jorge Glas: compite con él en una empresa desesperada por inventarse coartadas para negar responsabilidades políticas, administrativas y penales en su gestión en el gobierno de Rafael Correa.
Espinosa negó desde 2015 la deuda del Estado con el IESS: en esto siguió a la letra el discurso de Rafael Correa. Ahora, que la Contraloría ratifica que el Estado debe $2.878 millones al IESS, él recuerda mal haber negado esa deuda. Y trata de lavarse las manos. No dice que cerró los ojos cuando desapareció la deuda: dice que no envió el balance consolidado del IESS a la Superintendencia de Bancos y que estaba esperando el dictamen de la Contraloría para determinar si esa deuda existía. En claro, la desaparición de la deuda en los estados financieros del IESS, no son de su responsabilidad. Ni siquiera se da por enterado de lo que hicieron sus subalternos en el IESS.
Ahora que la Contraloría dice que incumplió reglamentos y responsabilidades y que los afiliados piden su cabeza, Espinosa quiere escurrir el bulto. Y empezó por lanzar puñadas de polvo de hadas ante las cámaras. En una entrevista con Janet Hinostrozamostró recortes de prensa para probar que él, presidente del Consejo Directivo del IESS, pidió a la Contraloría, en noviembre pasado, dirimir en este caso para saber si existía dicha deuda. Carlos Polit, hombre del correísmo, era el contralor. Los recortes que exhibió son de los primeros días de febrero pasado. No es una casualidad. El 31 de enero, 4Pelagatos había revelado que el IESS borró, de los estados financieros del sistema, $2528 millones. En agosto aparecía esa suma en la cuenta contable “deuda del gobierno”; en septiembre desapareció por disposición del Director Nacional de Gestión Financiera. Ante el escándalo, Espinosa hizo esas declaraciones que ahora muestra pensando que eso lo exime de explicar por qué no se opuso a borrar esa deuda y por qué el IESS, bajo su dirección, ejecutó ese asalto sin esperar a que la Contraloría zanjara el caso.
Espinosa no solo niega lo que dijo. Niega lo que hizo y dejó hacer durante ese largo proceso que culminó en la eliminación del balance de comprobación de esos $2528 millones que, con los meses, aumentó hasta $2.878 millones. Ahora mezcla las pistas y declara, como si no hubiera sido autor, cómplice o encubridor –o las tres a la vez– del asalto al IESS, que esa institución no perdió ni un dólar. ¿Qué dice? Que la Contraloría reveló cuentas que nadie esperaba. Y se centra en $910 millones (parte de la deuda total, $2878 millones) que él atribuye absurdamente a empleadores, afiliados y al Estado.
Sorpresa fingida de Espinosa: no dice que esos $910 millones son facturas de las enfermedades catastróficas y que, en ese punto, la Ley de la Seguridad Social prevé la creación de un fondo solidario “financiado con el aporte obligatorio de los afiliados y empleadores y contribución obligatoria del Estado”. No dice que, precisamente por no existir ese fondo solidario, Rafael Correa, en el Decreto Ejecutivo 543, del 15 de enero de 2015, estableció que los enfermos sean atendidos “en los términos establecidos por las regulaciones expedidas” por el Ministerio de Salud.
Es decir, esos $910 millones hacen parte, según el decreto de Correa, de la deuda del Estado que ha venido siendo contabilizada en los estados financieros del IESS. ¿Cómo puede decir Espinosa que no la conocía? ¿Cómo puede decir que era incuantificable y que no había registros? La conocía tanto que supo cuánto exactamente borraron sus funcionarios y dónde la borraron: en la cuenta contable “deuda del gobierno”. La conocía tanto que se unió a la campaña política de Correa para negarla. La conocía tanto que se guareció tras la ausencia de un reglamento para justificar la negativa por parte de Correa a pagarla.
Su movida es torpe, disparatada. Espinosa sabe que un proyecto de Reglamento a la Ley de Seguridad Social fue enviada el 4 de febrero de 2009 a Rafael Correa y que este, en vez de procesar su aprobación, lo puso a dormir en algún cajón de Carondelet. Sabe que la ausencia de ese reglamento no exime al IESS de dar esas prestaciones y al Estado de asumirlas financieramente porque así lo manda la Constitución. Sabe que él y sus funcionarios no consideraron en los presupuestos del IESS, de 2016 y de 2017, las contribuciones del Estado para atenciones médicas en salud. En esa casilla figura un contundente cero. Y esas resoluciones (la 507 en 2016 y la 545 en 2017) las firmó el Consejo Directivo del cual él es el presidente.
Espinosa en su operativo mediático para lavarse las manos, ahora juega a ser un desinformado sorprendido por la Contraloría. ¿Cómo habrá hecho –se pregunta– para calcular la deuda si no hay registros desde el 2001? Quizá hicieron –dice– una proyección. Y por supuesto que miente adrede. Primero porque hay un sistema de facturación en el IESS desde 2008. Y la deuda del Estado con el IESS figura en convenios y en los estados contable del IESS. Es verdad que no hay registro del 2001 al 2008 porque las unidades médicas no tenían ese sistema de facturación contable. Sin embargo, la Subdirección de Control Presupuestario del Seguro de Salud hizo un registro contable consolidado basado en las estadísticas. Espinosa debe saber que el monto calculado en esa época sumó 208 millones de dólares por atención médica a jubilados.
En otras palabras: del monto total de la deuda con el IESS que ratificó la Contraloría, el Estado pudiera alegar que no hay convenio alguno en el cual figuran esos 208 millones. Del resto, $2670 millones, hay registros y hay convenios. Y el nuevo contralor, Pablo Celi, acaba de decir que es toda la deuda, es decir la contabilizada desde el 2001, que debe ser pagada por el Estado.
Espinosa ahora va a los medios a reponer la verdad. Eso dice. La verdad es sencilla: él y sus principales funcionarios cometieron un asalto de casi $2.878 millones al IESS, y la Contraloría los pescó. Y en vez de irse para enfrentar las consecuencias, ahora Espinosa da clases de ética pública. Como Glas.
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