Publicado en la Revista El Observador (edición 99, junio del 2017) |
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Ismael Moreno Coto, mejor conocido como “el padre Melo”, en una de las manifestaciones del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, (Copihn) Credit Radio. Recuerdo que en el año 2002, fui invitada a la ciudad de Progreso, Honduras, para compartir una reflexión sobre el papel de las radios comunitarias en Centroamérica, desde aquel entonces mantenemos una excelente relación desde Cuenca Ecuador.
El Padre Melo era amigo de la dirigente ecologista Bertha Cáceres, quien fue asesinada el 3 de marzo de 2016. Honduras es el país donde han perdido la vida 26 reporteros, desde el Golpe de Estado de 2009. En este contexto el sacerdote Jesuita, por defender los derechos humanos y la libertad de expresión se ha convertido en una figura antagónica del presidente Juan Orlando Hernández. Es periodista en uno de los países más peligrosos para ejercer ese oficio. Del asesinato de la dirigente indígena Bertha Cáceres, Cáceres, el sacerdote aprendió una lección. Dice que en Honduras se aplica a rajatabla la “ley de la muerte”: una condena contra los opositores al modelo “extractivista”. Los que no se dejan comprar por las empresas o los partidos políticos son condenados. “Cuando los gatilleros impactaron sus disparos en el cuerpo de Berta Cáceres, ya la habían condenado a muerte hacía muchos años”, dijo Melo. Según él, antes de las balas hay un proceso de muerte civil y política para los opositores: se les denigra o se les invisibiliza. Los medios de comunicación corporativos solían ignorar a Cáceres o la llamaban la Bochinchera, como si fuese una persona problemática. Moreno Coto también se ha sentido sentenciado. No piensa que lo van a matar como a Cáceres, pero ya asumió que fue condenado a la denigración y la invisibilidad. La cena Melo, de 59 años, es el director de Radio Progreso, uno de los pocos medios de comunicación críticos al gobierno, que cumplió seis décadas en diciembre de 2016. También es la cabeza del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, un colectivo que tiene influencia política en los movimientos sociales que se oponen a los megaproyectos mineros, turísticos e hidroeléctricos. La noche del 15 de diciembre de 2016, Moreno organizó una cena en su casa. El menú fue sencillo: pollo frito, costillas de cerdo en salsa barbacoa y yuca frita. Era la comida rápida de un restaurante del barrio. “A menos que ocurra algo extraordinario, el próximo presidente se llamará Juan Orlando Hernández”, sentenciaba el sacerdote. En esa y otras ocasiones el padre no cesó de criticar a Hernández: lo señalaba como el principal protector de los violadores de derechos humanos. También afirmó que Honduras atraviesa por una “democracia autoritaria que avanzará a una propuesta dictatorial, personalista”. Los convocados a la cena eran doce personas, entre jesuitas, exjesuitas, académicos, un músico y un reportero. La conversación versó sobre el panorama político de Honduras. A los extranjeros nos puso al día: Hernández contaba con un aliado y protector en Estados Unidos; el general John Kelly, exjefe del Comando Sur y actual secretario de Seguridad Interior de Donald Trump. Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, se dirigió a sus partidarios después de unos comicios primarios en Tegucigalpa, Honduras, el 12 de marzo de 2017. Credit Orlando Sierra/Agence France-Presse — Getty Images. Constitución prohíbe la reelección La Constitución de Honduras prohíbe la reelección. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) le despejó el camino a Hernández para volverse a presentar a elecciones. Desde abril de 2015, la Corte Suprema declaró que prohibir la reelección era contrario a los derechos humanos y tratados internacionales. En octubre de 2016 los miembros del TSE ratificaron esta decisión por unanimidad. Condecora a Lenin Moreno Y el 14 de diciembre, un día antes de esta cena, Juan Orlando Hernández declaró que sí, que se postularía para otro mandato. Por tener las mismas ambiciones, el presidente Manuel Zelaya fue derrocado en 2009. El Presidente Hernández condecoró con la Orden defensor de los Derechos Humanos y de los Discapacitados, al actual presidente de Ecuador Lenin Moreno, para los hondureños pasó desapercibido, por ser una persona ajena a la realidad centroamericana. Según el cura, el gobierno del presidente Hernández se apoya en varias columnas. La primera es una alianza de la oligarquía nacional con las empresas trasnacionales, muy notoria en las inversiones en telecomunicaciones, la minería, el turismo, la generación de energía eléctrica y la palma africana. La militarización es el segundo rasgo. En Honduras, dijo, las instituciones de justicia estaban colapsadas y el ejército participaba cada vez más en ámbitos de discusión política. “En un país inestable no hay manera de conseguir las ganancias de hace 25 años sin militarizar a la sociedad”, comentó. En noviembre de 2017, Honduras transitará por unas polémicas elecciones. El presidente Juan Orlando Hernández podrá presentarse a la reelección y, quizá también se postule Manuel Zelaya Rosales, el expresidente derrocado en 2009. El impacto del extractivismo en el tejido social El modelo extractivista en Honduras», elaborado por el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús, ERIC, es un intento por definir el modelo por el cual se ha puesto en alerta la preservación de los recursos naturales y la salud de las poblaciones afectadas debido a la contaminación que dejan tras su paso las empresas como Entremares, en el valle de Siria, en el departamento de Francisco Morazán. Se apunta que dentro de las principales características del extractivismo está la semejanza al modelo esclavista, desapareciendo las libertades y los intereses ciudadanos. El extractivismo reproduce el saqueo, explotación y destrucción indiscriminada de épocas pasadas, con la finalidad de aumentar el control global de las materias primas que demanda el mercado mundial, profundizando la industrialización y los centros financieros mundiales. Los megaproyectos del extractivismo El extractivismo comprende proyectos de gran escala como represas hidroeléctricas, plantaciones de agrocombustibles y monocultivos, proyectos extractivos de minería, gas y petróleo, desarrollos turísticos, ciudades modelo, y carreteras. Estos proyectos se realizan con tecnologías que minimizan las inversiones y permiten incrementar las ganancias, pero a la vez los impactos negativos. Extraer una onza de oro en Honduras, cuesta entre doscientos y trescientos dólares, y se ha vendido a precios que superan los dos mil dólares en el mercado mundial. Según el documento del ERIC, dentro de los impactos que la imposición del modelo extractivista arrastra está el debilitamiento de la noción de ciudadanos como sujetos de derecho, y genera una presión ilegítima a la resistencia mediante campañas de terror en torno a lo que podría suceder si los proyectos no logran llevarse a cabo. Se denuncia en este documento que el Estado juega un papel de aliado de las empresas extractivas, creando una institucionalidad mediadora que protege los negocios de las transnacionales, disminuyendo los derechos inalienables y soberanos. El Estado decide renunciar a la administración territorial, trasladando su potestad reguladora y de impartición de justicia a instancias supranacionales de arbitraje. |
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