La placa de la indignación
El acto de reparación simbólica a los 41 menores abusados en la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra) terminó en caos y llanto. La institución educativa no pidió las disculpas que le correspondía, según la sentencia, y los padres desconocieron el acto. Mientras que el viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, incendió más los ánimos con su discurso. Llegó sin datos ni anuncios concretos sobre cómo la Cartera de Estado previene estos casos.
20 de junio del 2017
SUSANA MORÁN
El padre de gafas oscuras solo atinó a abrazar a sus hijas y a su esposa. Desde la calle y frente a las puertas cerradas de la Academia Aeronáutica Mayor Pedro Traversari (Aampetra) permanecieron así por un largo tiempo. Consolándose entre sí y junto a ellos más padres y más hijos hacían lo mismo. Es lo que les quedaba después de ver que el esperado acto de reparación simbólica a los 41 menores abusados sexualmente en esa institución se convirtió en el acto de la “indignación”. Era una ceremonia que prometía ser un hito en el país contra el abuso a menores en cualquier establecimiento educativo. Pero solo hubo más llantos y más gritos. Los padres no encontraban explicación para lo que había sucedido minutos antes en el patio de Aampetra, donde exigieron una vez más ser escuchados. El padre de gafas oscuras, exhausto, solo encontró consuelo en el abrazo.
Los familiares de los niños afectados vestieron una camiseta con una leyenda que decía: "Rompe el silencio".
En búsqueda de una disculpa
Una mesa blanca, parlantes y un podio fueron el escenario de la reparación fallida. Allí, diez padres de los 41 menores abusados esperaban ansiosos que se cumpla una sentencia. El 21 de junio de 2016, la Corte Provincial de Pichincha confirmó la condena contra el profesor José Luis Negrete Arias por atentado al pudor contra 41 niños y niñas entre 2010 y 2011 en un aula de Aampetra. Pero también incluyó la reparación inmaterial a las familias. Esta consistía en la colocación de una placa en el aula de clases donde sucedieron los hechos. La lámina conmemorativa debía ser presentada en el minuto cívico, de un lunes, ante la presencia de los padres de las víctimas y autoridades educativas. La institución, además, debía pedir disculpas a los afectados.
En el patio de Aampetra se hizo la ceremonia que terminó en gritos y llantos.
Luis Naranjo, rector de Aampetra, escuchó las intervenciones. No hizo ninguna declaración.
Pero ni ocurrió en el minuto cívico, ni hubo disculpas. En cambio, sí hubo retrasos. La ceremonia estaba prevista para las 10:00 del lunes 19 de junio de 2017. El padre con gafas fue el primero en llegar. Pidió que su nombre se mantuviera en reserva para cuidar a su hija, una de las víctimas del profesor Negrete. Mientras esperaba a las demás familias contó el camino que recorrió para llegar hasta ese momento. ¿Cómo se logra justicia en este país? Su respuesta es sencilla: “Los padres hemos hecho más de la mitad”.
En el expediente judicial constan los reclamos por la inacción del rector de Aampetra, Luis Naranjo. También recordó que tuvieron que poner dos denuncias en la Fiscalía, porque la primera no fue atendida. Asimismo lo hicieron en el Ministerio de Educación, pero dice que poco hicieron en este caso. El 22 de octubre de 2011, después del enlace sabatino en el Parque de Las Cuadras, en el sur de Quito, corrió varios metros atrás del entonces mandatario Rafael Correa antes de que se fuera. Le gritó y le pidió que tomara su solicitud. “Dale a mi asesor”, le dijo. Así lo hizo. En la carta solicitaba que incluyan en la lista de los más buscados al profesor Negrete. El agresor había escapado después de las denuncias de los padres. Pocas semanas después fue incluido en la lista. Pero hallarlo tomó tres años, aunque estuvo en una casa de Solanda, a menos de cuatro kilómetros de Aampetra.
El acto se llevó a cabo a las 10:20 y no en el minuto cívico como disponía la sentencia.
A siete años de los hechos, la herida seguía intacta. Algunas madres mencionaron que la reparación en casi nada les ayudaba. Otros consideraron que algo puede paliar el dolor. Pero sí esperaban que quedaran registradas públicamente las disculpas públicas de la institución privada por meter un “monstruo” a la clase de sus hijos. “Puede tener el dinero que tenga esta gente, no van a poder. Gracias a Dios tenemos una justicia que está saliendo adelante”, dijo optimista el padre con gafas antes de la ceremonia sin saber que se venía un doloroso desenlace.
La batalla campal
Cerca de las 10:00, los medios, los padres y las organizaciones civiles esperaban el ingreso. Cuatro mujeres policías resguardaron la puerta principal. Personal de la escuela quiso pedir cédulas a quienes iban a entrar. Entonces el ánimo de los padres empezó a caldearse. “No hemos venido a una discoteca”, gritaron. Patricio Benalcázar, defensor adjunto de DDHH de la Defensoría del Pueblo, también forcejeó con los guardias de la puerta. “Soy una autoridad”, dijo ofuscado por el trato. Ante los reclamos, salió a mediar Giancarlo Druet, subsecretario de Educación, quien pidió “correcta compostura” a los medios de comunicación. Esto es: sin entrevistas dentro de la institución. Una vez dentro, dos funcionarios de Aampetra volvieron a advertir: “Responsabilizamos a la prensa lo que suceda a nuestros estudiantes”.
En los primeros minutos hubo restricciones para el acceso. Después pudieron ingresar todos los familiares.
“No podemos dejar de sentir preocupación por el daño mediático por un grupo de profesionales de comunicación que sin realizar una prolija investigación se permiten emitir criterios alejados de su formación”, vicerrector de Aampetra, Guillermo Jaramillo.
Una vez que el público se ubicó en el patio de Aampetra empezó el acto. Las autoridades se sentaron en la mesa blanca. Estuvo la fiscal subrogante Tania Moreno; el viceministro de Educación, Álvaro Sáenz; Giancarlo Druet, subsecretario de Educación; el abogado de Aampetra, Walter Enríquez; el representante de la Defensoría del Pueblo, Patricio Benalcázar; y una representante de Unicef. Atrás de ellos se sentaron el rector Luis Naranjo, el vicerrector Guillermo Jaramillo y la fiscal que investigó el caso, Mayra Soria.
Un padre y una madre fueron los primeros en hablar. El primero dijo: “Hemos venido a dar nuestro pésame. Porque no hemos tenido ningún reparo, ningún apoyo por parte de la institución. Queremos dejar un precedente”. Y al referirse al pedido de la cédula para ingresar al acto, él reclamó: “Así era que pidan a este sinvergüenza (el profesor) papeles cuando entró a esta institución, porque a nosotros nos piden hasta identificación. Me siento indignado por ver tanta injusticia en nuestro país”. Mientras que la madre narró: “El día de hoy, al volver a caminar por estos patios, me sobrecoge una sensación de sentimientos encontrados al saber que esta institución a la que confiamos nuestros más grandes tesoros pisoteó nuestra alegría (...). Acabó con la inocencia de nuestros hijos e hijas. Institución que al momento de omitir un control de perfil profesional admitió aquí no un ser humano sino a un monstruo”.
El discurso fuerte de los padres de familia abrió la ceremonia.
Así como avanzaba su discurso su tono de voz también aumentaba. Enérgica resaltaba cada una de las palabras. Fue por eso que un funcionario de Aampetra pidió al sonidista que bajara el audio. Así que la madre, casi sin audio, gritó: “Los 43 ahora adolescentes quienes en su niñez fueron agredidos sin ninguna piedad por el monstruo de las aulas y con la complicidad y el silencio de esta institución". Y finalizó: “Que nunca más escuchemos decir que el prestigio de una institución pesa más que los derechos de los niños (atacados) brutalmente y que nunca pidieron estar en el aula de terror”.
Guillermo Jaramillo, vicerrector de Aampetra, dijo que la institución sí ayudó en las investigaciones. Los padres rechazaron esa declaración.
Era el turno del vicerrector de Aampetra, Guillermo Jaramillo. Por lo tanto era también el momento de las esperadas disculpas. “Nuestra institución ha dado toda la colaboración necesaria para que este hecho no vaya a quedar en la impunidad”. Ni bien pronunció esas palabras, los padres rechazaron tal afirmación. De forma atropellada, Jaramillo continuó: “Somos los que junto con este grupo de niños, ahora jóvenes, hemos sido perjudicados, por un mal ciudadano sin escrúpulos que hoy está pagando su pena”. Los gritos de los familiares no cesaban. El vicerrector habló de las mejoras que han hecho para seleccionar a sus maestros. También dijo que 10 de los 41 estudiantes afectados están por concluir su bachillerato allí. “Definitivamente la vida continua”. Con esa frase y sin mencionar la palabra “disculpa” cerró su discurso.
Padres y madres pidieron que se cumpla la sentencia en su totalidad que incluye la disculpa de la institución.
El tropiezo del viceministro
Pero si con alguien los ánimos se exacerbaron fue con el viceministro de Educación, Álvaro Sáenz. Tomó el micrófono y dejó a un lado el podio para mostrarse más cercano a las familias. Pero los asistentes apenas le dejaron hilar un discurso por cinco minutos. El resto del tiempo fueron frases entrecortadas y contestaciones a los padres que no dejaron que la autoridad educativa realice su intervención. “El Ministerio llegó para verificar que se cumpla una restitución de derechos (...) No es fácil cumplir con el interés superior del niño, todos somos responsables de cumplir el interés”. Los padres inmediatamente le respondieron: “Pero no hicieron nada”, “queremos escuchar las disculpas”.
El viceministro de Educación, Álvaro Sáenz, pidió disculpas en nombre del Ministerio.
El padre de gafas casi sin aire hiló con sus últimas fuerzas una frase: “Es la primera vez que una escuela haciendo cumplir lo que pasó aquí con el monstruo”.Su hija lo auxilió con un abrazo para que se calmara. Desde atrás del grupo de familiares, él refutaba con ahínco lo que la autoridad decía. Como quien quisiera desahogar en gritos la agonía de un largo silencio. “Solo me pidieron que me callara”, era otra voz que se escuchó entre el grupo.
El Viceministro reconoció que Aampetra no se disculpó. Por eso él asumió esta tarea con un discurso que no convenció: “Quiero, en lo que compete al Ministerio de Educación, pedir disculpas. El país entero tenemos que pedir disculpas. Tenemos que pedir disculpas la sociedad porque se ha vuelto violenta. Tenemos que pedir disculpas cuando ocurren hechos tremendos como los feminicidios. Cuando en las propias familias tenemos violencia”.
Dos madres reclamaron al Viceministro porque consideraron que no se dio la reparación simbólica.
Tania Moreno, fiscal subrogante, consideró que no hubo restitución. La Fiscalía pondrá en conocimiento del tribunal estos hechos para que tome una decisión.
En la sentencia se exhortó al Ministerio de Educación a que establezca políticas públicas para mejorar los estándares de ingreso del personal en los establecimientos privados. Pero de esto nada se dijo ni en el acto, ni en la rueda de prensa que dio en los exteriores del plantel. El Viceministro llegó sin datos ni resultados concretos después de un año de la sentencia. A la pregunta que le planteó Plan V sobre esto dijo: “En todos los lados hay requisitos y estos requisitos no solo son de contenido sino de situaciones sicológicas. Hay cosas previsibles y otras no”. ¿Pero entonces por qué hay tantos abusos en las instituciones educativas? “Hagámonos esa pregunta usted y yo. ¿Por qué hay tanto caso de violencia? ¿Qué nos está pasando al país? Usted, los medios, ¿qué están haciendo contra la violencia? ¿De pronto está exacerbando donde no corresponde?”.
De nuevo en el patio de Aampetra, el Viceministro explicó a los padres qué es reparación: “Es poder coger de las manos a nuestros hijos y avanzar hacia el futuro”. Y se fue a develar la placa. Los padres entraron en ira y desconocieron el acto. Para ellos no hubo reparación. Y mientras las autoridades abandonaban el patio, dos adolescentes en llanto corrieron detrás del rector para pedir que no sean ignoradas: "¿No vale nada lo que yo viví?".
La placa de la indignación
En la pequeña aula donde sucedió el abuso de los 41 alumnos se develó la placa solo con la presencia de las autoriades educativas y de los medios. Los padres rechazaron el acto.
En medio de gritos y con resguardo policial, las autoridades educativas subieron hasta el tercer piso del plantel para develar la placa. En medio del rechazo de los padres. Solo con la presencia de la prensa y de policías. La placa había sido empotrada en el fondo del aula y tal como lo pedía la sentencia contenía la frase: “En memoria de las víctimas de abuso infantil en el sistema educativo”. Un salón, de 25 metros cuadrados, con un proyector y un computador ahora tendrá la misión de impartir charlas de prevención contra el abuso sexual. Pero los padres afectados nunca la vieron. Prefirieron quedarse en el patio del plantel buscando respuestas. Como hace siete años.
A la salida, los padres y los hijos se consolaron ante la fallida reparación.
Una ruedad de prensa en la que solo habló el Viceministro de Educación se dio fuera de la institución.
Actualización:
El Defensor del Pueblo, un día después de estos hechos, exigió reparación justa y digna para los 41 estudiantes afectados. A través de un fuerte comunicado, planteó los siguientes puntos:
- La sentencia del Tribunal Tercero de Garantías Penales de Pichincha, de forma clara y expresa, dispone a las autoridades de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Travesari”, la reparación inmaterial, simbólica, y el reconocimiento del derecho a la verdad en este caso. Esto significa, para las niñas y niños que fueron víctimas, la posibilidad de reparar en algo el daño causado en su integridad psicológica y sexual, y abrir una puerta para ofrecerles, como sociedad, la recuperación de la confianza, la autoestima, el libre desarrollo de su personalidad y la continuidad de su proyecto de vida. Por lo tanto, el Defensor del Pueblo rechaza aquellas prácticas que, de manera insensible y burda, pretenden negar injustificadamente la garantía de los derechos de las 41 niñas y niños afectados. Igualmente, se solidariza con las víctimas y sus familias por tan reprochables actos.
- La connotación de inmaterial y simbólica de la reparación integral de las 41 víctimas implica un importante mensaje al Estado y la sociedad, para prevenir que se vuelvan a repetir hechos como el abuso sexual a niñas y niños por parte de docentes o trabajadores, en esta y en otras instituciones educativas. De allí que distorsionar un acto de reparación, en las condiciones que se produjo en la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Travesari” el día 19 de junio, deja como resultado un adverso precedente y contribuye a perpetuar la impunidad y la indefensión de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran vulnerables frente a las agresiones sexuales y violencia.
- El Defensor del Pueblo rechaza, de igual manera, el contenido de la placa que fue develada, en virtud de que pretende eludir la responsabilidad directa de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Travesari” y transferirla de manera general al “sistema educativo”, cuando fue en el propio colegio, en sus instalaciones en los que ocurrieron los hechos, y en consecuencia es la entidad educativa la que debe asumirlos, evitando imponer un desacertado discurso de daño mediático institucional.
- En relación al punto anterior, la sociedad debe recordar que la reparación inmaterial a través de un espacio de memoria, más allá de la sentencia, debería implicar un acto de reconciliación y perdón entre las autoridades de la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Travesari”, con las 41 víctimas y sus familias, y constituirse en un mecanismo efectivo para aliviar el sufrimiento emocional. Además, para ellos y para nosotros como integrantes de la sociedad, recordar los hechos aporta en la conciencia sobre la necesidad de respetar el cuerpo y los derechos de las niñas, niños y adolescentes, así como de la importancia de proteger y defender, con valentía y tenacidad, su integridad y dignidad.
La institución reivindicó el derecho a la reparación inmaterial justa y digna para los 41 estudiantes víctimas de abuso sexual en la Academia Aeronáutica “Mayor Pedro Traversari” y exigió a sus autoridades, un ejercicio honesto, responsable y ético en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Penal. Además, solicitó a esa instancia, una valoración de estos hechos, preservando los principios constitucionales e internacionales de la reparación integral y el interés superior.
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