El Contralor confirma: el asalto de Espinosa al IESS suma $2.528 millones
El atraco al IESS, perpetrado Richard Espinosa y otros directivos del IESS, se hizo sin sustento legal: esta conclusión figura en un informe firmado, el 29 de mayo, por Pablo Celi, Contralor General del Estado, subrogante.
Muchos dirán que un atraco es un delito y que, por ende, es ilegal. Cierto. Pero no es así para Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IESS, y sus principales funcionarios: en septiembre pasado desaparecieron de las cuentas del IESS $2528millones que figuraban en la casilla “Deuda del gobierno”. Lo hicieron como si fuera legal. 4Pelagatos, que publicó esta exclusiva, había registrado un asalto por $2507 millones: es más.
Muchos dirán que un atraco es un delito y que, por ende, es ilegal. Cierto. Pero no es así para Richard Espinosa, presidente del Consejo Directivo del IESS, y sus principales funcionarios: en septiembre pasado desaparecieron de las cuentas del IESS $2528millones que figuraban en la casilla “Deuda del gobierno”. Lo hicieron como si fuera legal. 4Pelagatos, que publicó esta exclusiva, había registrado un asalto por $2507 millones: es más.
La Contraloría hizo “un examen especial al proceso de determinación del valor de la deuda por concepto de contribuciones del Estado por prestaciones de salud” y Celi comunicó los resultados provisionales a todos los involucrados en la decisión de desaparecer el monto de la deuda. La Contraloría examinó las cuentas que van del 1 de febrero de 2103 al 31 de diciembre de 2016. Pablo Celi firma este documento de ocho páginas en el cual retoma, en orden, el itinerario administrativo que terminó dando de baja esa deuda del Estado en el “Balance de comprobación por concepto de contribuciones del Estado, por prestaciones de salud”.
La Contraloría en su informe parte de un memorando en el cual el Director General del IESS delegó un representante del IESS para que, en conjunto con el Ministerio de Finanzas, establecieran los valores adeudados al IESS por parte del Estado. En su informe, esa comisión interinstitucional concluyó, el 13 de abril de 2015, que “no existe deuda u obligación que se haga exigible por la falta o vigencia de un Reglamento a la ley de Seguridad Social tal como lo establece la propia Ley de Seguridad Social, de la cual no es legal hacer una determinación de montos o porcentajes por concepto de la contribución de prestaciones de salud…”.
Esta conclusión disparó una serie de decisiones dentro del IESS que culmina con la desaparición de $2528 millones. El Contralor las recuerda, las vincula y analiza su sustento legal. Igualmente destruye el argumento esgrimido por Espinosa y los suyos para eliminar la deuda: la falta de un reglamento. Celi, revisando los archivos, muestra que el Presidente del Consejo directivo de junio de 2008 a mayo de 2013, sí elaboró el proyecto de reglamento a la Ley de Seguridad Social, que fue enviado a la Presidencia de la República y que hasta la fecha no ha sido aprobado. No obstante, escribe, esto “no constituye justificación alguna para la baja de la deuda por prestaciones de salud a los rubros del Estado; en razón de que las prestaciones fueron brindadas y actualmente siguen recibiendo atención”. Y Celi, mirando la contabilidad del IESS, recoge en su informe el detalle de las cuentas y el monto que el Estado no pagó al IESS: de esos $2.528 millones dados de baja, las prestaciones de salud suman $1.715.827.807 millones para jubilados; $57.092.072 millones para jefas de hogar y $5.751.471 millones para discapacitados. En total $1.778.671.331 millones en prestaciones que –dice el documento– “no requerían de la existencia de un reglamento”, para que el Estado tuviera que pagarlas, conforme lo establece la Ley de Seguridad Social. Solo en el caso de enfermedades catastróficas requería un reglamento para establecer el porcentaje de aportación de los afiliados, empleadores y el Estado. En ese caso, las prestaciones suman $749 millones.
La Contraloría en este documento, que no es definitivo, señala responsabilidades: Los miembros del Consejo Directivo cuyo presidente es Richard Espinosa, no se pronunciaron sobre la legalidad y la aplicabilidad de la decisión de no reconocer la deuda, emitida por la comisión interinstitucional. No precautelaron los intereses del IESS. El Procurador general del IESS fue favorable a ese informe que “contenía conclusiones en perjuicio de los intereses institucionales y de los afiliados”. La directora General del IESS dispuso, sin el pronunciamiento del Consejo Directivo, que el Director Nacional de Gestión Financiera del IESS acoja esa conclusión y no continué contabilizando valores por esas obligaciones del Estado. Ese director no puso objeción y solicitó al Jefe de Unidad de Contabilidad que presente “la dinámica contable para baja de la obligación del Estado”. El Director de Salud Individual y Familiar dispuso al Subdirector Nacional Financiero que cumpla con la disposición de la Directora Nacional. No hizo observación alguna. La Auxiliar y la Asistente de Contabilidad, por disposición del Subdirector Nacional Financiero, registraron la baja contable de la deuda del Estado: así se esfumaron de las cuentas del IESS , dirigido por Richard Espinosa, $2.528 millones.
Todos estos funcionarios actuaron –dice el Contralor en su informe– “sin que exista el sustento legal para hacerlo”: cometieron, siendo funcionarios del IESS, un atraco contra el IESS.
Todos estos funcionarios actuaron –dice el Contralor en su informe– “sin que exista el sustento legal para hacerlo”: cometieron, siendo funcionarios del IESS, un atraco contra el IESS.
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