El observador

¿Un TLC con EEUU es la mejor opción para Ecuador?

Es notorio que las vocerías del Ministerio de Comercio Exterior y de la Cancillería están desacopladas. Ante la ausencia de un proyecto de Estado, de una estrategia económica y la carencia de una visión hegemónica articulada por el gobierno, los actores privados con mayor capacidad de agencia han logrado permeabilizar la agenda gubernamental y posicionar sus demandas como si fuesen las demandas de la mayoría.

19 de febrero del 2018

LUIS CÓRDOVA-ALARCÓN

La posibilidad de renegociar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con los Estados Unidos de América (EE.UU.) ha vuelto a la agenda gubernamental. Así lo confirmó el ministro de comercio exterior, Pablo Campana, en el marco del «I Foro de Comercio e Inversiones Ecuador–Estados Unidos», el pasado 6 de febrero, en Quito. La decisión ha sido aplaudida por los sectores empresariales mejor insertos en el comercio internacional. Pero ni el gobierno en su conjunto, ni el sector probablemente más afectado en este tipo de acuerdos: el agrícola-campesino, cuentan con una estrategia clara para enfrentar un escenario de esa naturaleza. Por eso cabe preguntar si ¿un TLC con EE.UU. es la mejor opción para el Ecuador?

Un TLC es un instrumento ambivalente. Su uso y efectos dependen de quien lo empuñe. Para una potencia como EE.UU. un TLC es una herramienta de geoeconomía; es decir, sirve para alcanzar objetivos geopolíticos mediante instrumentos económicos. En cambio, para un país con economía periférica como Ecuador, un TLC es un instrumento de política económica internacional, normalmente sobreestimado por economistas ortodoxos.

Para un país con economía periférica como Ecuador, un TLC es un instrumento de política económica internacional, normalmente sobreestimado por economistas ortodoxos.

Esto se puede constatar en la historia reciente de América Latina. EE.UU. posicionó sus objetivos geopolíticos valiéndose de este tipo de instrumentos económicos. La fallida intención de crear el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y la exitosa estrategia que implementó en su reemplazo, consistente en negociar acuerdos bilaterales de comercio, son su testimonio. En este mismo sentido –como herramientas de geoeconomía– hay que interpretar la política crediticia y de inversiones que impulsa China en la región; pero eso es materia de otro análisis.

Por todo esto el gobierno ecuatoriano debe contar con una estrategia de política económica que articule esta y otras iniciativas en una misma dirección. Gestionarla por separado, más que un error, es un suicidio político. Esto ya lo vivió el país cuando las medidas del Consenso de Washington gozaban de buena reputación en la región. La política económica (monetaria, fiscal, productiva y comercial) fue entregada a tecnócratas bajo supervisión de ciertas instituciones financieras internacionales (FMI, Banco Mundial, BID), mientras los gobernantes lidiaban con las pujas políticas y las demandas sociales. El resultado fue catastrófico: tres golpes de Estado, migración masiva y crisis socio-económica que deterioró el sistema político.

El gobierno de Lenin Moreno esta caminando en esa dirección. Es notorio que las vocerías del Ministerio de Comercio Exterior y de la Cancillería están desacopladas. Ante la ausencia de un proyecto de Estado, de una estrategia económica y la carencia de una visión hegemónica articulada por el gobierno, los actores privados con mayor capacidad de agencia han logrado permeabilizar la agenda gubernamental y posicionar sus demandas como si fuesen las demandas de la mayoría. Solo así se entiende el protagonismo que han alcanzado los representantes de gremios empresariales en el debate público.  

Pero no basta con eso. EE.UU. exige disciplinamiento total para negociar un TLC. ¿Cómo espera lograrlo? En principio, mediante la ampliación por tres años del Sistema General de Preferencias (SGP) arancelarias que está siendo aprobado en la legislatura norteamericana. En él se prevé una evaluación anual para verificar si el gobierno cumple determinados “compromisos”, entre los que se encuentran acciones de “lucha contra el narcotráfico” en la frontera Norte. De tal manera que si la estrategia económica aperturista y de libre comercio termina por imponerse, el gobierno de Lenin Moreno habrá caído en la trampa geoeconómica de EE.UU. con todo lo que ello implica.

No hay política económica neutra. Toda acción económica beneficia a ciertos sectores y perjudica a otros. Al optar por una estrategia económica aperturista el gobierno beneficiaría al sector agro-exportador y otros sectores rentistas, pero traería graves perjuicios en el sector agrícola-campesino.

Obsérvese lo que ocurre en los países vecinos. En Colombia, por ejemplo, la puesta en vigor del TLC con EE.UU. a partir del 2012 terminó por atrofiar el sector agrícola campesino y atizar la protesta social. El incremento del cultivo de hoja de coca y los tres paros agrarios nacionales (en agosto-septiembre 2013; abril-mayo 2014 y junio 2016) con una amplia plataforma de reivindicaciones entre las que siempre estuvo presente el nocivo efecto del TLC, son secuelas de aquello. En Perú las cosas no son distintas. Las políticas de libre comercio y el extractivismo minero atenazan a la población rural. A lo que se suma una férrea represión durante los gobiernos de Humala y Kuczynski.

En Colombia, por ejemplo, la puesta en vigor del TLC con EE.UU. a partir del 2012 terminó por atrofiar el sector agrícola campesino y atizar la protesta social.

Cualquier negociación entre Ecuador y EE.UU. será en el marco de lo ya suscrito por Colombia y Perú. A menos que Ecuador otorgue concesiones “más generosas” que sus vecinos no conseguirá mejoras significativas. En cualquier escenario el cálculo de costos/beneficios arroja resultados negativos para el grueso de la población ecuatoriana. Pensar lo contrario es candoroso. Más aun cuando el contexto global es turbulento y poco favorable. EE.UU., China y Rusia están en abierta competición geopolítica y supervigilan cada movimiento que se produce en América Latina. Una negociación con el gobierno más proteccionista que ha conocido Washington en las últimas tres décadas –el de Trump– no parece una buena opción, a menos que se pretenda un suicidio político.

Es cierto que el sistemático debilitamiento del movimiento campesino e indígena logrado durante la década correísta debe alentar a los paladines del libre comercio. Su potencial oponente ha sido reducido y anulado. Queriéndolo o no, Correa hizo el trabajo sucio y diezmó a la principal fuerza social de resistencia frente a las políticas de libre mercado, encabezada por la CONAIE. Hoy, lo que queda del movimiento indígena y campesino organizado no son un contrapeso real y el camino para el aperturismo no encontrará resistencia social si termina aplicándose.

¿Hay otras opciones? Claro que sí. El gobierno puede retomar la iniciativa en el agro y configurar una centralidad rural como foco de su política económica; vigorizando la producción agropecuaria y la industrialización agroalimentaria, como primer paso. También puede renegociar las lesivas concesiones de telecomunicaciones hechas a Telefónica (Movistar) y América Móvil (Claro), devolverle autonomía al IESS y convertir al BIES en banca de primer piso, entre muchas otras medidas que requiere estar acompasadas. Esto y mucho más es posible. Pero sin una «estrategia de política económica» y sin «proyecto de estado» el gobierno es un barco sin timón ni timonel.