Los últimos días del Fiscal
Las recientes denuncias realizadas por el ex contralor en un canal de televisión local no hacen sino ratificar lo que buena parte de la ciudadanía ya conocía por diversas fuentes y desde hace algunos años: la Revolución Ciudadana no sólo construyó carreteras sino también un entramado de corrupción en el que tanto las instituciones como sus principales representantes estuvieron a su servicio. Por ello, a nadie sorprendió ni los nombres ni los escándalos que fueron relatados. Tampoco sorprendió que muchos de los engranajes del entramado de corrupción aún sean parte del gobierno; otros se encuentren en estado de reposo y algunos hayan salido sigilosamente durante las últimas semanas…. por razones personales y profesionales, como se suele argumentar.
Aunque nada de lo dicho por el ex contralor es nuevo, sus denuncias han colocado algunos aditamentos al escenario político que enfrentarán los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana que será elegido en pocos días más. En primer lugar, las expectativas ciudadanas en torno a observar algún tipo de cambio en el ya citado entramado de corrupción han aumentado. En segundo lugar, y como consecuencia de lo anterior, los nuevos consejeros necesitan dar una señal de confianza al país en cuanto sean posesionados. En tercer lugar, dicho “acto fundacional” tiene que ser lo suficientemente contundente para generar credibilidad no sólo entre la ciudadanía sino también entre los actores políticos, económicos y sociales.
Dadas las atribuciones que constan en el Anexo a la pregunta No 3 de la pasada consulta popular, el “acto fundacional” de los nuevos consejeros no puede ser otro sino declarar la terminación anticipada de los períodos de algunas de las autoridades designadas por el anterior Consejo de Participación Ciudadana. Aunque aparentemente dicha decisión podría recaer sobre procurador, contralor o fiscal, en realidad el único de tales actores que efectivamente puede ser destituido es el fiscal. Tanto el procurador como el contralor son subrogantes, no fueron designados por el anterior Consejo de Participación Ciudadana y, como consecuencia, no pueden ser separados de sus cargos. Visto así el escenario político, los días de Baca Mancheno están contados.
Sin embargo, el fiscal aún tiene posibilidades de mantenerse en el cargo. Para ello, puede adelantarse al “acto fundacional” de los nuevos consejeros y, antes de que sean designados, sorprender al país con una decisión que genere impacto. Dicha decisión no puede ser sino el enjuiciamiento penal y la solicitud de medidas cautelares (prisión preventiva) de algún actor político de prestancia, clave, repudiado por la oposición de diferentes colores, y que ahora mismo no pueda ser candidato presidencial en 2021. Desde luego, esta jugada implica que el fiscal no sólo asuma las consecuencias de un rompimiento real respecto a quienes han dado origen a su carrera política sino también la posibilidad de que, unos meses después, los nuevos consejeros insistan en la idea de cesarlo en funciones. El fiscal debería tener una aversión al riesgo cercana a 0 para tomar esta decisión. En realidad, es poco probable que esto ocurra.
En definitiva, el envío de las ternas para la designación del Consejo de Participación transitorio por parte del Presidente Moreno no sólo viabiliza el mandato de la pregunta No 3 sino también pone punto final al fugaz paso de Baca Mancheno por la fiscalía. Aunque el país ya conocía los nombres y hechos que denunció el ex contralor, sus declaraciones han sido clave para colocar a los consejeros transitorios frente a la inevitable decisión de iniciar sus actividades con un “acto fundacional”. Si bien con el paso del tiempo otras autoridades también deberán ser sometidas al escrutinio del Consejo de Participación Ciudadana de transición, la primera señal de credibilidad ante la ciudadanía está dada por la inminente salida del fiscal.
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