El observador

Publicado en la Revista El Observador, edición 103, febrero del 2018

Foro corrupción y consulta popular

El pasado 26 de enero, se realizó en la ciudad de Cuenca, un Foro sobre la Corrupción y la  Consulta Popular, que contó con la participación del economista Jorge Rodríguez, Presidente de la Comisión Anticorrupción; Dr. Yaku Pérez Guartambel, Presidente del Movimiento Ecuarunari; Dra. Magali Quezada, alcaldesa de Nabón y el ex asambleísta Cléver  Jimenez. El Observador entrevistó a Rodríguez y Jiménez. Economista Jorge Rodríguez: ¿Cuándo y por qué surge la Comisión Anticorrupción? La Comisión de Control Cívico de la Corrupción es una entidad creada después de la caída del presidente Abdalá Bucaram para investigar actos de corrupción a nivel ejecutivo, parlamentario, judicial y local, pero cerró sus puertas luego de que se aprobó la nueva constitución de Montecristi. Hoy sus antiguos miembros vuelven a constituirla con apoyo de los movimientos sociales y su objetivo es el mismo: establecer normas de transparencia para el gasto público, investigar actos de corrupción y denunciarlos pública y judicialmente. La Comisión original fue creada el 4 de Marzo de 1997 con un decreto ejecutivo. Luego, la Comisión fue convertida en parte del Estado, con presupuesto y empleados públicos. Su misión fue  investigar los casos que le llegaban para luego remitirlos a la Contraloría o la Fiscalía según de qué se tratase. Con el advenimiento del correísmo, la Secretaría de Transparencia, un ministerio del Ejecutivo, tuvo funciones similares, que finalmente fueron asignadas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La diferencia es que  esta vez, la Comisión Nacional Anticorrupción, está totalmente fuera del Estado, opera sin un centavo de dinero público y, de alguna manera, superpone sus tareas con las de las instituciones creadas por la Constitución correísta. La nueva Comisión Anticorrupción está formada por 12 miembros que firmaron sus estatutos y fui escogido como vocero del colectivo;  que busca estructurar cuatro ejes de acción. El primero es generar un sistema de contraloría social, por ello mantenemos  reuniones con diversos colegios profesionales a fin de encontrar a los profesionales idóneos que puedan realizar fiscalizaciones de la obra pública, y valorar su eficiencia. Como segundo  se intenta estructurar una normativa de transparencia que pueda ser acogida y usada por el sector público a fin de evitar actos de corrupción. El tercer eje es establecer procesos de investigación sobre la corrupción en el uso de los recursos. La comisión busca discernir las reales dimensiones del gasto, su eficiencia, mal uso y generar informes que puedan ser judicializados de ser el caso. El último eje es generar un foro de discusión abierto sobre los temas de interés nacional y que afectan al desarrollo del país. Cada comisionado tendrá un alterno y será elegido por cada miembro. La comisión contará con un director, un coordinador general, una secretaria y los departamentos. El financiamiento, por ahora, es a título personal, pero su trabajo ya está encaminado. ¿Quiénes lo integran? Este organismo lo integran Jorge Rodríguez, coordinador general, Julio César Trujillo, Isabel Robalino, David Rosero, María Arboleda, Simón Espinosa, Ramiro Román, Germán Rodas Chavez Byron Celi, Gustavo Cedeño, Mario Unda, Hernando Morales y Fernando Vega. El secretario general es Víctor Rivadeneira, alguien externo que trabajará de forma cívica. Isabel Robalino, una mujer de 102 años que camina en silla de ruedas, entró en el grupo el 30 de mayo del 2015, junto a siete organizaciones sociales, indígenas y de trabajadores, quienes tienen como objetivo, investigar los casos de corrupción. ¿La Comisión ha enfrentado juicios penales por denunciar casos de corrupción? El contralor del Estado Carlos Polit, durante la época del correismo inicia una demanda penal contra 9 miembros de la Comisión Anticorrupción y nos llama la atención que funcionarios estatales los hayan procesado judicialmente por denunciar actos irregulares. La Comisión Anticorrupción enfrentó durante el correismo  cuatro demandas penales y civiles por calumnia, daño moral y denuncia maliciosa. Pese a esto, continuamos con la denuncia de actos irregulares dentro de la administración pública. No hay una institución que nos financie, el  presupuesto mensual no sobrepasa los USD 2 000. Esos rubros son cubiertos con donaciones de la comisionada Isabel Robalino. Aunque vive en el convento, ella es dueña de una casa en la calle Guayaquil, en el centro de Quito, con eso costea los gastos de los dos investigadores que trabajan con los comisionados. Sus nombres no pueden ser revelados por seguridad, pero son ellos quienes viajan e indagan en las notarías u oficinas gubernamentales. Así es como han investigado ocho casos hasta el momento. Entre esos está la adquisición de los terrenos para la Refinería del Pacífico, la compra de los helicópteros Dhruv y los proyectos hidroeléctricos Toachi-Pilatón y Manduriacu. Los investigadores son quienes consiguen documentos que revelan posibles irregularidades. Con base en esto, los miembros de la Comisión elaboran informes que deben ser aprobados por la Comisión.  ¿Qué opinión le merece el Consejo de Participación Ciudadana? Es un ente burocrático con seiscientas personas, con oficinas en todo el país y no han hecho una sola investigación durante  diez años, ganando sueldos más de  cinco mil dólares, cada uno de los consejeros, con vehículo, con chofer y guarda espaldas, mientras que los funcionarios públicos pueden contratar abogados para que nos demanden como Comisión  Anticorrupción, pagándoles hasta  trescientos mil dólares para que nos echen presos, eso hizo el Ministerio de la Política. Con trescientos mil dólares como Comisión Anticorrupción podríamos haber contratado investigadores sobre los diferentes casos de corrupción. Esto explica la injusticia que se vive en el país. Mientras quienes nos creemos ciudadanos tenemos que hacer las cosas poniendo el dinero de nuestros bolsillos, para hacer investigación y enfrentarse al gobierno, hay funcionarios públicos que utilizan el dinero de los ecuatorianos para pagar abogados y acallarnos la voz.  Que va a cambiar si  gana el SI, en la consulta? La Comisión Anticorrupción está enfrentando dos batallas, el deseo ferviente no solamente de que gane la consulta,  eso es  importante, pero no es lo principal, lo que está  detrás de la consulta, eso es lo fundamental. Quienes  accedan al Consejo de Participación Ciudadana provisional,  que va a durar dos años, son los que tienen que vigilar y ver que ha estado haciendo el Contralor, que está haciendo el Fiscal, El Consejo de la Judicatura, la Contraloría, la Corte Constitucional, El Consejo Nacional Electoral. Es demasiado importante lo que le corresponde a esta institución. Evidentemente los grupos económicos que son dueños de los contratos públicos, quieren tener  su gente  adentro, son como las placas tectónicas que se van acomodando en el mundo, utilizando partidos políticos para poder  hacer incidencia a través de las altas esferas del gobierno. En segundo lugar, podemos ver como partidos tradicionales están cerca de la Presidencia de la República que van a tratar de  tener por lo menos dos comisionados en el Consejo de Participación Ciudadana,  que les permita incidir en quienes tienen los contratos de los créditos chinos, les va interesar en sacar a gente que no está de acuerdo con sus intereses. Si hay una renegociación de los créditos chinos, se tiene que devolver  304 millones de dólares y el hermano del ex vicepresidente Jorge Glass tiene vinculación con las empresas chinas. Mientras la china presta a los países vecinos  al 3 o 4 e interés, al país le entregaron créditos sobre el 10 En todos estos casos actúan  intermediarios para llevarse la plata.  Por otro lado está el manejo del petróleo, en donde está el señor Cadena,  a que no le quiten los contratos del petróleo, pero también hay otros grupos que utilizando  activistas sociales para que les adjudiquen los nuevos contratos. En resumen lo que vamos a ver es una lucha de poder del dinero que han actuado  en estos diez años de la década ganada. La mafia correista, que pueda continuar en el gobierno de Lenin Moreno, un hombre bueno que no tiene equipo ni la fuerza para hacer un cambio fundamental en los temas de economía. Creo que es importante que no dejemos meter gente que se quiera autonombrar y ser partícipe de un ocultamiento que pretenden los grupos económicos. Como Comisión Anticorrupción, vamos a dar una lista de diez nombres, para la conformación del Consejo de Participación Ciudadana,  la mayoría son de la Comisión Anticorrupción. ¿La Comisión Anticorrupción ha pedido al gobierno la investigación de Rafael Correa y que no le dejen  salir del país? Lo importante es fundamentar este tipo de pedidos y esperamos un informe que nos va a entregar un grupo de abogados y tenemos que someter a consideración de los miembros de la Comisión. Terminaron  el informe los abogados y queremos aprovechar a que antes que el ex presidente Rafael Correa salga del país, se tomen las medidas cautelares, sabiendo que tiene varias responsabilidades. Hay varias etapas anteriores, pero vamos  a hacer algo similar a lo que hicieron los peruanos, el señor Fujimori, salió algún tiempo, luego regresó y estuvo preso.  ¿La Comisión no ha investigado aspectos emblemáticos sucedidos en Cuenca como el  caso COOPERA, TRANVIA, MEDICAMENTOS CADUCADOS? Lo que pasa es que no existe capacidad técnica humana para investigar todos los casos, cada ciudad tiene que crear las mesas de fiscalización para que hagamos  la recuperación de los derechos que establece la Constitución, pero una vez que entendamos que esa es una obligación de todos. No hay que autonombrar a nadie la Constitución es la máxima Ley y le faculta al pueblo fiscalizar los actos del poder público, asumiendo nuestras propias responsabilidades. Ingeniero Cléver Jiménez José Cléver Jiménez Cabrera (17 de septiembre de 1969) es un político ecuatoriano, afiliado a Pachakutik desde el 2004, fue asambleísta nacional por Zamora Chinchipe hasta el 2014, cuando fue sentenciado a 18 meses de prisión por injurias contra Rafael Correa, luego de haber investigado casos de corrupción los cuales indicaba que se encontraba presuntamente vinculado el ex-presidente. El 12 de julio de 2017 se le colocó un dispositivo electrónico, cumpliéndose así la disposición de la conjueza Magally Soledispa, que resolvió sustituir por esta medida la prisión preventiva que pesaba en contra de Jiménez, y la de Fernando Villavicencio, procesados por presunta divulgación de información reservada. Inició su carrera en Pachakutik como miembro del Tribunal Provincial Electoral de Zamora Chinchipe.  En las elecciones del 2009 sería su primera participación para una representación por elección formando parte de la lista nombrada como Alianza 18-15 por la Dignidad de Zamora Chinchipe, alianza provincial entre su partido y el Movimiento Popular Democrático. Ganaría la curul para el primer período legislativo de la Asamblea, integrando en este tiempo la Comisión de los Derechos Colectivos, Comunitarios y la Interculturalidad, a la vez que propuso leyes como la reformas a la ley de minería, calificada por el CAL el 31 de octubre de 2010. En el 2013 sería reelecto por amplia mayoría en la lista de la Unidad Plurinacional de las Izquierdas para el segundo período legislativo, pero no pudo culminar, luego de denunciar, junto con su asesor Fernando Villavicencio y el médico Carlos Figueroa, los hechos del 30-S, como un crimen de lesa humanidad, donde el entonces presidente Rafael Correa fingió su secuestro, siendo esto interpretado como  injurias a Correa, por la cual fueron sentenciados a 18 meses de prisión, el 21 de marzo del 2014. Tras esto, Jiménez perdería su curul el 8 de abril del 2014, mientras el permanecía refugiado en la comunidad Sarayaku, junto con Villavicencio y Figueroa, también sentenciados a prisión. El 23 de julio firmaría junto con Villavicencio una carta al Papa Francisco en la que explicaban la situación política en Ecuador.​ Para el 2015 quedó prescrita la sentencia, ​ pero el 27 de octubre del 2016 se dictó prisión preventiva contra él y Villavicencio, acusados  por un delito asociado a la supuesta divulgación de información protegida por funcionarios de la presidencia de la república. Durante ese mismo tiempo se presentaría como precandidato presidencial por Pachakutik, perdiendo las elecciones internas ante Lourdes Tibán, quedando en cuarto lugar.   ¿En declaraciones a la prensa nacional reveló su desconfianza en la justicia ecuatoriana? Vivimos una época de diez años, en donde todas las funciones del Estado, todos los organismos de control se encontraban sometidos al poder político de Carondelet y eso no ha pasado hasta el día de hoy, siguen los estragos y al frente de la justicia Gustavo Jalkh, como Presidente del Consejo de la Judicatura, es un brazo ejecutor en contra de aquellos que en planos diferentes combatimos la corrupción y que Rafael Correa Delgado, nos consideraba como sus enemigos.  ¿O sea que la justicia y otras instancias del poder continúan sometidos al poder de Rafael  Correa? Lo que usted pregunta, es  una prueba contundente de que la justicia ecuatoriana sigue cumpliendo la consigna del ex presidente de la República Rafael Correa, que es el principal culpable de toda la corrupción y la crisis económica del país.  Recordemos que es el ex presidente, el que firma todos los decretos ejecutivos para las tareas de emergencia y la construcción de todas las obras  que se hicieron  en el país y a través de los decretos se cometieron una serie de fechorías y atracos a los fondos públicos. Recordemos que Rafael Correa es el que le delega al ex vicepresidente Jorge Glass, que se encuentra preso en la cárcel de Quito, los sectores estratégicos como coautor  de toda la corrupción que se vivió en el país. Pero resulta que al principal capo de la corrupción, Rafael Correa, no le pasa nada y sigue campante paseándose por todo el país, obviamente es una muestra de que la justicia sigue sometida al poder político. ¿Cuál es su fundamentación para apoyar tanto el referéndum como la consulta por el SI? Para nosotros es sumamente claro y lo decimos con propiedad, que no es la mejor consulta, no son las mejores preguntas, sin embargo es completamente necesario  devolverle al país la justicia, democracia, libertad, para que tenga un poco de independencia, y empezar a combatir en la práctica la corrupción que se vivió en el país durante la última década del correismo. Es fundamental participar en esta consulta para preparar el camino, no sé si en este gobierno o el próximo, poder ir a una constituyente y hacer un cambio profundo de la Constitución del Ecuador. ¿La doctora Graciela Estrella Abril, acaba de hacer una denuncia sobre el caso de Coopera, también tenemos lo del tranvía, los medicamentos caducados, que no han merecido atención de los investigadores, y peor aún del gobierno Central? Yo creo que la esperanza está puesta en la consulta popular, si el presidente Lenin Moreno, quiere llevar a la práctica lo que viene diciendo, “el combate a ,la corrupción”, tiene la gran oportunidad de darle la independencia a los organismos de control y combatir la corrupción. Lo que hoy hemos visto en el país referente a los casos de Odebrech, a la Refinería del Pacífico, Refinería de Esmeraldas, son denuncias que vienen desde el año 2011 y que se conocieron  desde el exterior. Por eso es fundamental apoyar el SI en la consulta para devolver la independencia  y empezar en la práctica a combatir la  corrupción. Quiero decirle que lo que se conoce en el país sobre este tema es mínimo, con toda la corrupción que se ha cometido. En mi caso he denunciado la corrupción no solo de los sectores estratégicos, tengo bastantes denuncias que siguen empolvándose en la Fiscalía, en la Superintendencia de Bancos y la Corte Superior de Justicia. Es importante que el pueblo ecuatoriano empiece a exigir de que esas denuncias se desempolven y que de repente tengamos un verdadero baño de verdad. En relación a la denuncia de la Dra. Graciela Estrella, perjudicada de Coopera, Cléver Jiménez, dijo que le parece lamentable  que el Presidente Moreno, se haya negado por tres ocasiones a dialogar con los perjudicados, al no actuar de manera transparente. Esas son las cosas que desdicen lo que viene diciendo Lenin Moreno sobre el combate a la corrupción.  Jiménez se comprometió apoyar las investigaciones relacionadas con el caso Coopera.