lunes, 19 de febrero de 2018

Toneladas de droga incautada, una tentación que se maneja con secretismo y cifras confusas
El destino de todo estupefaciente incautado es la incineración. Como cualquier lector curioso decidí escudriñar las notas de prensa y observé que las cifras de droga incinerada son menores a las de droga incautada-almacenada. ¿Por qué esta diferencia? Podría haber varios motivos, por ejemplo, que yo no busqué bien, o que los medios no informaron todas las incineraciones por negligencia profesional (¿), o porque se les negó información aduciendo que es ‘reservada’.
19 de febrero del 2018
POR: Mariana Neira
Periodista de investigación, dirigió la redacción de la revista Vistazo en Quito.
También se han registrado ataques a los hornos. Por eso ahora se man-tiene bajo reserva la ubica-ción de estos equipos".
¿Se quemaron las 614 toneladas de estupefacientes incautadas en la ‘década ganada’ por Correa y su círculo? Debería preocuparnos a todos el destino de esta droga porque no es pelo de cochino. El precio de cada tonelada en el mercado ecuatoriano está en $4’000.000; en EE.UU. $27’000.000; en Europa $62’060.000; en China $170’000.000. Por lo tanto, es una tentación.
Vea la nota: ‘La droga mueve mucho dinero en Ecuador’.
El destino de todo estupefaciente incautado es la incineración. Como cualquier lector curioso decidí escudriñar las notas de prensa y observé que las cifras de droga incinerada son menores a las de droga incautada-almacenada. ¿Por qué esta diferencia? Podría haber varios motivos, por ejemplo, que yo no busqué bien, o que los medios no informaron todas las incineraciones por negligencia profesional (¿), o porque se les negó información aduciendo que es ‘reservada’. No olvidemos que a todo lo que movía millones, Correa y su círculo le ponían el sello de ‘reservado’. Recién a partir del 2015, más desde el 2016 cuando el Consep cambió de nombre a Secretaría Técnica de Drogas (SETED), comenzaron a verse notas de prensa sobre incineraciones. O sea, los primeros 9 años del correísmo hubo silencio sobre el manejo de un asunto tan delicado: el destino de la droga incautada.
Veamos las notas de prensa: El Universo informó el 8 de abril 2015: ‘8,5 t de droga incineradas en Quito’. Más de un año después, el 31 de agosto 2016, El Comercio lanzó una denuncia: ‘39 toneladas de droga incautadas desde el 2004 están embodegadas’. ¡12 años embodegadas! Fue una presión sutil para sacar la información secretísima del Estado que confisca, embodega, enjuicia y quema la droga. Y comenzó el destape.
El 17 de marzo 2017, a poco de que Correa y su cúpula dejaran el poder, el diario oficialista El Telégrafoen su nota titulada: ‘El 98% del alcaloide incautado en los operativos fue incinerado’, hizo una gran revelación. Las organizaciones estatales antidrogas tenían en sus bodegas secretas 699 toneladas de droga embodegada desde 1992 hasta febrero del 2017. ¡25 años de tentación!
De esa cantidad, “se han destruido 664,5 toneladas y 34,5 toneladas serán incineradas, una vez que ese organismo reciba la orden judicial respectiva”. En la misma nota se dice que de esas 34,5, “1,5 fueron quemadas en el 2016”. Incomprensible este dato ‘retro’, pero bueno, digamos que sobraron 33 toneladas para quemarse y las quemadas subieron a 666.
Recién “el año pasado (2016) se conoció que había narcóticos almacenados desde 1992”, reveló el diario El Comercio. O sea, durante los 9 años de la ‘revolución’ de Correa, este dato se mantuvo en secreto. ¿Por qué?
Si sumamos las 33 toneladas a las 90 toneladas que los periodistas calculan fueron confiscadas en el 2017 (aun no hay cifra oficial), significaría que el 2017 terminó con 123 toneladas para incinerarse.
Estas son las matemáticas oficiales, pero… ¡No empatan las cifras!
Si comparamos las cifras oficiales con las publicadas por los medios de comunicación, no empatan.
El Estado informó que hasta febrero 2017 se quemaron (664,5 toneladas primero, 1,5 después) en total 666 toneladas, luego Ledy Zúñiga, Secretaria Técnica de Prevención Integral de Drogas (Seted), agregó 120 toneladas quemadas en 2017. Total: 786 toneladas quemadas.
Recogiendo las versiones de los funcionarios del Estado, los medios informaron sobre tres incineraciones por 223,5 toneladas desde el 8 de abril 2015 hasta el final del 2017.
Si de estas 786 toneladas quemadas, según el Estado, restamos las 223,5 toneladas quemadas, según los medios de comunicación, la diferencia es enorme: 562,5 toneladas que no sabemos si fueron mismo quemadas, como dice el Estado, o siguen almacenadas en las secretísimas bodegas de las instituciones que resguardan la droga. Sus autoridades tienen la obligación de aclarar las estadísticas de los 9 años de silencio informativo correísta sobre la droga incautada.

Alrededor de la vigilancia de la droga incautada ha habido un halo de misterio. Los lugares donde la almacenan y donde funcionan los hornos usados para incinerarla son un secreto para el común de los mortales como usted y yo, pero los narcos los conocen muy bien.
Lo confirma esta nota de El Comercio:
Cuando descubrieron que había narcóticos almacenados desde 1992, “la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, el Ministerio del Interior y la Fiscalía General advirtieron que la acumulación de estos cargamentos ilegales era una “problemática”. Lo dijeron el director de la Seted, Rodrigo Suárez, y el fiscal Diego Bolaños.
“Bolaños reconoció que el almacenamiento de los estupefacientes generaba problemas ambientales y de seguridad.
¿La razón? Las mafias del narcotráfico buscaban recuperar las sustancias. En la Fiscalía aún se habla del ataque registrado el 13 de abril del 2012 en las bodegas del anterior Consep, que fue eliminado tras la creación de la Seted, en el 2016.
Ese día, seis hombres ingresaron a las instalaciones, en Quito, y se llevaron una cantidad indeterminada de precursores químicos y 70 kilos de droga. Las primeras investigaciones revelaron que los sospechosos iban disfrazados como policías y así sometieron a los guardias de seguridad.
También se han registrado ataques a los hornos. Por eso ahora se mantiene bajo reserva la ubicación de estos equipos. Para evitar estos incidentes, el nuevo Código Penal, que rige desde agosto del 2014, incorporó un artículo (474) en el que se dio un plazo máximo de 15 días para que el juez ordene la destrucción de las drogas.
Pero las autoridades admitieron ayer que no existía un protocolo para ese trámite. De allí que el 19 de septiembre del 2016, la Judicatura emitió un Reglamento que obligó a que se incinerara de inmediato toda la droga almacenada…”
Tuvieron que pasar 9 años de ‘revolución’ correísta para que se decidieran a tomar acciones para proteger a la droga confiscada de los ladrones.

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