Los amigos secretos de Carlos Pólit

26 febrero, 2018

Por María Belén Arroyo y Arturo Torres R.

Extrovertido y audaz. Carlos Pólit, ex contralor, tuvo amigos secretos tanto en el poder como fuera de él. Tenía línea directa con Carondelet. También con representantes de algunas empresas que fiscalizaba, entre ellas Odebrecht.

Su círculo próximo incluye a personas que –con los años- llegaron a ocupar altos cargos en el gobierno de Rafael Correa. O que gravitan en su entorno. Entre ellos: una ex gerente del Banco Central del Ecuador; un familiar directo de los hermanos Patiño Aroca; una ex Intendenta de Seguros y un ex asesor de la Presidencia. Sus relaciones fueron más allá. El prefecto manabita Mariano Zambrano Segovia se cuenta entre sus cercanos. Las autoridades determinarán si Pólit lo protegió desde la Contraloría.

Carlos Pólit fue ungido Contralor del Estado en 2007, por el debutante presidente Correa, de una terna enviada por el Congreso. El manabita, de ascendencia italiana y con nacionalidad estadounidense, hasta entonces simpatizaba con Sociedad Patriótica. Pronto tendría la confianza del nuevo régimen: ganó dos concursos consecutivos para lograr la reelección como contralor. ¿El organizador? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de siete integrantes, en su mayoría afines al gobierno.

Con Correa y Glas, Pólit se comunicaba permanentemente por celular. Glas lo visitaba con frecuencia en la Contraloría. El expresidente cuidó más las formas: acudió un par de veces a la institución.
En su faceta de empresario –a mediados de los 90- conformó un hermético entorno de confianza, que lo acompañaría años después en la Contraloría. Pólit fue presidente de la empresa Tecnocarga Expreso y Turismo, constituida en Guayaquil. Entre los accionistas está su cuñado Jorge Estévez Cherres. También fueron directivos Sabett Chamoun Villacrés y Armando Patiño Aroca, primo hermano del excanciller y hombre fuerte del correísmo, Ricardo Patiño Aroca.

A Patiño lo nombró director regional de la Contraloría en Guayaquil, entre julio del 2014 y julio del 2017. El excanciller fue consultado sobre la relación de su primo con el excontralor; no se pronunció.

Sabett Chamoun era parte de la cofradía. En octubre de 2014, Pólit la llevó a la entidad de control: fue asesora y Subcontralora. El 2 de junio de 2017 su nombre trascendió cuando –atropelladamente- pretendió asumir el puesto de contralora subrogante por pedido de Pólit, quien gozaba de una licencia en Miami. Buscaba reemplazar a Pablo Celi, quien estaba al frente de la entidad desde el 25 de mayo. Él se vinculó a la entidad desde 2008 donde ha ocupado varios cargos, desde asesor hasta subcontralor.

En medio de la tormenta desatada por Odebrecht, Pólit intentó, sin éxito, que Chamoun lo sucediera. Celi, actual contralor, la destituyó y enjuició por usurpación y simulación de funciones públicas en la Unidad Penal de Quito. La exsubcontralora asegura que no cometió delito alguno, y que el ursurpador es Celi, quien sacó a gente honesta con alto perfil técnico.

Antes, Chamoun fue administradora de la empresa Consultasesoría. Sus principales accionistas son su hermana Yesmin Eyani y Karina Sáenz Quintuña, una cuencana que ocupó importantes cargos en el gobierno de Rafael Correa. Integró la Comisión que investigó la Deuda Externa, posteriormente fue Gerente del Banco Central y Viceministra del Deporte.

En 2007, el entonces presidente Rafael Correa designó contralor a Carlos Pólit, de una terna enviada por el Congreso. Estuvo acompañado por Fernando Alvarado. Foto: Presidencia de la República
Sáenz reside en México. En el 2012 creó Consultasesoría en Quito. Opera en tres oficinas de la torre A del edificio World Trade Center. Entre enero del 2013 y febrero del 2016 en ese inmueble ella alquiló las oficinas 306 y 307 a Odebrecht, que también tiene su sede operativa en ese lugar.

El principal cliente de Consultasesoría fue Odebrecht. Realizó una auditoría, por la cual recibió 503 mil dólares, según confirmó Sáenz ante la Fiscalía, vía videoconferencia desde México.

Ése fue el contrato más importante de la consultora los últimos cinco años. En promedio, en este período sus ingresos anuales bordearon los 500 mil dólares.

Sáenz, de 39 años, conoció a Pólit desde el inicio del correísmo. En el 2008 ella integró la Comisión Auditora de la Deuda Externa. Desde esa época “hemos tenido reuniones bajo estrictos temas institucionales, cuando yo ocupaba cargos públicos”, relató Sáenz.

Todo quedaba en familia. Cuando asumió el Viceministerio del Deporte, Sáenz traspasó parte de sus acciones en Consultasesoría a Germán Rodríguez Chiquito, casado con María Elena Pólit, hermana del excontralor.

Rodríguez integró el directorio de Corpecuador, en el gobierno de Lucio Gutiérrez, del cual también fue parte Pólit, como secretario de la Presidencia, ministro y gobernador. Su hermano, Xavier Rodríguez, fue fiscalizador e interventor de Aduanas, en el gobierno de Correa.

Los nexos del excontralor Carlos Pólit

Sáenz se radicó en México; pero aún es socia principal de Consultasesoría. Entre 2008 y 2016, pagó un promedio anual de 5.000 dólares de impuesto a la renta. Sin embargo, en 2011, canceló 46.953 dólares de tributos. Entre febrero del 2010 y diciembre del 2011 fue secretaria de Desarrollo Humano del Municipio de Cuenca, con un salario menor a 2.000 dólares.

Su patrimonio incluye un departamento y una oficina en Quito, así como una hacienda, una casa y otro inmueble en Cuenca. Pedimos la versión de Sáenz, al correo que notificó en Fiscalía, para conocer el origen de sus ingresos y propiedades. Aún no ha respondido.

Sabett Chamoun afirmó desconocer la existencia del contrato con Odebrecht. En entrevista, aseguró haber sido gerente de la empresa consultora solo seis meses, en 2013. Los reportes de la Superintendencia de Bancos indican que gerenció la compañía hasta 2015. “Nada debo ni temo, por eso sigo en el país. Consultasesoría es una empresa correcta, no ha tenido un solo contrato con el Estado. El doctor Pólit no tiene relación alguna con la firma”, recalcó.

En la administración de Correa ella fue Intendenta Nacional del Seguro Privado de la Superintendencia de Bancos (2013). Tres años antes, fue jueza y presidenta del Tribunal de lo Contencioso de Quito.

Después, Chamoun se enroló en la Contraloría al igual que su hermano Elías Camil. Él fue especialista de auditoría en la regional de Guayaquil y auditor en la CNT, entre 2014 y 2017. Pero previamente, ocupó altos cargos en el correísmo. Fue asesor de la Presidencia, analista en Hidrolitoral y asesor del Ministerio de Obras Públicas.

Pólit y Correa compartían una afición. Anecdótica. Guardar todos los regalos que recibían y exponerlos como muestra de “transparencia y honestidad” al público. El excontralor tenía los objetos, incluidos relojes Rolex, en vitrinas acondicionadas al ingreso de la institución. Correa fue más lejos: montó un museo. Ambos sitios fueron desmontados y los regalos hoy están embodegados.
Pólit, de 67 años, tiene una orden de prisión y enfrenta un juicio penal por presunta concusión. Se lo acusa de recibir sobornos de Odebrecht por 10 millones de dólares, junto a su hijo John. Está prófugo en Miami: su dirección de referencia es 711 Charleston St. Hollywood. En esa ciudad constituyó desde 1992 la empresa Tecnocarga Express & Trlv INC, que en 2016 declaró ganancias por 700 mil dólares. En los registros financieros aparece como presidente de la firma.

En el país, declaró ser propietario de Tecnocarga-Miami hasta mayo de 2013. Los siguientes años no incluyó esa compañía en sus declaraciones de bienes, aunque en los archivos públicos de EE.UU. se indica que aún es Presidente y ejercerá ese cargo hasta el 2020.

En su última declaración patrimonial, sin embargo, no incluyó esa compañía. Solo reportó un patrimonio de 176.957 dólares, ningún vehículo, y dos predios: un lote funerario en el Parque de La Paz y una Suite en el Swissotel, que era una especie de cuartel de operaciones para el pago de coimas, según la Fiscalía.

Pólit compró el departamento en la torre A del Swissotel en 47 mil dólares en 2005. Lo utilizaba con frecuencia para todo tipo de reuniones. Para facilitar la logística de los pagos de sobornos y el traslado del efectivo, Odebrecht alquiló una suite en la torre B del mismo hotel. Precisamente con este mecanismo Pólit habría recibido 6 millones de dólares que el ejecutivo de la constructora brasileña José C. Santos aseguró haberle entregado en efectivo en su suite y en una residencia en Miravalle, en Quito. A cambio supuestamente desvaneció glosas (multas) por más de 80 millones a favor de la constructora por los daños en la Central San Francisco, en el 2010. En su descargo, Pólit dice que las multas se eliminaron en concordancia con el acuerdo transaccional al que llegó el Gobierno con la firma (ver versión completa de su defensa, expuesta por su abogado Hernán Ulloa).

Santos entregó a la Justicia tres grabaciones de charlas con Pólit. De los diálogos se concluye que el excontralor arregló con Santos el pago en efectivo, no con depósitos en cuentas, por expedir informes a favor de Odebrecht en varios proyectos. Parte de los pagos se depositó en las cuentas de dos empresas, Plastiquim e Inmobiliaria Cosani. Los responsables de estas compañías deslindaron responsabilidad, aduciendo que recibieron créditos. Los valores bordean 1,7 millones. El intermediario en las transacciones fue el propio hijo de Pólit. Hay pruebas documentales de esas operaciones.

Con Correa, Zambrano apostó al número ganador

Más que un aporte, fue una inversión. Era 2006. El prefecto de Manabí, Mariano Zambrano Segovia, contribuyó con 20.000 dólares a la campaña presidencial del joven candidato Rafael Correa.

Los contratos entre el conglomerado de empresas del prefecto manabita y el Estado se multiplicaron durante la década correísta.

Quien debió alertar oportunamente esas anomalías era su coterráneo y amigo, el entonces contralor Carlos Pólit. No lo hizo, según evidencian los informes de auditoría a su gestión. Al ser una autoridad en funciones, el prefecto no podía tener empresas contratistas del Estado ecuatoriano.

El ente de control realizó tres exámenes especiales a dos contratos (013-2015 y 050-2012), entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (CELEC) y Mardcomsa. Los auditores no determinaron que la firma contratista pertenecía al prefecto.

La Contraloría tampoco detectó a tiempo el incremento inusitado de su patrimonio. Pasó de 4,5 millones, en 2009, a 31 millones de dólares en 2014, que es la última declaración de bienes a la que tuvimos acceso.

Zambrano se defiende. Dice ser víctima de persecución y de envidia pues “Tengo contratos con el Estado desde hace más de 30 años, porque soy un hombre de trabajo y empuje; en mi niñez lustraba zapatos”. No encuentra inhabilidad entre su función pública y su faceta de contratista del Estado. “Si estuviera haciendo algo incorrecto, el pueblo manabita no me seguiría respaldando con sus votos”.

En 2008, negó la donación a la campaña de Correa. Hoy la reconoce. Documentos del entonces Tribunal Supremo Electoral prueban que el entonces prefecto y militante del Partido Social Cristiano fue aportante. El 10 de abril del 2008, en una audiencia en el Tribunal el tesorero de la campaña de Alianza País, Camilo Samán aseguró que “Zambrano firmó el aporte en persona”.

Zambrano estrechó su relación de negocios con el Gobierno, especialmente en los sectores estratégicos. Desde 2009, cinco compañías de su grupo familiar recibieron contratos con entidades estatales por más de 73 millones de dólares, según informes remitidos por Petroecuador, CELEC, Dirección de Aviación Civil, entre otros, a organismos de control, como la Fiscalía, Contraloría y el Consejo de Participación Ciudadana, que investigó el caso.

En Manabí, el Prefecto y su hijo, el asambleísta de AP Mariano Zambrano Vera, son accionistas de un conglomerado de, al menos, 12 empresas de transporte marítimo de combustibles, venta de automóviles, hotelería, bienes raíces, entre otros, según reportes de la Superintendencia de Compañías. El emporio se levantó desde 1992.

El asambleísta asegura no haber incurrido en inhabilidad alguna. “Cuando inscribí mi candidatura presenté mi declaración de no encontrarme incurso en las inhabilidades constitucionales determinadas en la Ley, consecuentemente, no tengo ninguna prohibición al respecto. No ostento ningún cargo de representación en ningún grupo empresarial”. Y afirma que “De forma antojadiza”, actores políticos “por conveniencia” y medios de comunicación “por falta de información” posicionaron este discurso.

El artículo 62 de la Ley de Contratación Pública señala que no podrán celebrar contratos previstos en la ley con las entidades contratantes algunos funcionarios, entre ellos los asambleístas, prefectos y alcaldes.
Las actividades empresariales de ambos están bajo la lupa. Son investigadas por la la Fiscalía y la Contraloría por más de 13 contratos que las compañías Marzam, Marnizam y Mardcomsa, Automotores Manabitas y Manhost recibieron del Gobierno, entre 2011 y 2016, para el abastecimiento de combustible y provisión de transporte, entre otros. Se presumen delitos de enriquecimiento ilícito, perjurio y lavado de activos.

Zambrano, el prefecto, reconoce su amistad con el exvicepresidente Jorge Glas y el excontralor Pólit. “Al amigo, si tiene un traspiés, no se le niega”. Pero desmiente que esa relación lo hubiera beneficiado con contrataciones y blindaje frente a las auditorías. “Soy amigo de Jorge Glas, pero no su testaferro”, afirma, consultado sobre las denuncias de que recibió contratos y beneficios en los sectores que manejaba directamente el exVicepresidente.

En su período el contralor Pólit no estableció irregularidades de relevancia a la gestión en la Prefectura. Se limitó a fijar sanciones administrativas que no superaron los 40 mil dólares y cinco glosas que sumaron 4,9 millones, que luego se desvanecieron y se redujeron a 100 mil dólares. Pedimos a Pólit su versión sobre su cercanía con el prefecto, pero no respondió.

Era tal el nivel de confianza, que Pólit no dudó en alquilar al hijo del Prefecto su suite en el Swissotel. El legislador Zambrano Vera, de 32 años, vivía en ese inmueble. El hecho se conoció cuando la Policía allanó el departamento, en el curso de las investigaciones del caso Odebrecht.

El asambleísta asegura que sí mantuvo una relación contractual de arriendo, “Que declaré oportunamente. Llegué a la suite el 14 de mayo de 2017 y la ocupé menos de dos semanas”.