El inquisidor Ochoa agoniza

Publicado en febrero 20, 2018 en La Info por José Hernández
El inquisidor Carlos Ochoa camina con el sol en las espaldas: hoy la Corte Provincial de Pichincha le dio, por carambola, un golpe fatal: ratificó el fallo de la jueza Lucila Gómez quien, en diciembre pasado, aceptó la acción de protección a favor de Teleamazonas, tras la sanción impuesta por Ochoa.
Lea aquí el fallo de la Corte Provincial 
El caso tuvo amplia difusión: tras una entrevista de Janet Hinostroza a la Asambleísta Lourdes Cuesta, en la que ella criticó su labor, el inquisidor envió un video dando lecciones que el canal no transmitió. Ochoa, juez y parte en este tema, multó al canal con el 10% de la facturación y la obligación de dar a conocer su réplica. Teleamazonas se negó, presentó una acción de protección, la jueza la aceptó, Ochoa interpuso un recurso de apelación y la Corte Provincial de Pichincha ratificó el primer fallo en forma integral.
Ochoa acumula un nuevo revés, esta vez ante la Justicia tras la destitución ratificada por el Contralor y el juicio político en curso en la Asamblea Nacional. En otras palabras, la era Ochoa, que dura desde octubre de 2013, agoniza. Él fue elegido en el Consejo de Participación Ciudadana por Hugo Arias, Mónica Banegas, Fernando Cedeño, Marcela Miranda y Luis Pachala. Su era fue aciaga para el periodismo pues se convirtió en su principal perseguidor: desde la aplicación de la Ley Comunicación hubo 684 sanciones y, en total, 1113 procesos abiertos. Una Ley de Comunicación montada por Mauro Andino, con la complicidad de su asesor Rommel Jurado, que fue votada por el bloque correísta en la Asamblea.
Lo más grave es que la mayoría de las sanciones de Ochoa fueron tomadas, como la de Teleamazonas, sin que los afectados pudieran gozar del debido proceso. El fallo ratificado por la Corte Provincial de Pichincha hace hincapié precisamente en ese hecho: “la Supercom al tener competencia para sustanciar y resolver procedimientos por infracciones administrativas está obligada a ceñirse bajo los preceptos constitucionales y legales, siendo mandatorio el respeto a las garantías básicas del debido proceso”.
Ochoa no solo irrespetó el debido proceso. Se escudó tras una coartada para proceder: sus fallos eran administrativos. No reconocía que fueran juicios: así no consideraba estar obligado a respetar las garantías básicas de todo proceso. Ochoa se benefició de las ambigüedades de la Ley de Comunicación que nunca previó un debido proceso. Eso lo dijo Fundamedios en repetidas ocasiones durante estos años y también lo dijeron los relatores especiales de la CIDH y de Naciones Unidas.
Por eso es esencial el fallo de la Corte Provincial de Pichincha. Porque muestra que Teleamazonas fue sometido a un proceso administrativo por un ente sancionador que fue juez y parte a la vez o que actuó con una evidente “falta de imparcialidad no solo en la sustanciación del proceso sino en el contenido de la resolución expedida (…)”. Ese fallo desnuda el sistema Ochoa quien nunca fue un juez imparcial: Correa lo instaló en ese cargo como un enemigo confeso de los medidos de comunicación críticos o apenas distantes de su gobierno. Para perseguirlos como perro con rabia. Ese fiel servidor tenía, por su servilismo ante el poder Ejecutivo, un interés directo en los procesos y los resolvió contraviniendo los derechos de muchos medios y periodistas consagrados en la Constitución.
El fallo que se conoció hoy no solo es para Teleamazonas. Sirve a cualquier ciudadano, a cualquier medio, a cualquier periodista cuyos derechos fueron violados por Supercom durante los últimos cuatro años. Es un referente que si se miran algunos artículos de la Constitución (el abogado Mauricio Alarcón, que durante años defendió en Fundamedios a las víctimas de Ochoa, habla del artículo 88) podría dar cabida a revisiones de los fallos emitidos por el inquisidor Ochoa y su equipo de persecución.
Ochoa es hoy un funcionario observado por la Justicia y con algunas glosas encima. En días perderá su cargo y es posible que tenga que responder ante los tribunales por la persecución económica y las humillaciones a las que sometió a medios y periodistas. La historia lo recordará como el infame inquisidor que usó Correa para tratar de acabar con el periodismo crítico e independiente en Ecuador. No lo logró.