Publicado en la revista El Observador, edición 103, febrero del 2018 |
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A como se esperaba, el pasado 5 de enero el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras desestimó el recurso de nulidad presentado por la Alianza de la Oposición a los resultados de las elecciones generales efectuadas el 26 de noviembre 2017, e impugnadas por sospechas de un fraude que habría dado lugar a la reelección del actual presidente Juan Orlando Hernández. La Alianza de Oposición, liderada por Salvador Nasralla, tendrá oportunidad de apelar la decisión ante la Corte Suprema de Justicia, previéndose que, por concluida la fase del contencioso electoral, el 27 de enero luego de que Hernández juramentó su cargo. Sin una campaña mediática internacional como la que estila al cuestionar a los gobiernos progresistas, la Organización de Estados Americanos (OEA) sembró la duda sobre los resultados de las elecciones hondureñas y sugirió a los países que la integran aprobar el informe que identifica el “cumulo de irregularidades” del proceso. Hernández mantiene el apoyo de la élite militar y el control de las instituciones decisoras en los comicios. Ello se evidencia en la postura del Tribunal Supremo Electoral TSE, frente a las denuncias de irregularidades de los organismos observadores, erigiéndose en fiel escudero del oficialismo al defender reiteradamente la legitimidad de los resultados. Se espera que la Corte Suprema de Justicia, que ratificó el fallo favorable a su reelección presidencial (cuestionado por inconstitucionalidad), actúe de forma similar. Nasralla cuenta con el apoyo del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en el golpe del 2009, de diferentes organizaciones de la sociedad civil y sectores populares que vienen movilizándose desde antes de las elecciones, celebradas en un marco caótico, con represión y violencia en las calles, cuyo saldo es de más de 50 muertos, incrementándose a tal nivel que un comando de la policía “inconforme con la situación” se rehusó a seguir matando al pueblo hondureño. Con velado entusiasmo, Estados Unidos e Israel reconocieron formalmente la victoria del autoproclamado presidente electo. Por su parte, la misión de la OEA insiste tímidamente en que no se puede determinar un ganador en los comicios del 26 de noviembre, considerando el estrecho margen de votos entre los dos primeros candidatos, las irregularidades y errores del proceso, pero, de facto, están ausentes sobre el terreno y no están promoviendo acción concreta alguna para defender la democracia, más allá de sugerir una repetición de los comicios, que Hernández ya ha descartado. La crisis política, social e institucional que vive Honduras actualmente, augura un complejo panorama de difícil gobernabilidad para Hernández. Sostener su gobierno implica un escenario aceptable para Estados Unidos, cuyo gobierno tiene intereses en el país, relacionados con la compra de armas y el control militar regional a través de la presencia de tropas en la base de Palmerola, ubicada a 90 Km de Tegucigalpa y donde operan al menos 500 soldados norteamericanos. Definitivamente, Hernández no es el candidato idóneo de la administración estadounidense, dado su extremismo y ligereza para utilizar la represión, pero lo asumirán como propio si su ausencia supone la llegada de un candidato como Nasralla, al que consideran peligrosamente más próximo a los gobiernos progresistas latinoamericanos. En un año de seis importantes elecciones, en orden cronológico: Costa Rica, Paraguay, Colombia, México, Brasil y las inciertas elecciones en Venezuela y el fraude en Ecuador, es indispensable prestar atención a la crisis electoral de Honduras. Honduras le habla a América Latina, en varios sentidos tiene una historia que contar. En 2009, el entonces presidente propuso realizar una consulta ciudadana para modificar la constitución y permitir la reelección para un segundo período. Fue destituido mediante un golpe. La justificación fue que la supranorma contenía cláusulas pétreas, inmodificables y la prohibición de la reelección era una de ellas. Bajo estas normas hubo una elección en 2009 y otra en 2013, siendo elegido Juan Orlando Hernández en esta última. Una decisión de la Corte Suprema de abril de 2015, a su vez, anuló las cláusulas pétreas, reformando de hecho la Constitución, proceso que solo es viable por medio de una elección constituyente. Así se permitió la candidatura del presidente en ejercicio, reelecto en noviembre pasado, en condiciones menos que transparentes y con un cierto déficit de legitimidad de origen. La cuestión no es el qué, la reelección, sino el cómo, cambiar las reglas del juego sin neutralidad institucional, desde el poder y en beneficio directo de quien lo ocupa. Quizás esta sea la lección fundamental de Honduras para un continente en el que se vota con insuficiente constitucionalismo, donde los sistemas electorales deben ser repensados. Oposición hondureña anuncia un mes de protestas contra posesión de Hernández Luego de que el Tribunal Supremo Electoral de Honduras declarara la victoria de Hernández, se reactivaron las protestas opositoras. La izquierdista alianza de oposición de Honduras anunció la continuidad de las protestas en rechazo a la asunción del reelecto presidente Juan Orlando Hernández, quien asumió su mandato, en una ceremonia “sencilla” el 27 de enero. “Tenemos una estrategia que vamos a desarrollar”, dijo en rueda de prensa Salvador Nasralla, el popular presentador de televisión quien perdió en unas cuestionadas elecciones ante Hernández el pasado 27 de noviembre. Dudas sobre el ganador de las elecciones hondureñas El coordinador de la alianza, el derrocado presidente Manuel Zelaya, manifestó en la misma rueda de prensa que “el pueblo fue consultado” en las elecciones y decidió que “el presidente es Nasralla”. “Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador” de la “voluntad popular”, sentenció. Luego de que el TSE declarara la victoria de Hernández, se reactivaron las protestas opositoras, que iniciaron tras la elección para reclamar el triunfo de Nasralla. Los disturbios dejan al menos 50 muertos hasta finales de enero, según el estatal Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Oposición pide nulidad por fraude Tras un primer conteo del 57 e los votos, el TSE dio a Nasralla una ventaja de cinco, pero luego el sistema de cómputo sufrió una cadena de interrupciones hasta revertir el resultado a 42,95otos para Hernández contra 41,25 el opositor. Una delegación de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que “el estrecho margen entre los votos obtenidos por una y otra candidatura, así como las irregularidades, errores y problemas sistémicos que rodearon esta elección no permitieron en su momento a la Misión tener certeza sobre quién fue el ganador de la elección presidencial”. El Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH) lamentó la violencia y el excesivo uso de la fuerza ejercida por las autoridades contra los manifestantes en Honduras durante la crisis postelectoral, e instó a investigar la muerte de una treintena de personas. El CCPDH, que preside el defensor del pueblo de Panamá, Alfredo Castillero, “lamenta y rechaza” la violencia delincuencial y la “represión gubernamental desproporcionada en Honduras”, según un comunicado divulgado en Tegucigalpa por el estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en el país (Conadeh). Nasralla no reconoce el triunfo que obtuvo el presidente actual, Juan Orlando Hernández, y asegura que él es el ganador de los comicios y que las protestas continuarán hasta que el gobernante renuncie al cargo. |
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