¿Y ahora con qué cara sigue Rosana Alvarado en el cargo?
Si Rosana Alvarado asumió su cargo de Ministra de Justicia sin legitimidad porque ella fue la punta de lanza del perverso y absurdo proceso judicial en contra de Polibio Córdoba, ahora que una jueza ha dictaminado que no pudo demostrar que su acusado falsificó documentos como ella sostuvo, ya no tiene autoridad ética ni moral para seguir en él. Peor aún cobrando un sueldo pagado por los contribuyentes.
Cuando Alvarado presentó la demanda en contra de Córdova en marzo del 2017, era obvio que el video anónimo que circulaba en redes sociales y que usó como principal prueba, constituía un vil y mañoso recurso para que Polibio Córdova vaya a la cárcel y cierre Cedatos, por haber dado datos electorales que no convenían al aparato correísta que estaba tras la candidatura del actual presidente Lenín Moreno.
También era evidente que el testimonio de Santiago Bueno, un ex empleado de Cedatos que robó material a la empresa para entregársela a Alvarado y al gobierno de Correa, era absolutamente insostenible por tratarse de alguien que había perjudicado y robado a la empresa así como de un entusiasta partidario del correísmo como se veía en sus cuentas de redes sociales.
La acusación de Rosana Alvarado era tan débil y amañada que rayaba en lo cínico. Según la propia “versión libre y voluntaria” que presentó en la Fiscalía, la entonces asambleísta y actual ministra registró que el argumento central de su acusación se fundamentaba en una evidencia que circulaba en redes sociales. En ese documento que reposa en la Fiscalía, Alvarado decía que “me ratifico en el contenido de mi escrito de denuncia. Yo había mencionado que la información que dio sustento a la denuncia circulaba de manera pública, a través de unos enlaces y redes sociales que constan en la misma denuncia y en el expediente, que fue la que en en esos enlaces, dio cuenta del proceder de la empresa denunciada”.
Basados en ese video cuya única credencial de legitimidad se basaba en que había circulado en redes sociales y otras supuestas evidencias como el testimonio de Bueno, Alvarado y la Fiscalía correísta que la alcahueteó destrozaron la vida de Córdova y la estabilidad de su empresa.
Durante el año que duró el tormento emocional que supone un juicio como ese, Córdova tuvo que ser sometido dos veces a tratamientos médicos en los EEUU. El sufrimiento y el desgaste psicológico que ocasionó el acoso del correísmo rabioso hizo que casi toda su familia decida irse a vivir en el exterior, quedándose únicamente una de sus hijas en el país. Córdova, además, tuvo que contratar a un equipo de abogados para que lo defienda y vio cómo muchos de los clientes de su empresa le dieron la espalda y prefirieron dejar de contratarla por miedo al qué dirán en el gobierno. Hubo clientes que, incluso, condicionaron el pago de facturas al resultado del juicio.
Cuando Alvarado y la neurosis correísta acusaron a Córdova por supuestamente haber armado un fraude electoral, los medios controlados por el gobierno también se ensañaron. La agencia Andes, por ejemplo, publicó una nota basada en supuesta información publicada por Dato Certero, un medio controlado por la Senain, en la que decía que “la Policía habría interceptado dos vehículos cerca a las oficinas de CEDATOS que trataban de huir con supuestas evidencias, entre ellas documentos que demostrarían la vinculación de la encuestadora con una compañía relacionada al Banco de Guayaquil, así como material de promoción del movimiento CREO”
Desde que asumió el cargo, en mayo del 2017, Alvarado no se ha referido al caso de Córdova, seguramente porque no quería agitar el tema una vez instalada cómodamente en el cargo. Atrás dejó todas sus estridentes arengas que hizo como asambleísta en contra de Córdova, quien el día de las elecciones se convirtió para ella y todo el correísmo en el enemigo número uno de la patria por haber sacado cifras favorables a Lasso que únicamente fueron revertidas luego del aún misterioso apagón informático.
Pero el silencio de un año de la ministra Alvarado sobre el tema de Córdova, que evidentemente ha estado diseñado para lavar su perversidad y quizá darle cierta legitimidad a su cargo, se vuelve completamente inútil con la decisión de la jueza María Elena Lara que considera que “no existen graves y fundadas presunciones de la existencia de la infracción”. Según la jueza, la Fiscalía “en su investigación dentro del plazo de instrucción fiscal no ha recabado indicios probados, graves, precisos y concordantes parea establecer la existencia de la infracción pues como se ha determinado, Fiscalía se encuentra impedida de sostener una acusación y establecer la responsabilidad a la persona jurídica Cedatos”. ¿Con qué cara puede seguir siendo Ministra de Justicia alguien que armó un proceso judicial que desencadenó un auténtico drama humano y familiar en base a un dato que apareció en redes sociales?
Aquí toda la información: CEDATOS "pasito a pasito, suave, suavecito" han PACTADO EL DISCURSO DEL FRAUDE porque saben que @LENIN GANA twitter.com/apoo75/status/…
La tarde de la segunda vuelta electoral, el exit poll de Cedatos aseguraba que Guillermo Lasso había ganado la segunda vuelta, mientras que los canales oficiales decían que el triunfador era Lenín Moreno. A las siete de la noche, después de un apagón del sistema informático del Consejo Nacional Electoral concedió el triunfo a Moreno, con cifras similares a las que habían difundido los medios oficiales. Rafael Correa acusó entonces a la empresa de Córodva de ser parte de un fraude electoral en favor de Guillermo Lasso, quien a su vez desconoció los resultados electorales y pidió un reconteo, que fue negado.
Ahora, el daño causado por Alvarado y la Fiscalía a Córdova y Cedatos podrían generar una acción judicial para reparar daños y perjuicios. De hecho, Córdova y sus abogados analizan la posibilidad de iniciar una causa por “error judicial” en contra de la Fiscalía, en el que la ministra Alvarado también es parte. En caso de error judicial, es el Estado el que debe pagar los daños y perjuicios ocasionados por una acción que la emprendió la Fiscalía bajo pedido de Alvarado e instigada por el entonces presidente Rafael Correa, quien acusó públicamente a la empresa de Córdova de haber estado fraguando un fraude electoral. Es decir que si se llega a determinar que hubo error judicial en este caso que atormentó durante un año a Córdova, serán todos los ecuatorianos los que podrían terminar pagando los desafueros de Alvarado, la complicidad de la Fiscalía y la perfidia de Correa.
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