Cuál Ley de Comunicación?

Cómo un asalto a la “libertad de expresión" ha sido calificada la ley de comunicación que aprobó el Congreso ecuatoriano, que modificó sustancialmente el panorama de medios de comunicación en el país.
Descalificar cualquier opinión sobre la libertad de expresión y los derechos humanos, ha merecido opiniones críticas respetables a la Ley de Comunicación, como es la del relator de la Organización de las Naciones Unidas, Frank Larue.
Cuando se estaba tramitando la Ley, el funcionario de la ONU, envió una carta abierta al presidente Rafael Correa, expresando que “no puede haber un error tan grave al calificar a la comunicación “como un servicio público”.
Esta ley además de atacar a los medios independientes, se caracteriza por las disposiciones de censura y demandas penales contra periodistas, tratando de acallar las críticas contra un gobierno, despótico, centralista y corrupto.
La ley crea la figura del linchamiento mediático y la define como el hecho de que uno o más medios decidan publicar información al unísono o durante varios días sobre una persona o institución y que signifique menoscabo de su honor o su prestigio.
Tiene un capítulo de “principios éticos”, que significa que se imponen desde el Estado. Crea “defensores de la audiencia” nombrados desde el Estado, que en la práctica son interventores en las redacciones de los medios.
Los medios ecuatorianos han asumido el lenguaje del poder dominante. No se atreven siquiera a chistar. Menos a una pizca de irreverencia y peor a ponerse del lado de víctimas, que en su versión parecen ser inciertas. Los medios corrieron el riesgo de sobrevivir como empresas, pero desaparecer como espacios para el periodismo.
La Ley de Comunicación, inventó la figura del linchamiento mediático y nombraron al inquisidor de la talla humana y ética de Ochoa. Su naturaleza profunda, tallada en el más desmedido cinismo, le dice que si es correísta y está en el ojo de la tormenta, debe hacer lo que el manual indica: victimizarse, callar a los periodistas y guarecerse tras la complicidad cochambrosa de sus compañeros de partido.
Estos hechos, lejos de generar escarmiento, sirven para mostrar por lo menos tres cosas: Gente como Ochoa no deben ser ni funcionario ni asambleísta. Los tribunales sobran y es un escándalo como este señor cobró por sus tareas abyectas. Y lo más importante: no hay sociedad democrática sin buen periodismo.
Para la presidenta de la UNP, uno de los caballos de batalla en los que se embarcó la Ley de Comunicación, fue la supuesta democratización de la distribución de las frecuencias tratando de llegar a todos los sectores populares.
Ha pasado mucho tiempo y no hay nada que ocultar, desde que se hizo la auditoría de frecuencias, los resultados han dejado claro que la distribución de medios radiales y televisivos están envueltos en vicios de corrupción que han sido denunciados desde el seno del gobierno. Se acusa a funcionarios de cobrar hasta 200 mil dólares por otorgar frecuencias.
En este contexto, le pregunto a la señora Maggie Velázquez, cuál es la Ley de Comunicación que ella defiende?. El común denominador de los ecuatorianos es que este adefesio jurídico sea derogado por atentar contra el derecho a la libertad de expresión e información, sin restricción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión opinión política o de cualquier otra índole, como cita la carta de las Naciones Unidos
Ver, oír, analizar y escribir no son actos anómalos en periodismo sino –para seguir con Borges– “la normal respiración de la inteligencia”. Es lo que está haciendo la periodista del diario “El Mercurio”, Lcda. Martha Calle, al dar seguimiento a un lamentable accidente de tránsito que ocurrió el 31 de enero, con un saldo de ocho víctimas y varios heridos, donde se espera que brille la luz de la justicia.

Galo Muñoz Arce